El primer y único acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y el Partido Popular de Pablo Casado ha saltado por los aires como consecuencia de los whatsApp de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado a sus compañeros de partido en los que trataba de convencerles de que con el nombramiento de Marchena se controlaría “por detrás” la sala segunda del Supremo, la que debe juzgar el procés.
Tras la publicación de esos mensajes, el candidato pactado por ambas formaciones ha decidido salirse de la carrera y descartarse como candidato a presidir el Poder Judicial. Marchena se va alegando que nunca “ha concebido su labor de juez al servicio de una u otra opción política” y deja muy tocado un acuerdo que estaba prácticamente cerrado y que ahora tiene una reconstrucción muy difícil.
Con sus polémicos whatsApps Cosidó ha enterrado meses de negociaciones que habían conducido a un entendimiento sobre la presidencia del Poder Judicial y la configuración de los 20 vocales que le iban a acompañar en la tarea. La sorpresiva renuncia de Marchena y la situación de bloque que PSOE y PP admiten en el órgano de Gobierno de los jueces propiciará la continuidad del controvertido Carlos Lesmes, que tendrá que seguir al frente de la judicatura española, por más que su credibilidad haya sido abrasada por la polémica de las hipotecas. Seguirá al frente del Tribunal que juzgará el Procés que a corto plazo mantendrá su configuración invariable. El giro a la izquierda que reclamaban los indendentistas y pronosticaban algunas fuentes del Gobierno como consecuencia de los cambios en el Consejo General del poder Judicial no se producirá.
El Partido Popular se ha apresurado a escenificar que es él el que rompe la negociación y trata de culpar al Gobierno, al que acusa de haber filtrado el nombre de Marchena antes de que se conociese la configuración del consejo que debía elegirlo. Los populares pasan por alto los mensajes de Cosidó, el negociador de Casado con el Gobierno y un hombre de la máxima confianza del líder del PP.
El propio portavoz popular en la Cámara Alta ha tratado de desvincularse del portazo de Marchena y lo ha atribuido a la decisión del Gobierno de adelantar el nombramiento del presidente antes de que se constituyese el CGPJ. “Me gustaría expresar mi máximo respeto a la decisión de este magistrado Entiendo que el proceso tras la filtración de su nombre ha generado un debate”, ha dicho Cosidó este mediodía en el Senado.
Entretanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento al “sentido institucional”, pero la reconstrucción del acuerdo “parece imposible”, tal y como aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones.
El pacto, reventado por los mensajes de Cosidó, estaba siendo discutido entre los propios jueces y una de las asociaciones judiciales, La Francisco De Vitoria, ya había anunciado su intención de recurrirlo en los tribunales.
El negociación entre Sánchez y Casado ha mostrado las tripas de un tipo de política que bordea la ley cuando busca los grandes entendimientos. “El acuerdo entre los partidos podría ser inconstitucional, porque el nombramiento del presidente corresponde a los consejeros y, aunque siempre se ha hecho así, nunca de manera tan descarada y oficial”, aseguran en el Tribunal Constitucional a preguntas de eldiario.es.
Gobierno y Partido Popular se culpan ahora mutuamente del desastre. El presidente del Gobierno ha asegurado este martes comprender la decisión de Marchena “al haberse puesto en duda su profesionalidad”, un mensaje en el que señala claramente al portavoz popular en el Senado.
En el PP su vicesecretario Javier Maroto ha afirmado que “la decisión del Gobierno de hacer público su nombre (en referencia a Marchena) sin elegir antes a los vocales ha hecho un daño irreparable”. Ambos partidos habían cocinado a solas el acuerdo, del que se había autoexcluido Ciudadanos mientras podemos reclamaba un puesto en el CGPJ para Victoria Rosell, que finalmente no obtuvo.
Las as negociaciones entre los dos principales partidos en este campo siguieron aún después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez diese por rotas las relaciones con el PP. Fue el pasado 24 de octubre, durante la sesión de control en el Congreso. Pablo Casado acusó a Sánchez de ser el responsable de un golpe de Estado. Esa afimación provocó que el presidente anunciase a bombo y platillo la ruptura con el principal partido de la oposición, como se recogió en la mayoría de los titulares de ese día. Sin embargo, ambas formaciones siguieron negociando el reparto del Poder Judicial y no habría que esperar mucho para que en el mismo escenario parlamentario, Sánchez tendiese la mano al PP para colaborar en la elaboración de los presupuestos.
Como maniobra de distracción frente al estruendo generado por los mensajes del portavoz del PP en el Senado, los conservadores han puesto sobre la mesa un nombre para recuperar el acuerdo: “Anuncio que el PP da por roto el acuerdo y suspendemos la renovación hasta que la ministra Delgado sea Cesada”, ha asegurado Javier Maroto.
Los conservadores piden ahora la misma cabeza que venían reclamando en las últimas semanas pretenden usar esta crisis como un nuevo empuje para que Sánchez, sin muchas posibilidades de sacar sus presupuestos adelante, se vea obligado a convocar elecciones antes de lo previsto.