Ciudadanos ha propuesto que se convoque el pacto antitransfuguismo por lo sucedido en la Asamblea de Murcia, donde el Partido Popular ha llegado a un acuerdo con tres diputados autonómicos de la formación de Inés Arrimadas para evitar que salga adelante la moción de censura impulsada por Ciudadanos y PSOE para desbancar a los populares de la presidencia regional.
Fuentes oficiales de Ciudadanos aseguran que su partido ha propuesto “esta semana” la convocatoria del pacto antitransfuguismo para analizar los hechos sucedidos en el Parlamento murciano. Desde el partido de Arrimadas no se han ahorrado descalificativos contra la estrategia del PP para desmontar la moción de censura que había en marcha contra el Gobierno de Fernando López Miras. A pesar de que desde el departamento de prensa de los autodenominados liberales aseguran que han propuesto la convocatoria del pacto, fuentes oficiales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública —encargado de gestionar el acuerdo— aseguran que “no ha habido petición para que se convoque”.
El portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, llegó a asegurar que los populares tienen “en marcha una nueva trama de corrupción”. Asimismo, destacó que el PP está manteniendo “comportamientos mafiosos” al querer “comprar” a gente de Ciudadanos. Este martes la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, señaló que su formación ha “respetado” el pacto y ha recalcado que “son otros los que tienen que dar explicaciones” por “romper” el acuerdo de gobierno firmado en 2019 en esa región.
El órgano encargado de supervisar el cumplimiento del pacto antitransfuguismo es la Comisión de Seguimiento, presidida por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. Esta delegación está compuesta por un representante de cada una de las formaciones políticas firmantes del acuerdo. Está previsto que la Comisión se pueda reunir de “manera extraordinaria” para “adoptar las medidas adecuadas, conforme al presente acuerdo, en orden a impedir la consumación de los efectos del transfuguismo”.
Pacto firmado por los grandes partidos en 1998
En 1998 se configuró por primera vez el pacto antitransfuguismo, que salió adelante con los apoyos de los principales partidos nacionales. El pasado noviembre el PP, junto a PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y otras formaciones suscribieron una adenda que ampliaba los efectos del pacto al resto de administraciones (autonómica y estatal), ya que hasta entonces estaba limitado al ámbito municipal.
En el último acuerdo ratificado se esboza una definición del comportamiento que se busca atajar. “Se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”, recoge la adenda ratificada el 11 de noviembre.
El profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, Josep María Reniu, asegura que “no existe” un marco normativo que sancione el transfuguismo. Por su parte, Leopoldo Tolívar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, recuerda que en “la jurisprudencia constitucional prima el derecho del electo, aunque sea tránsfuga, sobre la voluntad del partido al que traiciona de retirarle el acta o escaño”.
El docente de la Universidad de Oviedo recuerda que tanto la jurisprudencia como la ley reguladora de las Bases de Régimen Local —en su artículo 73.3— establece que “los concejales que abandonen su grupo y pasen a estar no adscritos deben mantener todos los derechos políticos y económicos ligados a la condición de edil (como participar en los plenos con voz y voto, presentar preguntas, mociones y enmiendas), pero no pueden añadir otros que supongan un plus o ‘mejora del estatus’ previo”.
Tolívar ha formado parte del grupo de expertos independientes que se creó para determinar “la concurrencia o no de transfuguismo en los casos en que la Comisión de Seguimiento no llegue a una valoración unánime de un caso”, como recoge una modificación del pacto en 2006. Tanto este catedrático, como otro miembro del Comité de expertos, Cristóbal Sirera, confirman a esta redacción que el organismo se dejó de reunir en 2011, coincidiendo con el cambio de Gobierno y la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Fuentes del Ministerio de Política Territorial aseguran que actualmente “el comité de expertos está en formación” porque “tiene que ser consensuado por los 16 partidos que se han adherido” al acuerdo.
El tránsfuga no puede recibir privilegios
La imposición de que el concejal tránsfuga no pueda ganar privilegios en la administración municipal es una de las modificaciones impulsadas por el acuerdo, otro de los cambios normativos se produjo en 2011 y afectó al artículo 197 de la Ley Orgánica Régimen Electoral General. “[Esta modificación] impide de facto que pueda presentarse una moción de censura en los ayuntamientos gobernados por mayoría absoluta, lo que nos puede plantear dudas sobre su constitucionalidad, siendo sólo posible presentarla en aquellos en los que se gobierna en minoría o en coalición por lo que el voto del tránsfuga ya no es determinante para aprobarla”, expone en un artículo académico Alexandre H. Català i Bas profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.
La reforma más reciente del pacto insiste en que “la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular”. Por lo tanto, se determina que “las personas no adscritas no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, ni sus integrantes, limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido constitucionalmente”.
Como ya se planteaba en el ámbito municipal, los políticos no adscritos “no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo político de origen en cuanto a su participación en las Comisiones” y tampoco se puede “perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo”. La formación que ha expulsado al político tampoco podrá ver mermada su capacidad y sufrir una reducción de medios administrativos y asignaciones económicas
En Murcia los tránsfugas están en el Gobierno
En Murcia, los tres diputados tránsfugas tienen ahora un hueco en el Gobierno de López Miras. Isabel Franco, además de vicepresidenta, se mantiene como consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social. Por su parte, Francisco Álvarez asume la cartera de Empleo, Investigación y Universidad. Finalmente, Valle Miguélez gestionará la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.
Más allá de las estipulaciones para los diputados no adscritos, gran parte del renovado pacto antitransfuguismo está basado en compromisos y no en medidas concretas. Por ejemplo, la adenda firmada el pasado mes de noviembre recoge que las “fuerzas políticas firmantes se comprometen a estudiar y en su caso impulsar una iniciativa legislativa que, respetando y teniendo presente la doctrina del Tribunal Constitucional pueda promover la remoción de aquellos cargos públicos tránsfugas que no han sido electos por sufragio directo”. Además, también establece que las formaciones políticas se comprometen a “adoptar las urgentes modificaciones de adecuación de las leyes reguladoras, los reglamentos de las cámaras del Congreso de los Diputados, el Senado y las Cámaras autonómicas”.