Ciudadanos no levanta cabeza. A las pésimas perspectivas que tiene de cara a las próximas elecciones del 4 de mayo, con un riesgo de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid, hay que unir la importante pérdida de poder institucional que ha sufrido en pocas semanas. Primero en Murcia, como consecuencia de la moción de censura fallida contra el Gobierno de Fernando López Miras, del que formaban parte. Y después en Madrid, precisamente por el adelanto electoral decretado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso que supuso el cese del vicepresidente y de todos los consejeros del Gobierno de coalición. A esto hay que unir el goteo casi diario de bajas de cargos públicos que ha estado sufriendo la formación en las últimas semanas en las Cámaras tanto nacionales –Congreso y Senado– como autonómicas, y las fugas hacia el PP que también se han dado tras la opa hostil lanzada por el partido de Pablo Casado.
La caja de los truenos la desató el fichaje de la exportavoz del partido Lorena Roldán en vísperas de las elecciones catalanas para concurrir en las listas del partido conservador. Poco después, a mediados de enero, Ciudadanos perdía la alcaldía del municipio madrileño de Villaviciosa de Odón tras la moción de censura presentada por el PP y Vox contra el hasta entonces alcalde José Luis Pérez Viú, que fue sustituido por el popular Martín Galán.
Lo peor, sin embargo, estaba por llegar. El mayor varapalo lo sufrió Arrimadas al saltar la noticia de que Fran Hervías, el todopoderoso exsecretario de Organización de la etapa de Albert Rivera, se marchaba al PP con toda una lista de cargos de Ciudadanos que ha ido intentando captar. Otra de las fugas más sonada y polémica ha sido la marcha a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso del valenciano Toni Cantó.
En el Congreso ha abandonado el escaño la diputada alicantina Marta Martín, que renunció al acta; y el sevillano Pablo Cambronero, que se ha instalado en el Grupo Mixto. En el Senado, después de la marcha de Hervías, han abandonado también el partido la navarra Ruth Goñi y el valenciano Emilio Argüeso, que se han pasado al Grupo Mixto. Y en la Asamblea de Madrid el desfile no ha cesado. Una de las bajas más destacadas ha sido la de la diputada Marta Marbán, que ha terminado en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso.
Gran parte de estas fugas se precipitaron tras la decisión de Arrimadas de presentar una moción de censura junto con el PSOE en la Región de Murcia, en donde Ciudadanos mantenía uno de los Gobierno de coalición con el PP desde mayo de 2019, una decisión que desencadenó una de las mayores crisis en el partido tras ver frustrada la iniciativa por culpa de tres tránsfugas. Según explicaron entonces, los motivos que les llevaron a dar ese arriesgado paso fueron la “corrupción” del Partido Popular, sumada al escándalo de las vacunaciones irregulares –que se llevó por delante al exconsejero de Salud, Manuel Villegas–, y a las negociaciones entre el PP y Vox para reimplantar el veto parental.
Pero lejos de rentabilizar la operación en Murcia, el resultado fue una importante perdida de poder. En total, tres consejerías, cuatro secretarías generales y 12 direcciones generales que habían ostentado hasta esa fecha. Para colmo vieron cómo los dirigentes que les traicionaron votando en contra de la moción, se quedaban en el Gobierno de López Miras pese a los llamamientos de la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal –que era la aspirante a ocupar la Presidencia–, para que dimitieran. Entre ellas Isabel Franco, tránsfuga, vicepresidenta del Gobierno de Murcia y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Francisco Álvarez, tránsfuga, y ahora consejero de Empleo, Investigación y Universidades, y Valle Miguélez, otra de las tránsfugas, consejera de Empresa, Industria y Portavocía. A la lista hay que unir a Antonio Sánchez Lorente, tránsfuga, como consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública. Además, dos directoras generales optaron también por darse de baja de Ciudadanos y mantenerse en el puesto en la Consejería de Francisco Álvarez. La misma jugada la hicieron un secretario y un director general de la cartera que se quedó Miguélez.
Los ceses afectaron a la propia Ana Martínez Vidal, como consejera de Empresa, Industria y Portavocía; a José Gabriel Sánchez Torregrosa, como consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública; y a Miguel Motas, como consejero Empleo, Investigación y Universidades –designado por Ciudadanos, pero que no formaba parte del partido–.
Crisis en Madrid
El terremoto que supuso la frustrada moción de censura en Murcia desató la decisión de Isabel Díaz Ayuso de disolver la Asamblea de Madrid para convocar elecciones en la Comunidad para el próximo martes 4 de mayo. Ayuso rompía con sus socios de Gobierno con los que había mantenido una coalición marcada por los enfrentamientos y los rifirrafes públicos. La primera decisión de la presidenta madrileña fue cesar a todos los consejeros de Ciudadanos y a sus cargos intermedios: a Ignacio Aguado como vicepresidente de su Gobierno, portavoz y responsable de Deportes y Transparencia, y a los otros cinco consejeros de su partido con sus correspondientes viceconsejerías, direcciones generales y secretarías generales. Ciudadanos perdió a Ángel Garrido, en Transportes, Movilidad e Infraestructuras; a Marta Rivera de la Cruz, en Cultura y Turismo; a Manuel Giménez, en Economía, Empleo y Competitividad; a Eduardo Sicilia, en Ciencia, Universidades e Innovación; y a Javier Luengo, en Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Ayuso remodeló de inmediato su equipo para repartir las competencia de las carteras que había ostentado Ciudadanos, eliminando la Consejería de Vicepresidencia y designando a Enrique Ossorio como portavoz del Gobierno, quien se ha hecho cargo también de las competencias de Ciencia, Universidades e Innovación, así como de la consejería de Cultura y Turismo. Por su parte, la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, ha asumido las competencias de la Consejería de Deportes y Transparencia; el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, se ha quedado con Economía, Empleo y Competitividad, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se encarga ahora también de la Consejería de Políticas Sociales. Por su parte, el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha asumido la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Los únicos a los que no se les ha sumado nuevas competencias han sido los consejeros de Justicia, Interior y Víctimas, y la de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Enrique López y Paloma Martín, respectivamente.
Esta situación la ha decidido redondear la propia Inés Arrimadas al decretar la expulsión del partido del presidente de Melilla, Eduardo de Castro, que fue el único pacto autonómico que consiguió liderar Ciudadanos tras los comicios del 26 de mayo de 2019. El partido le acusa de ocultar que estaba imputados en varias causas judiciales. El regidor melillense va a recurrir la decisión de su partido, mientras asegura que prepara la presentación de sendas querellas contra la líder del partido y el candidato a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, por acusarle de “corrupto”.
A pesar del seísmo en Murcia y Madrid que ha llevado a Ciudadanos a perder poder institucional y numerosos dirigentes, Arrimadas ha tratado de frenar las réplicas en otros territorios y el partido todavía forma parte con el PP en coalición de los gobiernos de Andalucía y Castilla y León, además del Ayuntamiento de Madrid, una institución que maneja más de 5.000 millones de presupuesto público.