La Constitución que ni se renueva ni se cumple

Lo que hace cuatro décadas fue posible tras 36 años de dictadura es hoy impensable. Un gran acuerdo que gestaron exministros de Franco, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes en forma de Constitución, que fue avalada en el Congreso el 6 de diciembre de 1978. Los llamamientos a renovar el texto en el que se sustenta desde entonces el sistema democrático en España han sido en balde y la creciente fragmentación, pero sobre todo la polarización y el inmovilismo de las derechas, hacen imposible tocar una coma. El Diario de Sesiones recoge en cada Pleno ampulosas defensas de la Carta Magna, cuyos artículos se incumplen a diario. 

El enquistamiento ha llegado hasta el punto de que PP y Vox rechazan tocar incluso el texto constitucional para algo tan elemental como eliminar el término “disminuidos” con el que el artículo 49 se refiere a las personas con discapacidad. “Es un riesgo que no se ha medido”, fue la justificación de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en referencia a la “dependencia” del Gobierno de las fuerzas independentistas. Más variopintos aún fueron los argumentos de la extrema derecha, que llegó a entremezclar en el asunto la “ley del aborto que discrimina el derecho a la vida de las personas con discapacidad”.

Frente a esa cerrazón, Pedro Sánchez lleva mucho tiempo anunciando una reforma constitucional que no tiene fecha ni tampoco una negociación en marcha. Se presentó a las elecciones ya en 2015 con una propuesta de modificación que incluyera el blindaje de servicios públicos como la sanidad y la educación y también abordara el modelo territorial para fortalecer el autogobierno como fórmula para solucionar el conflicto en Catalunya. Corrían años de austeridad por toda Europa y el líder del PSOE anhelaba reconciliarse con parte del electorado perdido camino de Podemos.

A esas propuestas ha ido incorporando en los últimos años otras como eliminar los aforamientos, la inviolabilidad del rey para que afecte solo a aquellas gestiones inherentes al cargo o blindar constitucionalmente las pensiones. 

El PSOE incluyó hasta cinco cambios constitucionales en la ponencia de su 40º Congreso e incluso creó una secretaría para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos que recayó en Félix Bolaños, el hombre fuerte de Sánchez en el Gobierno. Sin embargo, los socialistas asumen que no dan los números para abordar esa reforma. 

El acuerdo de coalición también incluyó la reforma para limitar los aforamientos políticos, pero todavía no se ha hecho nada en esa dirección. La última vez que Sánchez lo planteó fue en septiembre de 2018, cuando propuso una reforma exprés con ese objetivo que podría haber estado lista en 60 días. No llegó a ningún puerto. 

Podemos siempre ha querido ir un paso más allá y someter a referéndum cualquier reforma de la Carta Magna. Entre las cosas que defiende el partido de Ione Belarra -y también otros grupos de izquierdas- es abrir el debate monarquía-república que el PSOE siempre ha rechazado. 

Ante esa ‘amenaza’, el PP siempre se reivindica como un dique de contención. Su participación es imprescindible porque cualquier retoque de la Constitución, por mínimo que sea, requiere de una mayoría reforzada y desde 1978 solo se ha modificado en dos ocasiones, una de ellas para primar el pago de la deuda y consagrar la austeridad. Aquel cambio exprés lo pactaron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en el marco de la crisis financiera y se explicó como una exigencia irrenunciable de Bruselas. Sánchez reconoció después que fue un “error”, pese a haber votado a favor, y abrió la puerta a subsanarlo. El 135 sigue intacto en la Constitución.

Pablo Casado, Santiago Abascal y antes Albert Rivera y ahora Inés Arrimadas se han autodenominado “constitucionalistas” y así se presentan en el Congreso o las manifestaciones, pero sus referencias se limitan a la inquebrantable unidad de España y la Corona. En eso los tres partidos se presentan como “garantes” de la Carta Magna.

No obstante, el PP y su líder lleva tres años incumpliéndola con el bloqueo del Poder Judicial. El artículo 122 establece que los vocales son elegidos por un periodo de cinco años, que venció el 4 de diciembre de 2018 sin que haya ningún viso de acuerdo pese a haber actualizado recientemente otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, este último con nombramientos muy polémicos del Partido Popular. 

No es el único artículo que se vulnera sino que a diario hay partes de la Carta Magna que no se respetan. El primer artículo señala la “igualdad” como uno de los principios básicos del estado social y democrático de derecho. Sin embargo, España es el quinto país europeo con más pobreza, por detrás de Rumanía, Letonia, Bulgaria y Estonia, según Eurostat. Un 27% de los niños están en riesgo de pobreza infantil -lo que le coloca en la tercera posición de la UE en ese lamentable ranking-. 

El artículo 14 rechaza que pueda haber algún tipo de discriminación por “razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. A pesar de que se ha producido un recorte en los últimos años, la brecha salarial entre hombres y mujeres se situó en el 19,5%, según el último dato disponible. El Gobierno reconoce que se ha producido un aumento de los delitos de odio. El primero es por racismo, pero las cifras de Interior recogen un aumento de los cometidos por discriminación contra las personas con discapacidad (69,2%), por razón de enfermedad (62,5%), el antigitanismo (57,1%) y por razón de género y sexo (48%). La Fiscalía ha pedido una ley para multar las discriminaciones que no son consideradas delitos de odio. 

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, reza el artículo 35. En España hay trabajadores pobres y la pobreza laboral se ha incrementado un 16% en la última década. 200.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre. 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Las burbujas inmobiliarias y los incrementos desorbitados de los precios del alquiler revelan que el artículo 47 también está en cuestión. En España hay unas 30.000 personas sin hogar. 

Sobre todos estos incumplimientos pasan de puntillas las derechas en el Congreso, aferradas a la indisoluble unidad de España y el debate territorial. Y cuando se invoca algo parecido al título VII, a menudo se despacha la bancada de la derecha con referencias a Venezuela. En la Constitución está escrito así: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Este lunes, el Congreso vuelve a vestirse de largo para conmemorar el acuerdo que fue posible hace 43 años. Se repetirán los discursos en defensa de la Constitución y también de su reforma. Y una vez retirado el dispositivo de la celebración vendrán previsiblemente otros 365 días de incumplimientos sin visos de reforma y con la esperanza, cada vez más vaga, de que se pueda eliminar una ofensa para las personas con discapacidad.