Con formas más o menos novedosas o rupturistas, las dos formaciones emergentes en estos comicios, Ciudadanos y Podemos, al igual que Izquierda Unida, apuestan en sus programas electorales por reformar los sistemas de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y del fiscal general del Estado. También coinciden en actuar sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque la formación de Albert Rivera solo para su disolución. Mientras, PP y PSOE, que copan el Alto Tribunal y el órgano de gobierno de los jueces con sus candidatos, evitan propuestas al respecto, tampoco en el caso del fiscal general del Estado, que seguirán eligiendo en el caso llegar a gobernar tras el 20 de diciembre.
La polémica sobre quién debe elegir los miembros del órgano de gobierno de los jueces se había movido hasta ahora entre regresar al espíritu de la Constitución y dejar a los magistrados que eligieran entre ellos 12 de las 20 plazas y el reparto de la totalidad de los asientos por las fuerzas políticas, según su representación parlamentaria.
La promesa de que votaran los jueces fue uno de los primeros incumplimientos electorales del Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, el programa del PP se limita a señalar: “Promoveremos un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del CGPJ, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios para la elección de sus miembros”.
No son mucho más claros los socialistas, que abogan por que “se cumplan las previsiones constitucionales” sobre el sistema de nombramiento. Esa redacción de la Constitución es la que ha permitido el control partidista del CGPJ hasta ahora. La norma fundamental habla de ocho miembros elegidos por las dos cámaras y otros 12 según acordase la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y la LOPJ se redactó para que la elección de los 20 vocales correspondiera al Congreso y el Senado. Solo UPyD aboga en su programa por el recuperar el espíritu de la norma fundamental y dejar que 12 de ellos sean elegidos, por voto secreto, entre los jueces.
Frente a esto, Podemos propone una tercera vía, consultar directamente a los ciudadanos. El Congreso crearía un “órgano colegiado” para organizar la consulta y establecería limitaciones en el gasto que los aspirantes pudieran hacer en su campaña. Estos deberán pertenecer al ámbito de la justicia, tener 10 años de experiencia e ir “avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas”.
Ciudadanos corta por lo sano y aboga por que las funciones atribuidas constitucionalmente al CGPJ pasen al presidente del Tribunal Supremo. Este será elegido por dos terceras partes del Congreso, previo aval de 20 años de carrera y ninguna vinculación, ni en el pasado ni en el presente, con un partido político. Tendrá dos adjuntos y solo podrá permanecer en el cargo tres años.
Izquierda Unida, por su parte, exige “un régimen de incompatibilidades y requisitos” para garantizar la independencia de sus miembros. Para la formación de Alberto Garzón, el CGPJ deberá centrarse en defender a los miembros de la carrera judicial que “sean atacados en sus funciones de forma ilegítima”.
Miembros y poderes del Constitucional
El segundo caballo de despolitización para las formaciones emergentes es el Tribunal Constitucional. Podemos propone para la elección de sus miembros un sistema denominado “cuota de rechazo”, consistente en crear un “amplio listado” de personas cualificadas que, a partir de ahí, cada partido vete a un número proporcional a su representación parlamentaria. Repetida varias veces la operación deberían quedar “solo los que menos rechazo generan”. Podemos es el único partido que recoge expresamente en su programa la derogación del artículo aprobado con motivo del desafío soberanista en Cataluña y que da facultades al Constitucional para, por ejemplo, suspender de funciones a una autoridad.
El artículo 159 de la Constitución establece el modo de elección de los magistrados del Constitucional: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Ciudadanos apuesta por una modificación de la norma fundamental, aunque en su programa cita un inexistente artículo 179. En cualquier caso, el partido naranja aboga por que solo puedan aspirar a ser magistrados del Tribunal Constitucional jueces que acumulen 25 años de carrera y que en los cinco años anteriores no hayan tenido un cargo en un partido político o en administraciones. El actual presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, militó en el pasado en el PP, pero no ostentó cargo orgánico alguno.
En la actualidad, de los 12 magistrados, cuatro son elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos. Ciudadanos quiere dejar como está la elección por parte del Congreso y que los de la Cámara Alta, que propone suprimir, los elija el Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas. El Gobierno seguiría nombrando a otros dos y los dos restantes, que corresponden al Consejo General del Poder Judicial, correrían a cargo de su presidente, que elegiría entre magistrados que se presentaran a concurso. UPyD propone que el CGPJ amplíe de 12 a 15 los miembros del Constitucional y que ninguno de ellos haya militado en un partido en los últimos cuatro años
Izquierda Unida menciona la necesidad de reformar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sin precisar de qué modo, y apuesta por hacer desaparecer la Audiencia Nacional y los tribunales militares, por considerar a ambos “procedentes del franquismo”. Podemos, por su parte, suprimirá la Sala de lo Militar del Supremo y reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear “órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares”. Los jueces serán especialistas en penal y contencioso-administrativo.
Ninguno de los partidos se refiere expresamente al Tribunal Supremo, seguramente porque el sistema de nombramientos depende del CGPJ y del juego de mayorías en el mismo. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal es la encargada de investigar a los aforados, convirtiéndose en objeto de deseo de los partidos. Y principalmente de PP y PSOE, ya que CiU, PNV e IU no pasan de tener una representación testimonial en el Pleno del CGPJ, estéril para las votaciones en una situación de mayoría absoluta como la actual. Controlándose el CGPJ, se atan las nuevas incorporaciones al Tribunal Supremo o las presidencias de las distintas salas.
Ocurrió recientemente con la Sala de lo Contencioso-Administrativo, encargada de resolver los recursos contra las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros. A pesar de los resultados de su gestión como presidente, José Manuel Sieira no fue reelegido en julio. La mayoría del Pleno del CGPJ consideró que su lugar lo debía ocupar Luis Díez-Picazo, muy próximo al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
El fichaje de dos jueces por Podemos cambió la tolerancia que el PP había mostrado a esos movimientos cuando servían para engrosar sus filas. A través del ministro de Justicia, planteó la posibilidad de regular y prohibir por ley tal posibilidad. El programa de los ‘populares’ ha terminado por no incluir esa posibilidad, no así el de Ciudadanos, que apuesta por ‘congelar’ dos años a los magistrados que abandonen sus funciones antes de entrar en un partido.
El nombramiento del fiscal general
La tercera pata de la politización de la justicia es la Fiscalía, cuyo estatuto establece el carácter jerárquico de la misma y al frente de la cual cada gobierno sitúa a su fiscal general del Estado. Ni PP, ni PSOE plantean cambio alguno al respecto. Por su parte, Podemos solo menciona la necesidad de “revisar el sistema de nombramiento” del fiscal general. UPyD propone que sea el Congreso el encargado de elegirlo por una mayoría de tres quintos.
Ciudadanos opta, de nuevo, por recurrir a un cambio constitucional para solventar la politización del cargo. Propone regularlo en la norma fundamental y dejar la última palabra al Gobierno, pero siempre después de que haya un concurso con requisitos de antigüedad (20 años) y de desvinculación absoluta de partidos políticos, y de que el Congreso haya elegido una terna a través del sistema de mayoría reforzada.
La Fiscalía sirve también para dividir a los partidos entre los que apuestan por que sus integrantes se conviertan en los instructores de las causas, en sustitución del juez, y los que, al no abordar cambio alguno, optan por que los magistrados continúen dirigiendo las investigaciones. Los que apuestan por entregar la batuta al fiscal son PSOE e Izquierda Unida.
El Partido Popular propuso en su momento ese mismo cambio a través de un nuevo Código Penal Procesal, pero el ambicioso proyecto se quedó en una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su programa para estas elecciones, retoma el proyecto de una nueva Ley, pero ya no incluye otorgar el papel de instructor al fiscal. Solo se compromete a “reforzar su papel en el proceso”. Más allá de estas dos cuestiones, la Fiscalía tiene un espacio reservado en todos los programas. Podemos, por ejemplo, quiere una partida específica para el Ministerio Público en los Presupuestos Generales del Estado.
Algunos programas dedican un apartado a las reformas legales acometidas por el PP en esta legislatrua que pretenden derogar. En el caso del PSOE, se trata de la denominada ‘Ley Mordaza’ , la prisión permanente revisable y la modificación que afecta al ejercicio del derecho de huelga introducido por el PP.
Podemos, por su parte, quiere echar atrás la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pone plazos a los procesos penales y da amplias facultades a tribunales y fuerzas de seguridad para investigar a los ciudadanos a través de la tecnología. Además, Izquierda Unida no quiere dejar rastro de las tasas impuestas por el Gobierno del PP, algunas ya corregidas por él mismo. En el caso del PSOE, se trataría de suprimir las tasas actuales para pequeñas y medianas empresas y que sólo paguen las que superen el millón de euros.
Los socialistas proponen la supresión de las penas de cárcel para los pequeños delitos, que cambiarían por libertad vigilada o trabajos sociales “reeducadores”. Y abogan por “recuperar el prinicipio de jurisdicción universal”. Recientemente, su líder, Pedro Sánchez, aludió a la justicia universal como instrumento para combatir el terrorismo yihadista. Dicha jurisdicción ha desaparecido casi por completo con la última reforma aprobada de urgencia por el PP con las presiones de China de fondo, que veía como la Audiencia Nacional dictaba orden de busca y captura contra antiguos dirigentes del país por los crímenes en el Tíbet. Se trató del segundo gran recorte a la jurisdicción universal, ya que el primero fue ejecutado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Frente a los desahucios
En el capítulo de propuestas de reformas legales, casi todos los partidos han reservado un espacio a los desahucios. El PP recurre a la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde prevé destinar un título a poner fin a la dispersión de normas en la materia. El objetivo, dicen, es “lograr un mayor grado de seguridad jurídica y de claridad normativa”.
El PSOE también apuesta por reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de la Ley Hipotecaria. En este sentido habla de acabar con la “indefensión de la ciudadanía” frente a los bancos. Al igual que el PSOE, Podemos considera necesario adecuar la legislación española a los fallos que se han producido en los últimos años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que, según el partido de Pablo Iglesias, han rectificado artículos de las leyes locales.
El partido morado se diferencia en su programa de justicia por rebajar hasta los 50.000 euros el umbral del delito fiscal y por una propuesta de crear unidades especiales de policías libres de presiones de sus superiores en investigaciones como las de corrupción. Los policías, por ejemplo, no tendrán que informar de la marcha de sus investigaciones a sus superioes sino que se deberán al juez mientras dure el caso. Podemos apuesta por que esos agentes “incómodos” sean designados por méritos y reducir drásticamente los puestos de libre designación.
Con Podemos habría un nuevo delito de “enriquecimiento injusto” para aquellos cargos que, “en el marco de su actuación política, sin intervenir directamente en la comisión de delitos de corrupción, han obtenido beneficio derivado de la comisión de estas conductas”. Además, los de Iglesias quieren incluir un tipo agrabado para el cochecho, el tráfico de influencias y los fraudes a la Administración si se demuestra que se han cometido “a través de partidos políticos”.
El PSOE se apunta a aumentar la pena para los delitos fiscales, así como para otros relacionados con la corrupción y cometidos en el ámbito de la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo. En cuanto a la recuperación del dinero que se va por el desagüe de la corrupción, Podemos propone la creación de un departamento específico.
Entre los asuntos polémicos que abordan los distintos programas están los indultos y aforamientos. El PP se limita a prometer una “mayor vinculación del otorgamiento a la política penal y penitenciaria del Gobierno” y a vigilar la conducta del indultado; mientras que Podemos quiere limitar el aforamiento a parlamentarios y jueces al estricto ámbito de su labor profesional, quedando fuera cualquier conducta ejercida en ámbitos distintos a su cargo.
Partido Popular y PSOE coinciden en impulsar medidas específicas para los menores en el ámbito de la justicia. Los conservadores proponen un protocolo para interrogar y examinar a los niños, así como la creación en los juzgados de “salas amigables”, dedicadas a los niños. Por su parte, los socialistas abogan por la creación de un Centro Nacional de Menores Desaparecidos, que afronte de forma integral este problema. Para el PP, la opción es un fiscal coordinador especializado en este delito. En su apartado de propuestas de justicia, el PSOE incluye la creación de un juzgado especializado en violencia de género por cada provincia española.
El Partido Popular propone una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, que blindará el trabajo de los abogados en el ámbito de la confidencialidad de las conversaciones cont el cliente, la inviolabilidad de las comunicaciones y que regulará la deontología y el secreto profesional. Izquierda Unida también se fija en el colectivo de los abogados, pero para asegurar que acabará con la precariedad en la que trabajan los de oficio, cuya actividad, asegura, está viéndose sometida a un proceso de “privatización” y de limitación de la justicia gratuita para muchos ciudadanos.
Con información de Luz Sanchís, Irene Castro, Aitor Riveiro, Andrés Gil y Carmen Moraga.Luz SanchísIrene CastroAitor RiveiroAndrés GilCarmen Moraga