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No hubo presiones de Delegación del Gobierno para desconvocar manifestaciones por la alerta sanitaria tras haber permitido el 8M. La decena de promotores de manifestaciones que han comparecido este jueves como testigos ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel han negado haberse sentido presionados por los funcionarios que, a partir del 11 de marzo, contactaron a algunos de ellos porque tenían previstas convocatorias cuando el Ejecutivo ya había aprobado las primeras medidas ante la situación provocada por el coronavirus. Varios han relatado incluso que ni siquiera fueron contactados o que ya habían tomado la decisión de suspender las movilizaciones antes de recibir la llamada de la Delegación del Gobierno.
Con estas declaraciones, los testigos —que comparecen bajo juramento o promesa de decir verdad— han desmontado una de las principales tesis con la que la Guardia Civil trata de apuntalar la acusación de prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco: que la institución presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista. De hecho, algunos de los testigos incluso han apuntado la existencia de “errores” o declaraciones interpretadas de forma equivocada en los atestados del instituto armado.
Los agentes concluyeron en unos de sus informes que 12 “reuniones/manifestaciones/concentraciones” fueron canceladas “en virtud de dichas llamadas” y que “en alguno de los casos” los funcionarios utilizaron “expresiones imperativas” para instar a la cancelación de esos eventos. Sin embargo, en las declaraciones que se recogen en el informe policial ninguno de los testigos habla de presiones por parte de la Delegación del Gobierno. Todas estas declaraciones han sido ratificadas este jueves ante la jueza.
Una de las testigos es Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas del Alquiler (APASAA), que tenía previstas tres manifestaciones en marzo los días 5, 12 y 19. La primera se celebró; la segunda decidieron anularla porque iba a hacerse frente a la Asamblea de Madrid pero se había suspendido el pleno, aunque no avisaron a la Delegación del Gobierno; y la del 19 –con el estado de alarma ya en vigor– se desconvocó.
Ante la jueza ha admitido que el 17 recibió una llamada de un funcionario que le preguntó si estaba al tanto de la situación y si podía comunicar por escrito que, con el actual escenario, no iban a manifestarse. Pero para entonces su organización ya había decidido desconvocar la protesta por la entrada en vigor del estado de alarma. A la pregunta de si recibió alguna presión para no cancelar esa concentración, Chnaiker ha asegurado que “no, rotundamente”, según ha explicado ella misma a los medios de comunicación a la salida del juzgado.
Según la Guardia Civil, “el motivo de la cancelación se debe a que el día 17 de marzo de 2020, sobre las 13.00 horas, la sra. Chnaiker recibió una llamada telefónica de un hombre empleado de la DG” que le dice que la protesta no puede llevarse a cabo por la situación sanitaria, “accediendo a lo solicitado”. Ante la jueza, Chnaiker ha afirmado que pudo haber alguna confusión en la interpretación de sus palabras porque su organización no decidió desconvocar tras recibir la llamada.
Otros testigos como María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; o Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; han asegurado que ni siquiera fueron contactados por la Delegación del Gobierno. La primera ha señalado que su organización, que se manifiesta todos los lunes para exigir una pensiones dignas, decidió a partir del lunes 9 no volver a manifestarse “dada la situación sanitaria”.
Concha, por su parte, también ha asegurado no haber recibido ninguna llamada de la Delegación del Gobierno. “El día 11 yo mismo me puse en contacto con ellos para cancelar una concentración prevista en Ferraz para el día siguiente”, ha señalado a la salida del juzgado. De hecho, aprovechó su declaración para corregir uno de los datos incluidos en el informe de la Guardia Civil, que recogía que él había anulado el día 6 de marzo la manifestación prevista para el 12 cuando en realidad ese fue el día que obtuvo el permiso de la Delegación del Gobierno para celebrarla.
Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón, ha explicado a la jueza que recibió la llamada de la Delegación del Gobierno el 12 por la tarde aunque su organización, que también se reúne todos los lunes, ya había pensado no seguir movilizándose tras anunciar el Gobierno el martes 10 las primeras grandes medidas contra coronavirus, como evitar los desplazamientos no imprescindibles o suspender los viajes del Imserso.
Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT, también ha negado ante la jueza haber recibido presiones para cancelar una movilización prevista para el 14 de marzo, el mismo día que se decretó el estado de alarma. “Desde la Delegación del Gobierno nos sugirieron el dia 12 que pensáramos seguir adelante porque era mejor evitar aglomeraciones, pero insistimos en que no íbamos a cambiar de opinión. Pero el 13 al ver que se iba a decretar el estado de alarma entendíamos que lo más probable es que viniera poca y decidimos comunicar que desconvocábamos, pero por un criterio sindical”, ha aseverado tras salir del juzgado. D e la Iglesia también ha asegurado que la Guardia Civil resumió tanto su declaración que acabó obviando algunos de los “detalles” a los que hizo alusión en esa primera comparecencia.
Por la mañana declaró como testigo ante la jueza el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, que confirmó haber recibido una llamada de la Delegación del Gobierno “entre el 12 y el 14 de marzo” para que renunciara por motivos sanitarios a una tractorada prevista para el 24 de marzo entre Extremadura a Madrid. La organización se negó a desconvocar, pero el 16 de marzo, dos días después de la declaración del estado de alarma, recibió la notificación de que no podía celebrar su manifestación, según ha señalado el propio Metidieri.
Esta organización tampoco obtuvo el permiso para concentrarse el 2 de marzo ante la vivienda en Galapagar (Madrid) del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aunque este caso la denegación fue por vulneración al derecho a la intimidad y no por razones sanitarias. En su declaración como imputado este miércoles, Franco afirmó que en ese caso primó el derecho a la intimidad sobre el de manifestación y que probablemente si la cita hubiera sido en el ministerio no se habría prohibido.
El delegado del Gobierno insistió este jueves en su declaración como imputado en que “no había ningún elemento en aquel momento que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”. También insistió en que “no está acreditado que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuvieran que ver con la manifestación del 8 porque los expertos saben que, si se ha producido el contagio, tarda en manifestarse más o menos 14 días”.
Lo cierto es que fue el 9 de marzo cuando se produjo un crecimiento exponencial de los casos en la Comunidad de Madrid —se multiplicaron por ocho los nuevos detectados— y se declaró “transmisión comunitaria significativa” en esa región, la ciudad de Vitoria y la localidad de Labastida. Ese día el Consejo Interterritorial de Sanidad tomó las primeras medidas de distanciamiento social, para las áreas en esa fase, como la suspensión de la actividad docente, y recomendaciones generalizadas como la limitación de salidas a las personas vulnerables.