Los alertadores tienden la mano al nuevo Gobierno para impulsar una ley que les proteja de los corruptos
“El Gobierno que está presidiendo este país lo hizo mediante una moción de censura contra la corrupción. Le pedimos que sea consecuente y nos defienda. Si hubiese una ley de protección al alertador habría muchísima más gente que denunciaría. Enfrentarse a ello sin ningún tipo de protección da muchísimo miedo. De hecho yo misma no soy capaz de decirle a alguien que está viviendo un caso de corrupción de denuncie. El castigo que supone te destroza la vida”. Son palabras de Azahara Peralta, denunciante del caso Acuamed, que actualmente pelea en los tribunales para que su despido de este organismo público sea considerado nulo.
Peralta y más de treinta alertadores de irregularidades y casos de corrupción como ella se han concentrado este sábado frente al Congreso de los Diputados para exigir que la ley que les proteja de las represalias de aquellos a los que denuncian salga adelante de inmediato, tras dos años estancada en la cámara. Medio centenar de ciudadanos les han acompañado en un acto convocado a título individual y en el que el apoyo político ha brillado por su ausencia.
Los alertadores han elaborado un manifiesto en el que piden a las fuerzas políticas que dejen a un lado las lógicas partidistas e impulsen las medidas necesarias para establecer una correcta protección de los denunciantes, algo que organismos internacionales como la ONU o la OCDE consideran clave para combatir la corrupción.
Sin ella, los alertadores se ven a abocados a largos procesos jurídicos en los que deben la veracidad de sus denuncias sin ayuda, mientras sufren represalias como despidos, acoso y denuncias cruzadas de aquellos a los que señalan. Los whistleblowers españoles se han puesto una diana en la espalda para escenificar esta desprotección.
“Aquí, unidos, exigimos que se trasponga la directiva europea y se incorporen las nuevas normas propuestas por la Comisión Europea para la protección del denunciante, presentadas el pasado 23 de abril. Que se creen canales seguros de notificación de irregularidades y que se proteja a los denunciantes contra el despido, la degradación y otras represalias”, ha recalcado Arantxa Mejías, denunciante de la venta irregular de pisos sociales a un fondo buitre en la Comunidad de Madrid.
Para ello tienden la mano al nuevo Gobierno: “Estamos aquí para que decir que pueden contar con nosotros para hacer que la ley sea completa y que no deje vacíos que hagan que sea peor el remedio que la enfermedad. El órgano al que se le presenten las denuncias no puede estar controlado por los políticos, eso es una trampa para los denunciantes”.
Una ley difícil
La Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes fue presentada por el grupo de Ciudadanos en 2016. Era un proyecto que PSOE, Podemos y los naranjas llevaban en sus programas electorales y del que querían hacer bandera. Sin embargo, el primer texto presentado por los de Albert Rivera generó recelos en el resto de grupos y las organizaciones de la sociedad civil que habían hecho presión para lograr una protección de los alertadores.
Como explica Peralta, uno de los puntos de debate era el organismo independiente, al que los naranjas daban poderes para investigar al margen de la autoridad judicial y al que ponían al mando de la autoridad política. No obstante, tras dos años de negociaciones los grupos han acercado posturas y, como confirmaron Ciudadanos, Podemos y PSOE a este medio, la distancia entre ellos se ha acortado en los puntos clave de la ley. En este momento, el texto está pendiente de que el PP dé luz verde al siguiente trámite burocrático para que las negociaciones puedan continuar.
Varias organizaciones de la sociedad civil han ofrecido su apoyo durante el proceso. Una de ellas ha sido la asociación europea Blueprint for Free Speech, que en un examen reciente de la protección de los whistleblowers a nivel europeo puntuó a España con 0 puntos -de un máximo de 756- en base a nueve estándares comunitarios e internacionales.
“España tiene realmente una situación muy muy débil en este sentido”, ha expuesto Bruno Galizzi, miembro de esta organización que ha acudido a la protesta de los denunciantes este sábado. “Estamos estudiando cómo las más de 400 páginas de enmiendas que se han presentado pueden transformar la proposición original en una herramienta legislativa eficiente para la protección de los alertadores, algo que no era en un primer momento”, ha revelado.
Además de Peralta y Mejías, a la protesta han acudido reconocidos denunciantes como Ana Garrido (Gürtel), Luis Gonzalo Segura (Fuerzas Armadas), Roberto Macías (UGT), Juanjo Romero (Aena), Clara Reinoso (niños robados).
