La última memoria anual de la Fiscalía, relativa a todos los datos del año 2022, tenía más de un millar de folios y un epígrafe llamativo en el capítulo dedicado al terrorismo: incluía una relación de detenciones y causas relacionadas con el “ecologismo radical” de grupos como Futuro Vegetal o Extinction Rebellion. El Ministerio Público, que no repetirá esta referencia en su recopilación del año que viene, detalla que en total hay 26 delitos investigados en relación con acciones como pegarse a un cuadro de Goya en El Prado o lanzar líquido contra la puerta del Congreso y tiene previsto que “las acciones continúen”.
Que estas acciones de protesta para alertar sobre el cambio climático y sus efectos no son actos de terrorismo es algo que puede deducirse por el tipo de causas que se han abierto en los tribunales. Ninguna ha recaído en la Audiencia Nacional, que tiene competencia exclusiva para investigar el terrorismo en España. Ninguno de los delitos atribuidos a los activistas, además, tiene que ver con el terrorismo: cortes en la vía pública, daños o delitos contra el patrimonio, pero no terrorismo.
Este es el primer año en que la Fiscalía recoge en su memoria las acciones de lo que describe como “ecologismo radical” y, si no hay cambios a lo largo de 2023, también será la última. Fuentes del Ministerio Público explican a elDiario.es que esa recopilación anual no volverá a incluir esa referencia: “El próximo año la memoria no incluirá valoraciones de terceros que pueden dar lugar a confusiones indeseadas para la Fiscalía”, explican. En el Ministerio Público, por tanto, no consideran que el “ecologismo radical” sea un fenómeno criminal terrorista y no será incluido en ese apartado donde, en años anteriores, también han figurado asuntos no relacionados con el terrorismo como, por ejemplo, el independentismo catalán o el “anarquismo insurreccionalista”.
La memoria del Ministerio Público, que recopila datos del año 2022, incluye erróneamente estas acciones en el apartado de terrorismo aunque ofrece una definición que no tiene que ver con el terrorismo: “Han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente, pasando de las habituales acciones reivindicativas de «desobediencia civil no violenta» a realizar acciones de mayor calado que al contrario de las anteriores ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía, es previsible que las acciones continúen, incluso se incrementen al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible”.
La Fiscalía, por tanto, no considera que sean un grupo terrorista, aunque policialmente sí que hayan merecido esa consideración. Un total de 14 activistas climáticos fueron detenidos el año pasado por la Brigada Antiterrorista después de rociar la puerta del Congreso con agua y remolacha, acusándoles entonces de un delito contra las instituciones del Estado, que sí habría sido competencia de la Audiencia Nacional. Esa acusación decayó en cuanto el caso llegó a manos del juez pero sí ha llegado hasta la memoria de la Fiscalía.
La memoria sí revela la respuesta penal a las acciones de activistas de estos grupos en el último año: un total de 31 detenciones por acciones en Madrid, Andalucía, Catalunya, Aragón, la Región de Murcia, Navarra y Alemania. Repartido en un total de 26 supuestos delitos, la mayor parte de ellos investigados en la capital del país. Los hechos investigados en Alemania tienen que ver con 'Scientist Rebellion' y una protesta con pintura negra en un concesionario de BMW en Múnich en octubre del año pasado.
En España la mayor parte de diligencias se centran en Madrid. Entre ellas las que se centran en la acción de dos activistas de Futuro Vegetal en el Museo del Prado en noviembre del año pasado, cuando se pegaron a dos cuadros de Francisco de Goya, 'La maja desnuda' y 'La maja vestida' con una pintada en la pared alertando sobre las subidas globales de temperatura. Está por ver el recorrido de otras causas abiertas en 2023, por ejemplo contra los jóvenes de Futuro Vegetal detenidos el pasado mes de julio por una protesta en una pista del aeropuerto de la capital o contra los que rociaron con pintura un jet privado en Eivissa.
Del 'Rodea el Congreso' a Straight Edge
La causa más amplia contra ecologistas se instruye en un juzgado de Madrid. El juez Jorge Bartolomé investiga a 14 activistas que lanzaron agua con remolacha a las puertas del Congreso de los Diputados el año pasado en un caso que rozó la Audiencia Nacional por una acusación policial de delito contra las altas instituciones del Estado. Tal y como reveló elDiario.es, un escrito inicial del letrado mayor del Congreso a la Policía llevó a la atribución de este delito al afirmar que el funcionamiento de la cámara se había visto alterado por la acción de los activistas, requisito indispensable para atribuirles ese ilícito mucho más grave que el resto que se investigan.
Esa acusación terminó decayendo, tal y como explicó este periódico, pero de haber prosperado habría llevado el caso a la Audiencia Nacional. Las detenciones, de hecho, corrieron a cargo de la Brigada Antiterrorista de la Policía. El caso ahora se investiga como posibles daños contra el patrimonio por el efecto que la mezcla de agua y remolacha pudiera haber tenido en la fachada de la cámara baja.
La presencia fugaz de ese delito procedente de un atestado policial ha sido objeto de debate en la última década, por ejemplo cuando las protestas de Rodea el Congreso llegaron a las inmediaciones del Parlamento en 2012. En esa ocasión fue el juez Santiago Pedraz el que rechazó la imputación por este delito que había propuesto la Policía Nacional y el caso quedó en manos de los tribunales ordinarios. Está todavía pendiente de juicio y la Fiscalía atribuye a los acusados delitos de desórdenes públicos, atentado y lesiones.
Otras causas analizadas por los tribunales en los últimos años han arrancado por un delito de terrorismo que no ha sido finalmente plasmado en una sentencia, en ocasiones directamente terminando en absolución. Fue el caso de varios miembros del colectivo Straight Edge, acusados por la Policía de perpetrar o planificar ataques terroristas en Madrid, juzgados posteriormente por enaltecimiento y finalmente absueltos. Por el camino, uno de sus integrantes apodado Nahuel pasó año y medio en prisión preventiva por una acusación que, finalmente, no se probó.
Por el momento ningún miembro de ningún colectivo ecologista ha sido denunciado o investigado por terrorismo y la Fiscalía, salvo novedades, no lo incluirá en ese epígrafe en su memoria del año que viene. Su actividad a lo largo de 2022 deja, por el momento, un balance de 31 detenciones en 26 hechos distintos y, sobre todo, delitos relacionados con cortes en la vía pública o daños contra el patrimonio alejados del concepto jurídico de terrorismo.