“Servicio de personal shopper”, “gastos de gestión”, “estudio de viabilidad y solvencia económica”... Cualquier nombre puede servir para camuflar lo que desde el mes pasado constituye una ilegalidad. Desde el 26 de mayo, cuando entró en vigor la ley de vivienda en España, las agencias inmobiliarias ya no pueden cobrar a los inquilinos la cuota que se conoce como “honorarios” o “mes de agencia”, de la que deben hacerse cargo los propietarios que ponen su vivienda en alquiler. Y sin embargo, lo hacen.
Los testimonios de Lorena, Claudia, Violeta, Carlos, Miguel o Rocío lo demuestran, así como una investigación de la organización de consumidores FACUA, que esta semana ha denunciado a una treintena de inmobiliarias “por vulnerar la ley de vivienda” con ese tipo de prácticas a lo largo de todo el territorio español.
La mayoría de afectados consultados por esta redacción conocían sus derechos cuando acudieron a las inmobiliarias, y saben que la nueva ley de vivienda les exime de pagar estos honorarios. No obstante, se han visto obligados a terminar pagando lo que correspondía a su casero.
“O dices que sí o te quedas sin piso”
A Lorena, de 31 años, la agencia inmobiliaria le dio poco más de tres horas para decidir si se quedaba con el piso que acababa de ver en Brunete (Madrid) y si estaba dispuesta a pagar los 960 euros más IVA en concepto de honorarios que incluía la oferta. “Me dijeron: ‘Tienes hasta las cinco de la tarde para decidirte, porque a esa hora empieza la guerra, ya tengo 20 visitas concertadas’”, recuerda ahora la joven.
Lorena comentó entonces “un poco por encima lo de la nueva ley del alquiler”. A lo que, desde la agencia, le respondieron: “Hemos firmado un contrato con la dueña que dice que ella no va a pagar nada, así que no le puedo cobrar. Si tú no lo vas a pagar, alguien seguramente sí lo haga. Tenemos a otras 20 personas esperando que quieren el mismo piso que tú, y que lo pagarán de mil amores”.
Tenemos a otras 20 personas esperando que quieren el mismo piso que tú, y que lo pagarán de mil amores
Ante semejante argumento, Lorena guardó silencio y pagó. “O dices que sí o te quedas sin piso”, resume. “Es que no hay nada. Y los pocos pisos que hay salen con unos precios desproporcionados”, razona. Y eso, a pesar de que Brunete “es un pueblo” de unos 10.000 habitantes. De entrada, ella y su marido pagaron unos 4.000 euros para acceder al piso en cuestión: la primera mensualidad de 960 euros, dos de fianza y “el mes de agencia más IVA, que fueron 1.200 y pico”.
De honorarios a “gastos de personal shopper”
Con Lorena, al menos, la agencia inmobiliaria no tiró de creatividad para rebautizar esos honorarios que los inquilinos ya no deben pagar. Claudia Martínez, estudiante de 22 años, ha tenido que escuchar estos días que lo que le querían cobrar eran “gastos de personal shopper”.
Claudia, que había leído “varios artículos sobre la ley de vivienda que decían que ya no había que pagar honorarios”, se lo advirtió al asesor inmobiliario que la atendía. “Y me respondió que claro, que esto no eran honorarios, que era un servicio de personal shopper por enseñarte el piso de forma personalizada. O sea, lo que vienen siendo unos honorarios”, zanja la chica.
Cuando este lunes ella y sus tres compañeras fueron a ver el piso que les interesaba, en Madrid centro, se encontraron con que había “otros cuatro grupos de jóvenes” esperando para verlo. “Si no lo pagas tú, lo va a pagar el siguiente. No hay manera de pararlo”, lamenta Claudia.
A una conclusión parecida ha llegado Carlos, canario de 21 años que estudia en Madrid, que esta semana ha tenido que pagar los “servicios solicitados de agencia” que le han pedido desde la inmobiliaria. “Con lo caros que están los alquileres y lo complicado que está buscar piso, sabemos que si no pagas tú la reserva, lo va a hacer otro. Aunque asumamos que es algo que no pueden ni deben hacer, lo seguimos haciendo porque no nos queda otra”, se resigna. “Es frustrante”.
Aunque asumamos que es algo que las agencias no pueden ni deben hacer, lo seguimos pagando porque no nos queda otra. Es frustrante
Como arrendatario y estudiante de fuera de Madrid, Carlos se siente especialmente perjudicado por el problema de la vivienda: en la capital hay pocos pisos, son muy caros, les exigen solvencia económica para entrar y la competencia obliga a muchos jóvenes a pagar desde julio alojamientos a los que no entrarán a vivir hasta septiembre, cuando empieza el curso.
Con este panorama, pagar un mes más de agencia casi parece el mal menor, pero Carlos y su compañero con el que espera mudarse no descartan reclamar esta cuota a la inmobiliaria en un futuro, animados en este caso por sus familias, que son quienes pagan su alquiler. “A nosotros nos interesa quitarnos de problemas y encontrar un alquiler barato, pero somos estudiantes y dependemos de nuestros padres. Lo que nos han dicho ellos es que pidamos factura donde se reconozca lo que hemos pagado por si en un futuro las organizaciones de consumo o quien sea lleva a cabo reclamaciones, para que nosotros tengamos un sustento también”, abunda.
FACUA denuncia a 33 inmobiliarias y aconseja qué hacer
Lo cierto es que algunas organizaciones ya han movido ficha. Este miércoles, FACUA-Consumidores en Acción publicó un comunicado en el que denunciaba que hasta 33 agencias –de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca– estaban incumpliendo la flamante ley de vivienda, que especifica que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”.
Desde FACUA aseguran a elDiario.es que, desde el mismo día en que se publicó en el BOE la nueva legislación, han estado recibiendo consultas y denuncias de irregularidades sobre la cuestión de los honorarios. “Eso nos puso en la pista para hacer nuestro propio barrido”, señalan, y vieron que, efectivamente, numerosas inmobiliarias se estaban saltando la ley. Por las experiencias que maneja la organización, creen que se puede estar haciendo “de forma generalizada” en toda España.
Por el momento, FACUA recomienda a los inquilinos que traten de evitar esos honorarios y, si se ven en riesgo de perder el piso que desean, hagan el pago y pidan factura con el objetivo de poder reclamar a posteriori su reembolso. Si la agencia se niega, aconsejan a los afectados que se dirijan a las asociaciones de consumidores para que reclamen la devolución en su nombre, o bien que interpongan una denuncia ante las autoridades de consumo autonómicas. Así lo recomendó también la propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que esta semana advirtió de los abusos que estaban cometiendo algunas inmobiliarias, y cómo podían actuar los inquilinos afectados.
FACUA confía, por otro lado, en que la responsabilidad no recaiga solo en los inquilinos, y en que las autoridades autonómicas actúen: que investiguen y “sancionen a quien corresponda”, piden, aprovechando que ya hay identificadas al menos 33 agencias abusivas.
Más triquiñuelas para justificar esos gastos
Miguel, estudiante en Madrid, se encontró esta semana con una de esas agencias. No solo le pidieron honorarios para entrar a vivir en un piso de alquiler, sino que trataron de justificarle que la ley de vivienda “está mal hecha” y que es “un abuso hacia las inmobiliarias”. En Twitter se ha hecho viral estos días una conversación entre la inmobiliaria murciana Sicilia Propiedades y una inquilina, que al negarse a pagar los honorarios recibió por WhatsApp insultos como “payasa” y “roja” de parte de la propia agencia.
Otras inmobiliarias directamente mienten. A Violeta, sevillana de 34 años ahora residente en Bilbao, le dijeron que la ley de vivienda no entraba en vigor hasta el 1 de enero de 2024, así que “hasta entonces no se hacía cargo el casero” de los gastos de agencia. “Y acabamos pagando nosotros”, concluye la chica.
En cambio, a Rocío, de 29 años, fue precisamente un asesor inmobiliario quien le avisó de que algunas agencias estaban intentando cobrar los honorarios a los inquilinos “poniéndole otro nombre”, y le advirtió de que esto “no era legal”. “Nos puso alerta”, reconoce la joven. “Llevamos un tiempo buscando casa en Madrid y en todas las ofertas ponían lo de los ‘gastos de gestión o administración’ de la inmobiliaria”, equivalentes a un mes de alquiler, básicamente como los honorarios. Al final, son “muchos eufemismos para nombrar lo mismo”, sostiene Rocío.
Visto que en “casi todas las casas” que miraba, las agencias exigían ese cobro extra, y que a Rocío le parecía “una estafa”, ella y su compañera decidieron buscar vivienda a través de particulares. Con ello se evitaban pagar honorarios, pero tampoco han estado exentas de abusos. “Nos han llegado a pedir hasta seis meses de fianza”, asegura. Ese tema ya da para otro artículo.