Juan Soler quiere acabar con la investigación por corrupción que le acorrala desde hace dos años. El que fuera alcalde de Getafe entre 2011 y 2015 pide al juez que reúne las pruebas de amaños en contratos públicos que deje la investigación en manos del Supremo. El objetivo del ahora senador y diputado de Cristina Cifuentes es presentar ese tribunal un conjunto de alegaciones para tumbar el caso Teatro, en el que ya están imputados los concejales y asesores que le acompañaron en sus años al frente del municipio madrileño.
Soler se enfrenta desde 2015 a una investigación por presuntas irregularidades en al menos seis contratos relacionados con el Teatro de la Calle Madrid y otras obras de Getafe. Varios empresarios imputados en la causa habrían ayudado al Ayuntamiento a manipular adjudicaciones presentando empresas pantalla, mientras otros se llevaban los contratos con información privilegiada. A algunos se les ofrecía antes de sacarlos a concurso.
La defensa del exalcalde, ejercida por el abogado Ignacio Peláez, pidió al Supremo que parase las investigaciones contra él y este tribunal le contestó que eso no era de su competencia. El es titular del Juzgado número 4 de Getafe, Javier Achaerandio, quien se está encargando del caso Teatro. A este le presentaron los mismos argumentos, que los rechazó por una razón muy sencilla: Soler no es aún parte en este proceso, así que no puede pedir nada.
Desde entonces, sus abogados se afanan en conseguir que el juez, al que consideran una pieza de la estrategia del PSOE contra Soler, envíe el caso al Supremo para poder personarse y tumbarlo en este tribunal. Sus intentos han caído por el momento en saco roto, pero no desisten y en el último mes han presentado dos escritos para tal propósito.
Desprestigio social y político
Soler defiende que el caso es un invento del PSOE, que ahora gobierna en Getafe, para desprestigiarle “social y políticamente”. Es uno de los pilares con los que trata de frenar la investigación. El otro es que el juez forma parte de esa estrategia, en la que también estaría implicado el denunciante, el activista contra la corrupción Roberto Benítez.
Según el escrito que presentaron el pasado 24 de febrero para pedir “la nulidad de las actuaciones que se han practicado hasta el momento”, el juez se ha reunido en repetidas ocasiones con Sara Hernández, alcaldesa socialista de Getafe. Lo han hecho, según consta en el documento, para elaborar un protocolo antidesahucios, porque Achaerandio es juez decano de Getafe. Además, el exalcalde del PSOE Pedro Castro le entregó el premio a la trayectoria en 2012, que concede un periódico local.
“Es evidente que (…) existen algunas sospechas o indicios de que el Juez Instructor no va a ser objetivo, independiente e imparcial y (…) tendría que haberse abstenido”, sostienen los abogados de Soler con estas pruebas. Aportan más indicios que, a su parecer, son suficientes para cerrar el caso.
Así, critican por ejemplo que la investigación se mantuviese durante 10 meses bajo secreto de sumario “con una argumentación muy pobre” que provocó indefensión entre los imputados. Acusan también al juez de haber llevado a cabo algunas actuaciones a sabiendas de que no era competente o de haber enviado a los detenidos a los calabozos de Getafe en lugar de a los de Madrid.
Soler y sus abogados también acusan al juez de haberle investigado a sabiendas de que es aforado, lo que en su opinión es una causa más para anular el caso. El juez, sin embargo, les ha contestado que la Justicia no funciona así. El Supremo impone que “sólo una vez se recaben indicios que pudieran incriminar a personas aforadas (...) se debe exposición razonada al órgano judicial de aforamiento”, escribe en un auto fechado a principios de marzo.
Es la misma situación que afecta al ya expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco esperó a tener suficientes indicios de su implicación a la trama Púnica para enviar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Recurso a la Audiencia Provincial
Los argumentos del juez no son suficientes para Soler, que sigue intentando que desista y envíe ya el caso al Supremo, aunque la investigación aún no haya concluido. Para ello ha presentado ya varios escritos, el último a mediados del mes pasado. Se trata de un recurso de apelación enviado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid para que tenga a bien imponer al juez que le investiga “que remita las actuaciones” a la Sala Segunda del Supremo.
En ese recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, Soler reúne todas las alusiones que se han hecho hacia su persona durante la investigación para justificar que está implicado en el caso, y por que eso este debe ser enviado al Supremo. Se basa, incluso, en pruebas en su contra que son “claros elementos incriminatorios”.
Por ejemplo, sus abogados incluyen los pantallazos en los que Soler escribía en mayúsculas a sus subordinados que borrasen todo el historial de sus ordenadores antes de abandonar el Ayuntamiento. “Borrad todos los mails” añadía poco después tras el consejo de una trabajadora del consistorio.
Junto a esas pruebas incluyen las resoluciones judiciales y las declaraciones de los imputados que han nombrado en algún momento a Soler. El diputado de Cifuentes se enfrenta también a la Fiscalía, que apuesta por continuar investigando antes de elevar la causa al Supremo.
Ahora será la Audiencia Provincial la que decidirá sobre el recurso. El denunciante del caso ya se ha presentado un escrito en contra argumentando que tanto el juez como la Fiscalía se han opuesto a las pretensiones de Soler de enviar ya el caso al Supremo y critican que este no haya aportado ningún argumento nuevo.