“¿Dónde se encuentra la vivienda okupada?”. “¿Quién es el propietario?”. “¿Los okupas eran antiguos inquilinos?”. “¿Cuánto tiempo llevan allí?”. Son las preguntas que hace, al otro lado del auricular, una de las trabajadoras del teléfono 112 Ocupación que la Comunidad de Madrid implementó hace un año para prestar asesoramiento gratuito ante un fenómeno que, según el Ejecutivo regional, “genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”. Los gobiernos de Murcia y Galicia también han puesto en marcha servicios similares.
Son medidas que estas tres administraciones gobernadas por el Partido Popular justificaron ante el “gran impacto social” del fenómeno, en el que la necesidad habitacional de determinada población vulnerable se mezcla con la actuación de ciertos grupos mafiosos dedicados a ocupar viviendas para especular con ellas. Es un debate que también ha acaparado parte del foco en la campaña electoral que acaba de terminar. Principalmente, azuzado por el PP y Vox, aunque candidatos de la izquierda también se han lanzado a la batalla contra las ocupaciones.
A pesar de los discursos alarmistas, los datos recabados por elDiario.es reflejan que los ciudadanos apenas recurren a estos servicios de asesoramiento. Las cifras son especialmente llamativas en Galicia, donde el teléfono está activo desde finales de 2020. En su primer año, recibió una treintena de llamadas, es decir, una media de 2,5 cada mes. Este periódico solicitó la actualización de esa cifra a la Xunta de Galicia pero no ha obtenido respuesta. La media es algo mayor en Murcia, donde el Ejecutivo regional puso en marcha primero un canal de denuncias a través de email y, después, un número de teléfono. Desde noviembre de 2020 a abril de 2023 se ha atendido a través de ambos canales a 340 personas. La media es de 12 al mes. En la Comunidad de Madrid, las llamadas recibidas desde el 14 de julio del año pasado son 1.841, una media de seis al día.
La particularidad de Galicia es que el servicio está externalizado. En 2020, con la incertidumbre económica que la pandemia generó en los hogares, la Xunta, dirigida entonces por Alberto Núñez Feijóo, se volcaba con la cuestión de la ocupación ilegal de viviendas, que consideraba “un problema agudo”. A punto de acabar ese año firmó un convenio con el Consello da Avogacía Galega para crear un servicio de asesoramiento telefónico gratuito sobre ocupación para propietarios con independencia de su nivel de renta. Hacía dos años que no renovaba una atención similar para víctimas de desahucios, pese a que los datos judiciales constatan que en Galicia hay 15 desahucios por cada ocupación.
En su primer año, ese teléfono estuvo financiado con 27.000 euros de fondos públicos procedentes del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Con los resultados sobre la mesa, el Gobierno gallego decidió renovarlo para 2022. El convenio firmado entonces pasó a 50.000 euros para ese año y recuperó el servicio de información para “procurar que personas en situación de desamparo no pierdan su vivienda habitual”. En los mismos términos y con las mismas cantidades se aplica en 2023, según difundió en febrero en su sitio web el Consello da Avogacía.
“Tolerancia cero”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha hecho de la lucha contra la ocupación una de las banderas de su mandato. En septiembre de 2020 anunció la creación de un nuevo teléfono '112 Ocupación' y una oficina de asesoramiento a los ciudadanos afectados por este fenómeno. Finalmente, el teléfono no se puso en marcha hasta julio de 2022. Pero es un asunto que lleva años acaparando muchas de sus intervenciones públicas. El pasado 3 de mayo, en una entrevista en la Cadena Ser aseguró que “la ocupación se ha multiplicado por toda España” y que a través de los canales abiertos les habían “llegado” en “muchas ocasiones” casos de señoras que se iban de vacaciones o al pueblo y que, cuando volvían, les habían “quitado” la casa.
Ni los datos ni la legislación avalan la afirmación de Ayuso. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, en 2022 a los juzgados de Madrid llegaron un 18% menos de casos de ocupación respecto al año anterior. Si se compara con 2020, la caída asciende al 44% y al 51% si se hace con 2019. Además, la ley garantiza el desalojo exprés en los “allanamientos” de la residencia habitual y segunda vivienda. En este caso, al ser un “delito flagrante”, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen la obligación de desalojar y detener de manera inmediata a los ocupantes sin necesidad de acudir a la autoridad judicial e independientemente del proceso judicial que se abra para castigarlos. Y debe ocurrir así hayan pasado tres horas, tres días o un mes.
En todo caso, este tipo de afirmaciones han servido al Gobierno de Díaz Ayuso para justificar la existencia de recursos como el teléfono '112 Ocupación', que emplea a ocho policías municipales de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, concreta un portavoz. Las llamadas recibidas en casi un año ascienden a 1.841, con una media de seis al día. Según los datos facilitados, la mayoría de las llamadas las realizan los propietarios de la vivienda ocupada, aunque también hay consultas de abogados o de comunidades de vecinos. 79 de ellas se realizaron desde fuera de la región.
Al discurso alarmista sobre la ocupación también se ha sumado el presidente murciano, Fernando López Miras. “Todo lo que no sea votar al Partido Popular es acercar a la izquierda al Gobierno de la Región de Murcia, la que no mejora la vida de quienes producen sino de los okupas, los violadores, sus corruptos o sediciosos”, dijo el pasado miércoles en un mitin en Totana.
López Miras suele presumir de su estrategia regional de “tolerancia cero ante la okupación” y de que Murcia es la primera comunidad autónoma en contar con una regulación específica para hacer frente a la okupación de viviendas, si bien la mayoría de las competencias en este ámbito son estatales. “Con esta estrategia se pretende disuadir a estas bandas organizadas de que desarrollen su actividad delictiva en la Región de Murcia, como venía ocurriendo en años anteriores en comunidades vecinas, porque este tipo de conductas ilegales, además de incumplir la ley, crean focos de delincuencia y degradan las ciudades”, afirma un portavoz.
Asesoramiento
Según ha podido constatar elDiario.es, a través de estos teléfonos se presta asesoramiento sobre las diferentes vías que existen en la legislación para abordar este tipo de situaciones. En el caso de las ocupaciones de una primera o segunda vivienda, la legislación ya prevé el desalojo exprés. El procedimiento sí es más tedioso si se trata de un inmueble vacío, que no es la morada de nadie. Se trata, en ese caso, de un posible delito de usurpación, que prevé penas menores −si no hay violencia, únicamente una multa− porque no entra en juego el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
En todo caso, para evitar tener que esperar una sentencia penal que puede tardar meses o años, existe desde 2018 un procedimiento civil que permite a particulares, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias o poseedoras de vivienda social pedir, mediante la presentación de una demanda, la “inmediata recuperación” de la vivienda ocupada. Esta reforma, que acorta los plazos y los costes, fue criticada por la izquierda parlamentaria por no garantizar el realojo de las familias vulnerables que hayan ocupado inmuebles.