“Después del Espíritu de Ermua estábamos todos comprometidos a una política antiterrorista clara, a no dar beneficios penitenciarios a los presos de ETA y no aceptar homenajes a los terroristas”. Con este argumento ha atacado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de coalición y EH Bildu (entre otros grupos) para aprobar la Ley de Memoria Democrática, que se votará por primera vez este jueves en el Congreso. Una frase que obvia que, tras el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997, el Ejecutivo de José María Aznar, con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior, acercó terroristas presos y abrió una negociación con ETA.
“Yo siempre tendré una actitud de generosidad, de mano tendida y de espíritu abierto para consolidar las posibilidades de paz”, dijo José María Aznar en 1999, dos años después de que ETA secuestrara y matara de dos tiros en la nuca al concejal que militaba en su partido.
Por ejemplo, en 1998 se efectuaron 26 traslados de presos. Ese año, seis personas fueron asesinadas por la banda terrorista. Al año siguiente, en 1999 el número de terroristas encarcelados que fueron movidos a prisiones más cercanas al País Vasco se multiplicó hasta los 105.
Por aquel entonces, Aznar presumió de una “nueva orientación de la política penitenciaria” hacia ETA que sería “flexible”. El marco en el que se produjo este giro era el de unas negociaciones abiertas entre el Gobierno y la organización terroristas tras la tregua anunciada en septiembre de 1998. Apenas un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Dos meses después, el entonces presidente Aznar hizo una declaración ante los españoles: “El Gobierno y yo personalmente he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan”.
En los meses siguientes hubo diferentes reuniones entre enviados del Gobierno del PP y representantes de ETA y de Herri Batasuna. En los ocho años de Gobierno de José María Aznar, y con Mayor Oreja como ministro, se acercaron 426 presos de ETA para facilitar las visitas de los familiares.
Dos décadas después, ETA ya no existe. La organización terrorista, derrotada, depuso las armas en 2011. Y los tribunales españoles han determinado que Sortu y la coalición EH Bildu son legales.
Pero Feijóo se reunirá este mismo jueves con diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo para mostrar su rechazo a la Ley de Memoria Democrática, que no tiene relación con ETA. Este martes, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, dedicó un tercio de su discurso inicial en el debate sobre el estado de la nación a hablar de un terrorismo que ya no existe.
En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha dicho: “¿Qué le explicamos [a las asociaciones]? ¿Que van a dar el visto bueno a la ley de desmemoria? ¿Que Bildu, coautor de la ley, ni siquiera condena los asesinatos de sus familiares? Así no se construye, se destruye”. Y ha zanjado: “Cuando después del Espíritu de Ermua estábamos todos comprometidos a una política antiterrorista clara, a no dar beneficios penitenciarios y no aceptar homenajes, se interrumpe el camino y ahora hemos de ver que la ley de memoria es la ley Bildu. Es un retroceso en las libertades y en la democracia española”.