Tímido, discreto, menudo, respetuoso y de verbo preciso, el nuevo ministro de la Presidencia ya está en el centro de la diana de la derecha. Apenas lleva dos meses en el cargo y han pedido su dimisión dos veces. Por ser el hacedor jurídico de los estados de alarma, por defender lo que dice la ley respecto a la elección de los miembros del Consejo General de Poder Judicial... y sobre todo porque Félix Bolaños (Madrid, 1975) es uno de “los hombres del presidente”. Concretamente, la persona en la que Pedro Sánchez ha depositado su confianza para coordinar el Gobierno y la que, a juicio de sus correligionarios del PSOE, se ha ganado por méritos propios un puesto en la mesa del Consejo de Ministros. No es un político al uso porque no grita, huye de la afrenta, de los titulares redondos y modula cada frase porque sabe de de la importancia de las palabras y los discursos. Por eso evita pisar charcos innecesarios y mide al milímetro cada respuesta. Si lo que busca la oposición es ahondar en la crispación y el enfrentamiento con él no lo tendrá fácil. “Me encantaría –dice– que todos los partidos de la oposición, incluso los que están situados a la derecha de la derecha, tuvieran responsabilidad y unos discursos más pausados y razonables buscando el entendimiento”. De momento, no se atisba en el horizonte...
Mañana se estrena en el Parlamento para defender la prórroga del escudo social. ¿Recuerda cuántas personas se han beneficiado durante la pandemia de esta medida?
Más de un millón de personas se han beneficiado ya. El escudo social y el Real Decreto Ley que aprobamos es una prórroga de medidas que ya están en vigor y son medidas que tratan de proteger básicamente a los más vulnerables –tanto en la factura de la luz, la factura energética, como en evitar y suspender desahucios de desahucios– y a las mujeres en la protección en materia de violencia de género, que hemos detectado un repunte en las cifras últimamente. Ese es, a grandes rasgos, el paquete del decreto.
Y descendiendo al detalle, ¿cuántos cortes de suministro y lanzamientos hipotecarios se han evitado?
Entre 2020 y 2021, según datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios se han reducido a la mitad, de tal manera que yo creo que la efectividad y los efectos de la norma son evidentes.
¿No sería necesario agilizar los procedimientos para que el acceso a la protección social fuese más rápido?
Lo intentamos. Por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, que es una norma que ya de por sí legitima y justifica una legislatura, hemos seguido trabajando en agilizar los trámites y en hacerlo todo más rápido al igual que con el pago de prestaciones, con los ERTE, etc… Somos conscientes de que en ocasiones los ciudadanos necesitan más rapidez en la gestión y ponemos todo el esfuerzo, todo el capital humano y todas las capacidades administrativas para conseguirlo.
La prórroga del escudo social es hasta el 31 de octubre, ¿será necesaria una ampliación o para esa fecha cree que ya no será necesaria la protección?
Lo veremos en los días y semanas previas al 31 de octubre. La idea es que la recuperación económica que ya está llegando y siendo muy potente –como confirman los datos del Banco de España, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que dicen que España será el país que más crezca en el año 2022– se vea acompañada de medidas de cohesión social. Por tanto, en las semanas anteriores valoraremos si es necesario continuar con el escudo social o si podemos iniciar una nueva etapa.
¿De qué nuevas medidas de cohesión social estamos hablando? ¿Un Gobierno progresista no debería mantener ese escudo de forma indefinida?
Bueno, el ingreso mínimo vital es eso. Es un ejemplo claro de una medida de protección social que da dignidad a las personas. Todas las personas en España, desde que hemos aprobado el ingreso mínimo vital, tienen un mínimo de ingresos económicos que les garantiza una vida digna. Por tanto, es un ejemplo claro de una política socialdemócrata. Queremos que todo el mundo tenga una vida digna, con independencia de los problemas económicos que pueda tener. Y el ingreso mínimo vital es un ejemplo.
¿El consumo mínimo vital que ha anunciado el presidente del Gobierno tiene ese mismo objetivo?
Estamos trabajando en medidas en materia energética y de consumo eléctrico que todavía están en estudio. Las está trabajando la vicepresidenta tercera [Teresa Ribera] desde el Ministerio de Transición Energética y cuando las tengamos ultimadas, las presentaremos.
¿Habrá alguna medida para contener la subida del recibo de la luz en el próximo Consejo de Ministros del martes?
Estamos trabajando y ultimando un paquete de medidas para afrontar el problema que tanto nos preocupa. Con casi total seguridad irán el próximo martes al Consejo de Ministros.
¿También el consumo mínimo vital?
Van una serie de medidas que preferiría no adelantar porque se está trabajando todavía en ellas y cuando se hayan cerrado, se anunciarán.
La oposición les acusa de improvisación en este asunto.
No hemos improvisado en absoluto. Hemos heredado un problema cuya solución no es sencilla. Para empezar, es una solución europea y por eso la vicepresidenta tercera está trabajando con sus colegas para buscar soluciones a nivel europeo. Y también es una solución que viene marcada por el precio mayorista de la energía. A partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido adoptar medidas que han reducido un 12% la factura del gas. Hemos rebajado el IVA y también hemos suspendido el impuesto de generación eléctrica. Seguimos tomando medidas, ya le digo que el próximo martes con casi total seguridad, irá un paquete al Consejo de Ministros. Además tenemos dos leyes en tramitación: una, que es un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico y otra de retribución de emisiones de CO2. Esas leyes están en tramitación parlamentaria y lo que vamos a hacer desde el Gobierno es agilizarlas. Estamos trabajando en el largo plazo también. Es imprescindible que apostemos por energías limpias, renovables y más baratas. Y ahí nos encontramos con unas políticas de la administración anterior absolutamente contraproducentes, que dejaron a un lado las energías limpias y las energías renovables y que además tomaron en ocasiones incluso medidas que ahora han supuesto un quebranto para el erario público. Es el caso de algunas decisiones que adoptó el Gobierno de Rajoy, que los tribunales han anulado y que ahora tienen un coste de 1400 millones de euros. Esas medidas, que en su día se tomaron porque se consideró que eran una solución sencilla, al final han sido contrarias al derecho comunitario. Nosotros queremos tomar medidas, queremos abaratar el recibo de la luz, ya lo estamos haciendo y queremos hacerlo con seguridad jurídica. Que no haya nunca un tribunal que luego pueda considerar que son contrarias a la ley.
¿El Gobierno tiene previsto prorrogar la rebaja del IVA en el recibo de la luz más allá del 31 de diciembre, que es hasta cuando está aprobado?
Es otra medida que estudiaremos en las semanas previas a esa fecha.
La sensibilidad social es seña de identidad de este Gobierno
¿En qué cree que ha mejorado la vida de la gente desde que gobiernan el Partido Socialista y Unidas Podemos?
Bueno, creo que hemos tenido que afrontar desde el principio, una pandemia mundial que estaba afectando, obviamente, también a nuestro país. Desde ese momento lo que hemos hecho ha sido gestionar la pandemia. Pero no solo, también hemos sido capaces de ir avanzando en nuestra agenda social y de compromisos. Ya hemos cumplido más de un tercio de los compromisos de investidura y del acuerdo de coalición. Y seguimos avanzando. Nuestra previsión es que llegue casi al 40% en diciembre. Esas medidas de nuestra agenda económica y social, además, se han visto acompañadas con una enorme cantidad de normas para combatir la pandemia, para salvar vidas y también la economía de las familias y de las empresas. La sensibilidad social que tiene este Gobierno para proteger a las personas más vulnerables, a las clases trabajadoras, a las clases medias y a las pymes, es nuestra seña de identidad y la marca de un Gobierno socialdemócrata y progresista.
¿A qué atribuye entonces el desgaste del Gobierno que aparece en las encuestas?
Las encuestas a dos años y medio vista de unas elecciones no son indicadores de nada. Creo que nosotros tenemos una gran agenda social y económica por delante. Vamos a intentar que el crecimiento económico que se va a producir en España se acompañe también de cohesión social, de políticas sociales, de ampliación de derechos y de libertades. Vamos a terminar nuestra agenda y todo nuestro plan normativo cuando termine la legislatura y en ese momento será cuando los españoles puedan evaluar. Estoy convencido de que evaluarán y convendrán que ha habido un avance muy importante en España en los últimos cuatro años, incluso con la pandemia.
La agenda territorial y del reencuentro con Cataluña ha dejado de ser una prioridad para este Gobierno?
Es una prioridad. De hecho nuestra voluntad es que la mesa de diálogo entre gobiernos se reúna la próxima semana. Es verdad que en estos cuatro meses hemos aprobado un plan normativo que va del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Hoy vamos a llevar a cabo casi 150 iniciativas con distintas leyes, distintos decretos para seguir avanzando en una recuperación justa, que es lo que queremos: que haya crecimiento económico, pero que llegue a todos. Obviamente en paralelo va también el problema territorial con Cataluña, que queremos abordarlo con diálogo y con una agenda para el reencuentro, que es lo que puede unir a los catalanes.Tenemos que empezar a hablar de lo que nos une. Primero de lo que une a los catalanes y después de lo que nos une a todos los españoles. Y esa va a ser la prioridad del Gobierno en esa mesa: intentar recuperar afectos y complicidades.
¿Asistirá el presidente del Gobierno a la mesa de diálogo?
Todavía no está decidido. Es una decisión que corresponde al presidente y será él quien decida si finalmente asiste. Y en todo caso, le diré que lo importante no es la presencia en esa mesa, sino empezar a poner cauce a esa necesidad de diálogo que en Cataluña es imprescindible para solucionar la situación que nos hemos encontrado. Yo no pondría tanto el acento en quien va o en quien no va, sino en qué vamos a intentar, a través de la mesa de diálogo. Y nuestro propósito es conseguir que Cataluña sea un lugar más habitable donde se recuperen los afectos y donde los catalanes sientan que tienen proyectos compartidos. Ahora mismo a los catalanes, al igual que el resto de los españoles, lo que les preocupa es luchar contra la pandemia, acabar de una vez por todas con la crisis sanitaria, que el crecimiento económico sea potente y sólido, que haya avances en derechos sociales y en libertades, que se ejecuten los fondos europeos y que consigamos transformar la economía. Eso es lo importante para España y para Cataluña. Y el Gobierno de España quiere que Cataluña sea protagonista de esas prioridades y que sea como lo ha sido siempre uno de los motores de España.
El referéndum no es una solución para Cataluña
El presidente no ha decidido si irá o no a esa reunión, ¿pero sabemos ya la composición de la delegación que asistirá por parte del Gobierno de España?
Será una delegación en la que estarán la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la ministra de Transportes, Raquel Sánchez; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el ministro de Universidades, Manuel Castells y yo mismo.
¿En esa reunión se hablará de referéndum?
El referéndum no es la solución, tampoco lo es la autodeterminación. La solución es que Cataluña se reencuentre y que sea claramente un lugar donde los catalanes consideren que tienen proyectos en común y objetivos compartidos. Como Gobierno de España, queremos que Cataluña sea europea, próspera y plural. Y nuestro objetivo es poner todos los esfuerzos para que Cataluña entienda que de la mano de España con España y dentro de España, hay una Cataluña más fuerte, más próspera y más social.
El president de la Generalitat ha dicho que al Gobierno no le saldrá gratis el parón en las inversiones de El Prat y la ministra de Transportes, que el Gobierno de España ha perdido la confianza en el president de la Generalitat. ¿Es un buen prólogo para esta primera reunión?
Son asuntos diferentes. También es verdad que además de esas declaraciones que usted apunta, hay otras en las que estamos de acuerdo en desvincular lo que es el aeropuerto del Prat y la inversión con la mesa de diálogo. Creo que lo que ha ocurrido en el aeropuerto del Prat es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Era una inversión muy potente para Barcelona y para Cataluña, que era imprescindible hacerla con la colaboración, la complicidad, el apoyo y el empuje del gobierno de la Generalitat. Absolutamente imprescindible. Y bueno, en ese sentido llegamos a un acuerdo con la Generalitat que finalmente, digamos que no han sido absolutamente convincentes a la hora de explicarnos los motivos por los cuales finalmente ese acuerdo no ha sido posible. Conviene que en ocasiones futuras todos trabajemos para que seamos conscientes de que trabajando de la mano se pueden hacer muchas más cosas en Cataluña. El Gobierno de España tiene toda la voluntad de invertir en Cataluña y de ayudar, como al resto de los territorios del país, para mejorarlos en todos los aspectos.
La posición de Yolanda Díaz sobre El Prat es de partido, no de Gobierno
En el Gobierno de la Generalitat había división ante la ejecución de ese proyecto por motivos medioambientales, pero también la hay en el del Gobierno de España. La vicepresidenta segunda se ha situado del lado de los comunes y de quienes sostienen que el proyecto iba a ser tremendamente lesivo desde el punto de vista medioambiental.
Esa es una posición más de partido. El Gobierno de España tiene una posición única, que es la que ha mostrado la ministra de Transportes. Y desde el punto de vista medioambiental, por supuesto que se van a acometer todas las garantías necesarias para que no tuviera impacto medioambiental. De hecho, se iba a trabajar en ese sentido con la Generalitat, con el Ayuntamiento y también con la Unión Europea. Pero en todo caso, la posición del Gobierno de España es la que ha establecido la ministra de Transportes.
¿Le ha sentado bien al presidente del Gobierno la fotografía de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la alcaldesa de Barcelona celebrando la paralización del proyecto?
Yo creo que ha sido un acto y una foto de partido. Somos partidos diferentes los que conformamos la coalición y por tanto tenemos posiciones políticas en ocasiones diferentes. Pero lo importante es lo que nos une. Los dos tenemos una visión progresista, por eso gobernamos juntos. Luego, los partidos tienen libertad para sus propios posicionamientos.
Casado no tiene pensado moverse de su posición respecto al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿hay salida?
La salida es que el Partido Popular cumpla la ley y la Constitución. Parece bastante obvio e insólito que tengamos que recordar a un partido que ha gobernado España y que aspira a gobernar que todo empieza cumpliendo la ley. Además expresamente dicen que no cumplen la ley porque no les gusta la ley y quieren cambiar la ley. Es inaceptable. No cumplir la ley y la Constitución y además hacer alarde de ello es un comportamiento bastante antidemocrático e inaceptable. Esa ley deriva de un pacto de Estado al que se llegó durante una legislatura en la que había mayoría absoluta del Partido Popular, que se votó por más del 95% de los diputados de la Cámara. Es decir, que nosotros no podemos estar a los cambios de criterio o a las múltiples excusas que el Partido Popular pone en esta materia. Es bien sencillo: Partido Popular, cumpla usted la ley. Esa es la salida. No hay otra.
En 2016, durante su discurso de investidura tras el pacto con Ciudadanos, Sánchez defendía que los cargos de “designación parlamentaria”, también los miembros del CGPJ, fueran elegidos en “convocatoria pública”. ¿Es una opción que baraja el Gobierno?
No nos planteamos modificar la ley. Lo único que nos planteamos es que el principal partido de la oposición cumpla la ley y cumpla la Constitución. Cumpla la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial y cumpla también la ley y la Constitución para renovar el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y magistrados del Constitucional, que también están fuera de su plazo de mandato.
¿Qué excusa da el PP para renovar el Defensor del Pueblo y el Constitucional?
No hemos tenido ninguna información al respecto. El bloqueo del principal partido de la oposición es total con todos los órganos constitucionales y verdaderamente esto produce un daño al prestigio y a la reputación, sobre todo del Poder Judicial –donde están muy preocupados con el obstruccionismo del Partido Popular–, pero también supone socavar la reputación de las instituciones democráticas. En una democracia, en un Estado de derecho, en un país occidental con una democracia plena como es España, es insólito que haya un principal partido de la oposición que además ha gobernado, que incumpla una ley porque no le gusta y porque quiere cambiarla.
¿Desde que es ministro ha mantenido algún contacto con el PP para retomar este asunto?
No.
¿Y el presidente del Gobierno no debería llamar a Pablo Casado para una nueva conversación al respecto?
Pues mire, no. No creo que el presidente del Gobierno tenga que llamar al líder de la oposición para pedirle que cumpla la ley. Es algo mucho más básico, en mi opinión. ¡Claro que todos podemos hablar con todos, pero aquí el problema no está en una conversación del presidente con nadie! El problema es que el principal partido de la oposición tiene que cumplir la ley porque esto es una democracia.
¿La relevancia en los fallos judiciales que se irán conociendo en los próximos meses ayuda a descifrar las razones de fondo del pulso que mantienen el Gobierno y el PP en este asunto?
Nadie pone en cuestión ni la imparcialidad ni la independencia de los jueces. Los porcentajes de credibilidad que tienen los jueces en materia de imparcialidad y de independencia son muy altos. Y por tanto las sentencias que dicten yo estoy seguro que lo hacen en el ejercicio de su libertad y aplicando el derecho, que es lo que han de hacer los jueces.
¿Entonces, el Poder Judicial no tiene un sesgo ideológico, como mantienen sus socios de coalición?
Creo que los jueces cuando dictan sentencias no lo hacen por motivos ideológicos. Por supuesto que cada uno a nivel individual tendrá sus ideas y el número de afiliados que tienen las asociaciones profesionales de los jueces es público. Pero yo estoy convencido de que cuando dictan sentencias no se dejan llevar por un sesgo ideológico.
Mañana se cumplen dos meses de su toma de posesión como ministro y la oposición ya ha pedido dos veces su dimisión, ¿cómo lo ha conseguido?
No me preocupa, la verdad. No es demasiado edificante que todo su proyecto de país sea pedir elecciones anticipadas, la dimisión del presidente de manera sistemática y la de unos cuantos ministros cada día. Pero, no me preocupa nada. Yo estoy ocupado en gobernar y en que seamos capaces de avanzar para conseguir que cuando en 2023 acabe la legislatura les podamos decir a los españoles que, pese a una pandemia mundial, la más grave del siglo, hemos conseguido que España avance en derechos, en libertades y también en materia económica. Eso es en lo que estoy centrado.
¿Y le preocupa que el Constitucional determine en las próximas semanas que el segundo estado de alarma también fue inconstitucional, como ya determinó que lo fue el primero? La oposición pidió su dimisión porque le consideran el arquitecto jurídico de los estados de alarma.
Claro que me importa y claro que me interesa lo que diga el Tribunal Constitucional, como es lógico. La sentencia que ya conocemos - lo otro es un mero borrador sobre el que ni siquiera se ha deliberado- dice que las medidas que adoptó el Gobierno fueron adecuadas para contener la pandemia y fueron las que tomaron todos los países de nuestro entorno. El debate en el Constitucional se planteó en el paraguas jurídico de ese paquete de medidas que adoptó el Gobierno y llegó a la conclusión -en una mayoría ajustadísima y con un debate muy abierto- de que el paraguas jurídico no debió ser el estado de alarma, sino el de excepción. Pues obviamente es discutible ese criterio, pero no se cuestionaron las medidas, sino el paraguas jurídico. Yo espero que el Constitucional, en la deliberación que se produzca cuando corresponda, que será en el mes de octubre por lo que anunció el propio Constitucional, considere que los estados de alarma y las medidas que fuimos adoptando eran perfectamente constitucionales.
Por lo que hemos podido leer, el Constitucional se va a detener en la falta de control parlamentario al Gobierno durante seis meses y en la delegación de competencias de las comunidades autónomas.
Somos el gobierno que más se ha sometido al control parlamentario en la historia. Sánchez ha comparecido en el mismo periodo de legislatura el triple de veces de lo que lo hizo el presidente Rajoy. Durante ese estado de alarma de seis meses había control parlamentario. Comparecieron el ministro de Sanidad y luego la ministra de Sanidad. Por tanto, el Parlamento en el ejercicio de sus competencias lo que hizo fue decidir que en ese estado de alarma, las Comunidades pudieran ir adoptando medidas. Y fue algo que nos pedía todo el mundo y sobre todo el consenso científico: que pudieran tomar medidas diferentes las comunidades en función de su situación. Y lo que hicimos fue facilitar a las Comunidades Autónomas, a través de esa herramienta, que pudieran hacerlo. La Ley Orgánica del Estado de Alarma no establece ningún plazo máximo para el estado de alarma y también habla de la posibilidad de que las Comunidades autónomas participen. Por lo tanto, confío en que el Constitucional así lo reconozca.
El Gobierno dice que la monarquía ha adoptado decisiones en aras de la transparencia, ¿podría decirme alguna medida?
Yo creo que Felipe VI está dando todos los días buena muestra de ejemplaridad. Tenemos un jefe del Estado y un monarca que cada día consigue que los españoles se identifiquen más con él, con su figura. Creo que se han adoptado medidas y probablemente se seguirán adoptando. Y es importante que seamos conscientes de que las noticias que se conocen... no están juzgando a una institución, están simplemente tramitándose investigaciones sobre una persona, no sobre una institución.
No me ha dicho ninguna medida concreta que haya adoptado la Jefatura de Estado, pero sí que esperan todavía más, ¿cuáles y cuándo?
Se han adoptado medidas en materia de conocimiento de las cuentas, en materia de transparencia en la web de la propia Casa Real. Es decir, se han adoptado medidas.
Y esperan más. ¿Cuáles y para cuándo?
La Casa Real estudiará, trabajará y pensará en medidas que puedan profundizar en su transparencia y nosotros como Gobierno lo que haremos será acompañar a la Casa Real en las decisiones que vaya adoptando en esa materia.
Las cuentas de la monarquía
¿Va a apoyar el Partido Socialista la comisión de investigación que han pedido varios grupos parlamentarios para aclarar cuánto cuesta la jefatura del Estado, más allá de los 8 millones presupuestados? Es decir, lo que tienen asignado a través de los distintos ministerios del Estado.
No me parece que esa materia sea objeto de una comisión de investigación. El presupuesto de la Casa Real es público, está en los Presupuestos Generales del Estado y los ministerios que prestan algún servicio a la jefatura del Estado cuando corresponde están también en los PGE y los gastos pasan por el Tribunal de Cuentas. Se puede conocer. No creo que sea necesaria una comisión de investigación cuando estamos hablando de leyes de presupuestos que son públicas y de cuentas que son públicas y accesibles.
¿Pero hay un cálculo aproximado de lo que cuesta la monarquía más allá de esos 8 millones de euros asignados a la institución?
Yo conozco cuál es el presupuesto que tiene la Casa Real, pero no conozco cuál podría ser el montante total. Pero en todo caso, yo creo que de lo que se trata es de que seamos capaces de explicar que la jefatura del Estado tiene unos presupuestos que son públicos; que cuando un ministerio asume un gasto también en relación con la Casa Real por alguna actividad representativa del rey, por tanto plenamente justificada de representación también del Estado, pues también se conoce ese gasto. Es más sencillo de lo que se está planteando a través de una comisión de investigación.
Pues a los periodistas nos cuesta llegar a esos datos incluso a través del Portal de Transparencia, pero bueno, algún día podremos conocerlos. ¿Ve a Juan Carlos I pronto de regreso en España?
Imagino que tomará sus propias decisiones.
¿Es una decisión que le corresponde solo al rey emérito?
Desde luego, no es una decisión que corresponda al Gobierno.
¿Qué margen temporal establece para que la Iglesia empiece a pagar el IBI?
El 3 de agosto me reuní con el presidente de la Conferencia Episcopal [Juan José Omella]. En Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática están las competencias de relaciones con las confesiones religiosas. Tuvimos una reunión muy cordial y acordamos que durante el mes de septiembre vamos a poner en funcionamiento tres subcomisiones. Una de ellas es precisamente sobre el tema que me plantea usted, que es el régimen tributario, y ahí vamos a trabajar de manera conjunta, dialogando y avanzando en esa materia. No se trata de poner un plazo, se trata de que el diálogo vaya consiguiendo resultados, que es lo importante.
¿En esta legislatura veremos a los benedictinos abandonar el Valle de los Caídos?
Eso tampoco tiene por qué ser una decisión del Gobierno, porque...
Está en el marco de la Ley de Memoria Democrática, ¿no?
Sí, pero en el marco de la Ley de Memoria Democrática no se decide qué congregación ha de estar en el Valle de los Caídos, porque eso finalmente será una decisión de la Iglesia Católica, porque deriva del Concordato y de los acuerdos internacionales que tenemos con la Santa Sede. Por tanto, tampoco el Gobierno en eso tendrá la última decisión.
¿Por qué se ha dejado fuera del plano normativo la Ley de Secretos Oficiales?
Porque tenemos mucha tarea...
¿Y otras prioridades?
Mucha actividad normativa durante el año 2021 y son cuatro meses. Tenemos casi 150 iniciativas que poner en marcha, un tercio derivadas directamente de compromisos internacionales y de compromisos con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, tenemos mucha tarea en los cuatro meses que nos quedan de año, y la Ley de Secretos Oficiales pues la abordaremos con toda seguridad en el año 2022.
¿Qué tiempo es razonable en una democracia para desclasificar materias como las del 23-F o el GAL, a juicio del ministro?
Ahí habrá un debate que será muy interesante. Hay un derecho comparado que te da distintas respuestas a esa pregunta y tenemos que buscar un punto en el que los ciudadanos, una vez transcurrido un tiempo razonable, tengan derecho a recibir esa información. Y también tenemos, por supuesto, que salvaguardar siempre el interés nacional, la seguridad nacional y la defensa de nuestro país. En ese marco lo que tenemos que hacer es buscar un periodo de tiempo que sea razonable.
La lucha contra los delitos de odio, una prioridad
¿Se ha precipitado el ministro del Interior en el caso de Malasaña para atizar a Vox y, por extensión, al Partido Popular?
No lo creo. Creo que el Gobierno condena los delitos de odio y la violencia contra el diferente, simplemente porque es de otra raza o tiene una orientación sexual diferente. El presidente ha estado en la comisión de la Comisión de Seguimiento y se va a trabajar ya en un plan de lucha contra los delitos de odio. Es una prioridad absoluta de este Gobierno: que España sea un país libre y que sea un país respetuoso con todos, con independencia de cómo vivan o de a quién amen o de dónde provengan. Dicho esto, es verdad que los tiempos de la información de los medios de comunicación son muy acelerados y que las investigaciones en ocasiones no pueden llegar a ir acompasadas a esos ritmos. El ministro del Interior ha dado la información con toda transparencia en tiempo real y yo creo que eso es lo que ha hecho que podamos decir que ha tenido un comportamiento adecuado en todo momento.
¿Y por qué el presidente del Gobierno decidió convocar la comisión de seguimiento de los delitos de odio ante este caso y no, por ejemplo, ante el caso del joven gallego que asesinaron antes del verano por motivos homófobos o ante las decenas de imágenes virales que vemos en el metro de Madrid cuando atacan a un ciudadano latinoamericano?
La composición y la decisión de que se reúna esta comisión se produce porque hemos detectado este año un repunte y en el momento en que se ha considerado oportuno se ha reunido la comisión. Ahora se empieza a trabajar en un plan para 2022 con el objetivo de reforzar capacidades y conseguir que España sea un país libre para todos.
¿O sea, que la convocatoria de la comisión responde al conocimiento de la memoria de la Fiscalía y los datos del incremento de los delitos de odio, pero no a la denuncia de Malasaña?
No digo que responda exactamente a la memoria de la Fiscalía, digo que lo hemos detectado y que por tanto, en un momento dado se decide convocar la Comisión. Pero no responde exactamente a nada en concreto, sino a unos indicadores que venimos percibiendo que están aumentando y que, por tanto, es un problema grave en nuestro país. Nuestro compromiso, por supuesto con las personas LGTBI y con las personas migrantes, es que se garantice su seguridad y su integridad en todo momento.
¿Vox es un partido homófobo?
Creo que los responsables públicos y los responsables políticos tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen nuestras palabras y nuestros discursos porque crean un clima social y crean un clima político. Por eso tenemos que intentar evitar, y yo lo intento todos los días, el enfrentamiento, la crispación, el insulto. Todo ello genera un clima que puede llevar a que algunas personas entiendan legitimadas algunas actuaciones. Yo pediría, y me encantaría que así fuera, que todos los partidos de la oposición, incluso los que están situados a la derecha de la derecha, tuvieran responsabilidad y unos discursos más razonables, más pausados y más buscando el entendimiento que el enfrentamiento.
¿El Gobierno trabaja más coordinado desde que Pablo Iglesias está fuera del Gobierno?
El Gobierno ha trabajado muy coordinado desde su inicio. Los perfiles del vicepresidente Iglesias y de la vicepresidenta Díaz son en lo político y en lo personal diferentes. Pero yo creo que el trabajo que estamos haciendo en esta etapa y el que hacíamos antes es el de un Gobierno muy ambicioso, transformador y profundamente progresista, que tiene un objetivo claro que es que acompañemos el crecimiento económico con la recuperación justa. Y en eso, más allá del día a día, estamos de acuerdo y eso es lo importante: trabajar coordinadamente para conseguirlo.
Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Le gusta más Pablo Iglesias vicepresidente de Gobierno o el tertuliano?
Bueno, Pablo Iglesias es una persona muy interesante y muy inteligente y respeto profundamente sus decisiones.
¿Temen que el desplome de Podemos en las encuestas pueda hacer que la coalición no sume para el próximo mandato y lleve a Casado acompañado de Vox a La Moncloa?
Quedan dos años y medio para las elecciones. Es muy prematuro hablar ahora de encuestas. Nos queda mucho por delante, tenemos que trabajar como gobierno de coalición. Si conseguimos presentar en 2023 a los españoles un resultado de nuestra legislatura progresista, de avances, de crecimiento económico y de nuevos derechos sociales, eso será lo que determine finalmente el voto y la movilización de la gente de izquierdas o de la gente que comprenda que este gobierno, en unas circunstancias muy difíciles, ha hecho avanzar el país de manera muy decidida. Creo que eso será finalmente lo que decida. Un gobierno del PP y Vox supone un retroceso, y yo no quiero que España retroceda.
¿Yolanda Díaz es un problema para las perspectivas electorales del Partido Socialista o puede ser una ayuda?
No creo que sea un problema. El electorado progresista es un electorado plural y yo espero que Yolanda Díaz, si finalmente asume la candidatura, tenga un buen resultado. Yo creo que es importante que en el Gobierno tengamos una buena acción, una buena hoja de servicios para que los dos partidos que lo conformamos salgamos reforzados. Eso sería lo ideal.
¿Usted conoce los motivos que llevaron al presidente del Gobierno a destituir como secretario de organización a José Luis Ábalos?
Desde luego no conozco los motivos y no sé cómo se produjo aquella conversación en aquella reunión. José Luis Ábalos ha sido un muy importante dirigente de nuestro partido, ha hecho muy buena labor en la Secretaría de Organización. También fue un gran ministro de Transportes. Yo le deseo lo mejor en lo personal y en lo profesional. Se lo merece y más allá de eso, no le puedo decir nada.
Por último, ¿qué fue de su agria polémica con Iván Redondo?
(Risas). Ninguna, ninguna polémica con Iván Redondo. También le deseo lo mejor. Hemos trabajado conjuntamente durante tres años en Moncloa. Muchas horas, mucho trabajo, situaciones difíciles y muchas veces complicadas. Y también creo que es un gran profesional. Le deseo lo mejor en lo personal y también le deseo lo mejor en la nueva etapa profesional que inicia.