Álvaro García Ortiz (Lumbrales, 1967) es fiscal de Medio Ambiente en Galicia y acaba de cumplir un año como presidente de la UPF, la asociación que aglutina a los fiscales progresistas en España. Habla para eldiario.es de la reacción de la Fiscalía General del Estado al escándalo de las grabaciones a Jorge Fernández Díaz en su despacho, la prueba de que el Ministerio del Interior conspiró para atacar a la oposición política. En una nota de 3 párrafos difundida el pasado 14 de julio, la Fiscalía General anunciaba que los fiscales del Tribunal Supremo no aprecian delito en la actuación de Jorge Fernández Díaz. Ha pasado una semana y no hay más detalles.
La Fiscalía General del Estado ha concluido que no hay indicios de delito en las palabras de Fernández Díaz y que el asunto de la grabación y la filtración son cosa de fiscalías provinciales, ¿qué opinión le merece a la Unión Progresista de Fiscales?
Por un lado tenemos la nota de prensa como única información disponible. No es precisamente un ejemplo de transparencia. Quizá en un asunto de tanta relevancia, lo suyo habría sido dar el dictamen completo de la Fiscalía del Tribunal Supremo analizando los posibles ilícitos, no limitándose a decir en una nota que no constituyen delito. Si la Fiscalía asume la decisión de tomar una decisión, al igual que hace cualquier tribunal, esa decisión debe ser motivada y pública.
Aunque no tenemos conocimiento de hasta donde han llegado las investigaciones, creemos que el asunto merecía algún tipo de investigación, más allá de recibir solamente el material como al parecer está haciendo algún juzgado de instrucción. Creo que es un asunto suficientemente relevante para que se le de la importancia que tiene.
Un material que, por otra parte, no reclamó la Fiscalía General y que le fue entregado por los periodistas por iniciativa propia.
Le damos muchísima importancia a las afirmaciones del ministro, sobre todo, por una razón: la Fiscalía y el contenido de esas declaraciones, además del lugar donde se han realizado, son muy relevantes. Habla de la Fiscalía como si fuera un instrumento al servicio de un poder del Estado, al servicio de un ministro, en el sentido de que puede afinar o no afinar algunos atestados o informaciones policiales. Eso no es la misión de la Fiscalía, trabajar para nadie. Y, desde luego, no trabajar para el Ejecutivo. Nosotros trabajamos para los ciudadanos.
Por otro lado, está la cuestión de cómo se han podido producir unas grabaciones en el Ministerio del Interior, que es una cuestión bastante preocupante desde el punto de vista de la seguridad.
¿Ha actuado la Fiscalía en la guerra sucia contra la oposición de estos años?
En las grabaciones se hace mención a posibles actuaciones concretas y esas actuaciones concretas no han existido, por lo tanto, por lo que nosotros conocemos, ha habido informaciones, atestados, que han sido desechados por la Fiscalía precisamente por carecer del rigor que exige una investigación de naturaleza policial, fiscal o judicial. Una investigación parte de unos hechos que son indicios que entonces dan lugar a una investigación, y no lo contrario: investigar a unas personas a ver si salen unos hechos que puedan dar lugar a unos indicios y a un delito.
Pero al final, ¿la decisión de la Fiscalía General no ha contribuido a que esa guerra sucia quede impune, a taparla?
Por las noticias que tenemos se deduce que los fiscales han hecho un trabajo profesional y excelente. Precisamente, lo que no han permitido es que denuncias inconcretas, prospectivas —como ha dicho en algún caso el Supremo—, la recopilación de informaciones periodísticas que aparecen en los periódicos, lleguen a constituir un proceso que se dirija contra una persona. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que alegrarse y simplemente reconocer que la profesionalidad de los fiscales está por encima de otro tipo de maniobras.
Después, la reacción de la Fiscalía General ante la investigación se puede interpretar de muchas maneras. Yo no creo que sea encubrimiento o que trate de tapar. Pero nos hubiera gustado una reacción con más contenido y también más contundente en defensa de la propia carrera, más allá que esa nota de prensa. Quizá lo que esperábamos de la Fiscalía General es lo que no ha dicho: que es inconcebible escuchar esas palabras en boca de un ministro y que, por supuesto, la Fiscalía jamás se va a servir o a proponer para seguir ninguna pauta marcada por el Ejecutivo porque lo tenemos prohibido estatutariamente y porque los cauces de relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía General están definidos por la ley y esos son los cauces que habría que seguir. Y esta contundencia, desacreditando las palabras del ministro, no hubiera venido mal.
¿Supone el anuncio de la Fiscalía General el portazo definitivo a una actuación judicial?
Queda todo el margen. La Fiscalía, en el marco en que haya sido, que no sabemos si ha sido un expediente informativo o unas diligencias de investigación penal, dicta su opinión, su resolución, pero siempre está el derecho de los ciudadanos a acudir a los tribunales a presentar una denuncia, incluso que los propios tribunales de oficio, o jueces de instrucción, decidan iniciar una investigación en este sentido porque la instrucción o la investigación no se agota en lo que haga la Fiscalía. Digamos que el trámite judicial está todavía sin realizar y queda todo el margen posible para una investigación.
La actuación de la Fiscalía General estos años, ¿hacía esperar un actuación como la que ha tenido en el 'FernandezGate'?
Es una opinión difícil de dar, desconocemos prácticamente cómo se ha dado y la motivación de esa resolución. Es complicado hacer un juicio. Nos hubiera gustado que hubiera sido una investigación y no un dictamen, que parece que es lo que tenemos, pero es que ni siquiera sabemos que sea así. Yo no se si era esperable o no, lo han hecho profesionales, fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que merecen desde luego toda la confianza profesional.
Otra cosa es la relevancia de los hechos y si son delito. No es sencillo pronunciarse sobre eso. Cada uno tendrá una idea o una opinión. Habría que ver todo el material que ha tenido la Fiscalía. Merecería una mejor explicación y quizá ahondar en vías de investigación que se pondrían haber agotado o abierto porque ahora tendremos que esperar que sea, quiz,á un tribunal el que lo haga.