“Reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros; yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova”. Con esta afirmación, Francisco Correa provocó la gran tormenta mediática del juicio por el caso Gürtel.
Para las acusaciones populares se trata de una declaración de calado que abre nuevas vías de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. Para las fiscales de la causa principal, afirmaciones “genéricas”. Y para su compañero en la pieza separada de la caja B del PP, Antonio Romeral, unos apuntes que estudia antes de que Anticorrupción decide si apoya la petición de reapertura solicitada por Izquierda Unida y Adade.
En este sentido, Romeral solicitó hace dos semanas una copia de la grabación en vídeo de la declaración de Correa, trece horas en tres jornadas distintas, según fuentes del Ministerio Público. La más grave de las afirmaciones que recoge es la que sitúa una trama de corrupción en el corazón mismo del Consejo de Ministros, con un 3% de dinero negro para el PP procedente de la gran obra pública en tiempos de Aznar.
La frase que encabeza esta información fue pronunciada por Correa el 13 de octubre. Al día siguiente, el principal acusado de Gürtel hizo algunas precisiones: citó a las constructoras OHL, ACS y Dragados y a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno de José María Aznar. Los ‘papeles de Bárcenas’, que originan la investigación de la financiación irregular del PP, confirman que las empresas están entre las que entregaron dinero negro al PP. Estas, por su parte, anunciaron querellas contra Correa.
Las acusaciones populares han pedido, entre otras diligencias, la declaración de Plácido Vázquez como imputado en el caso de la caja B. Lo han hecho después de que Correa le mencionara en varias ocasiones durante su declaración vinculándolo a la gestión y el cobro de mordidas. “Plácido Vázquez y yo trabajábamos en conjunto (…) Si había éxito con la obra, él recibía una cantidad”, declaró el presunto cabecilla de la Gürtel.
Plácido Vázquez estuvo imputado durante toda la instrucción de la pieza que se juzga ahora, pero las fiscales retiraron los cargos contra él en su escrito de acusación. Le investigaban por unas mordidas en relación a un contrato de basuras del madrileño barrio de Moratalaz en 2002, un presunto delito que resultaba prescrito. Ruz asumió el criterio de la Fiscalía y le sacó de la causa, pero Plácido Vázquez deberá acudir a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares para declarar como testigo.
El fiscal del caso de la caja B ha solicitado copia de la declaración como imputado de Plácido Vázquez en la pieza de principal de Gürtel, antes de decidir si respalda la petición de comparecencia como imputado en el caso de la financiación irregular del PP.
El denominado contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, declaró a los investigadores que había anotado ese nombre en un documento incautado sin conocer a quién se refería y que lo hizo por la instrucción telefónica que le dio Correa. En las anotaciones se hacía referencia a la recogida de 45 millones de pesetas por parte de Correa en casa de Vázquez. El documento apunta un papel clave de Plácido Vázquez en la trama de comisiones en tiempos de Aznar.
El escrito de Horrach
Otra de las declaraciones que solicitan las acusaciones populares es la de Juan Miguel Villar Mir, el poderoso empresario dueño de la constructora OHL, señalada también por Correa en su confesión. Izquierda Unida aporta una información de El Mundo, según la cual Jaume Matas pretende colaborar con la justicia asegurando que Javier Arenas ofreció una reunión al empresario con el extesorero Álvaro Lapuerta.
El presunto objetivo era que OHL se llevara la adjudicación de la construcción del hospital más grande de Baleares, Son Espases. Romeral solicitó información al respecto al fiscal del caso, Pedro Horrach, que el pasado 7 de noviembre ha contestado en un escrito en el que asegura que Matas no ha llegado a hacer declaración alguna en la Fiscalía ni en el juzgado, según las mismas fuentes consultadas por eldiario.es.
Cuando Anticorrupción recopile toda la información deberá decidir si apoya la reapertura de la causa de la caja B, en la que el juez José de la Mata dictó la apertura de juicio oral el pasado mes de mayo. El juicio está previsto que se celebre en 2017. Las acusaciones también pide la declaración de otro de los donantes, Alfonso García-Pozuelo, que ha llegado a un pacto con la Fiscalía en la pieza que se está juzgando.
Las citadas fuentes apuntan a dos obstáculos para pronunciarse a favor, la posibilidad de que los delitos que apuntó Correa hayan prescrito y la dificultad para demostrar el cohecho, la misma por la que Ruz retiró la imputación contra la veintena de empresarios de los que, sin embargo, había la seguridad de que habían entregado dinero negro a la caja B del PP. En la época de los hechos no existía el delito de financiación irregular y para acusar de cohecho era necesario demostrar que una cantidad ha sido entregada a cambio de una adjudicación concreta.