El juez de la sala segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido enviar a la presidenta del Parlament Carme Forcadell a prisión, con la posibilidad de que salga de prisión si reúne 150.000 euros. Lluis Corominas, Lluis Guinó, Ramona Barrufet, y Ana Simó quedan en libertad y deberán pagar 25.000 euros antes de una semana para eludir la prisión.
En el caso de que consigan reunir esas cantidades, el juez les prohíbe salir del territorio nacional, les retira el pasaporte y les obliga a comparecer cada semana en el juzgado. Joan Josep Nuet es el único que queda en libertad sin medidas cautelares.
En las declaraciones de los seis acusados de rebelión han participado cuatro fiscales. Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno se han ido turnando para interrogar a los seis miembros de la Mesa. Al término, han reclamado la prisión incondicional para Forcadell, Guinó, Simó y Corominas, una fianza de 50.000 para Barrufet y la libertad para Nuet.
El juez ha estimado en parte las explicaciones de Forcadell, la primera en declarar y quien ha marcado la estrategia que han seguido sus compañeros de la Mesa del Parlament: ha acatado la aplicación del artículo 155 y ha reconocido que, conforme a la “legalidad vigente”, es “evidente” que el Parlament está disuelto.
La presidenta del Parlament ha añadido además que la declaración unilateral de independencia de Catalunya era “declarativa y simbólica”, sin efectos jurídicos. No todos han usado las mismas palabras, pero sí han coincidido en darle valor político y restarle trascendencia jurídica a la DUI.
Forcadell lideró todas las fases de la independencia
En el auto de prisión, el juez señala que Forcadell “ostentó primero la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, desde cuyo mandato perfiló, asumió, y comprometió, una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva, cuya instrumentación se analiza”. Después pasó a la presidencia del Parlament, desde donde “aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba”.
Forcadell ejerció su “liderazgo” en cada una de las fases del proceso, ejerciendo un papel “que no es comparable con la que puede atribuirse a la mayor parte del resto de partícipes”. Desde la presidencia del Parlament desoyó también todas las resoluciones del Tribunal Constitucional, lo que ha quedado “perfecta e inmutablemente esculpido en los diarios de sesiones del Parlamento de Cataluña”.
El juez también repasa los argumentos de la Fiscalía sobre las movilizaciones violentas. “Los promotores de la independencia podrían haberse servido de estos puntuales focos violentos, y de una movilización decida y pacífica mucho mayor, para exhibir los movimientos populares como la espoleta de una eventual explosión social”, escribe el juez.
Sin embargo, el juez asume que sus actuaciones puede que no constituyesen un delito de rebelión, como sostiene el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Según escribe, los hechos podrían “integrar figuras delictivas de menor rigor punitivo que el delito de rebelión”, penado con hasta 30 años de cárcel. Sigue así la línea marcada por los magistrados del Supremo que admitieron la querella, que plantearon la posibilidad de que fuese tan solo un delito de conspiración para la rebelión o tan solo sedición.
Renuncian a la vía unilateral
Durante su declaración, Lluís Corominas, Anna Simó y Lluís Guinó han continuado con la estrategia conjunta para restar valor jurídico a la declaración del 27 de octubre. Barrufet se ha alejado de la estrategia y ha admitido que el referéndum del 1-O no tuvo garantías. Además, ha rechazado la vía unilateral para la independencia, un objetivo, ha dicho, que solo se puede alcanzar mediante pactos.
En un último intento por sumarse a la vía de Barrufet y evitar la prisión incondicional, Corominas y Guinó han renunciado expresamente a la vía unilateral para proclamar la independencia de Catalunya. En lenguaje jurídico, han renunciado a continuar con la actividad delictiva, con la confianza en que ese rechazo al proceso soberanista sirviese para rebajar sus medidas cautelares.
Es más, el juez señala en su auto que todos los querellados, no solo han asumido el 155, sino que han manifestado que unos directamente han renunciando a la actividad política futura, mientras que los que seguirán en política han asegurado en el Supremo que “lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”.
Por su parte, Joan Josep Nuet, el último en declarar, ha tratado de convencer al juez de que en ningún caso facilitó la tramitación de las leyes que han servido para dotar de un armazón legal al referéndum del 1-O. Su línea de defensa ha convencido a la Fiscalía y al propio Llarena, que le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.
Una jornada tranquila a las puertas del Supremo
La jornada había comenzado temprano otro jueves más para los miembros de la Mesa. Todos llegaron en furgonetas de Cabify poco antes de las 9:30, la hora en la que estaban citados en el Tribunal Supremo en pleno centro de Madrid. El festivo local, día de la Almudena, o la proliferación de citaciones ante la Justicia de los dirigentes independentistas o la suma de ambas cosas propició que esta vez fuesen menos los espontáneos con banderas españolas que recibieron a la comitiva del Parlament.
Hubo gritos “catalanidad es hispanidad”, “todos al trullo”, y algunos insultos algo más severos. La policía retiró a los manifestantes, que no llegaban a la docena, de la zona de la calle reservada a medios de comunicación. Así que el ruido se lo quedó el colectivo de perjudicados Afinsa y Fórum Filatélico que aprovecharon la concentración de cámaras para intentar llamar la atención de la prensa.
Tampoco el grupo de independentistas no imputados fue muy numeroso a las puertas del Supremo. Según avanzaban las horas, el cuadrante vallado por los agentes para contener a los manifestantes se fue vaciando.
A la salida, una vez conocido el auto, un grupo de simpatizantes independentistas saludaron la libertad de sus compañeros con gritos de “no estáis solos” y otros más tímidos de “independencia”. Fueron solo unos minutos de abrazos y saludos. Luego, Simó, Guinó, Corominas y Barrufet se metieron en la furgoneta y salieron a disfrutar de su libertad provisional. A partir de mañana deberán reunir 25.000 euros cada uno para seguir fuera y, si es el caso, para hacer campaña electoral.
El juez Pablo Llarena ha dictado un segundo auto en el que deniega la medida cautelar de fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones de euros solicitada por la Fiscalía para los seis exmiembros de la Mesa del Parlament de Catalunya querellados. El magistrado no concede la medida solicitada “sin perjuicio de que pueda ser acordada, en la cuantía que corresponda, si el contenido de la instrucción que se inicia lo mostrara pertinente”.
El Supremo se distancia así de nuevo de la Audiencia Nacional. La jueza Carmen Lamela, que instruye la parte de la causa que afecta a los miembros del depuesto Govern, sí que aceptó imponer esa querella por el desvío de dinero para sufragar los gastos del referéndum. La jueza, después de que los investigados no hayan pagado esa cantidad, iniciará los trámites para ejecutar los embargos.
Llarena, por su parte, señala en su auto que todavía no hay pruebas suficientes para afirmar que los gastos del referéndum salieron de los presupuestos de la Generalitat. En ningún caso, añade, hay “ninguna base probatoria” de que la cantidad malversada alcance los 6,2 millones de euros.
“Antes al contrario, las defensas aportan una certificación de la Intervención de la Generalidad de Cataluña, que únicamente refleja unos gastos aproximados de 25.000 euros, correspondientes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información”, recoge Llarena.