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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación contra el rey emérito por el supuesto cobro de una comisión para hacer de intermediario en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca en favor de un conglomerado de empresas españolas. Los fiscales investigan si Juan Carlos de Borbón cometió blanqueo de capitales y delito fiscal, según fuentes jurídicas.
En un comunicado, la Fiscalía informa de que la investigación trata de “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a que el rey emérito abdicase en junio de 2014, “momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad” que la Constitución da al jefe del Estado. Las pesquisas se centran en la Fase II de la construcción del llamado “AVE del desierto” que una las ciudades de Medina y la Meca.
El pasado 5 de junio la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designó para esta investigación a Juan Ignacio Campos Campos, fiscal de Sala del Supremo especialista en delitos económicos.
En el comunicado, la Fiscalía afirma que “dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúna una extraordinaria cualificación y experiencia”. Además se añade que estará auxiliado por un equipo confirmado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán “la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación”.
La intermediación de Juan Carlos I en el proyecto del AVE a La Meca se justificaba en el interés de un grupo empresarial español en un proyecto de más de 60.000 millones y la gran proximidad del monarca español con la familia real saudí. El consorcio de empresas españolas con otras saudíes obtuvo finalmente la adjudicación de la Fase 2 del proyecto en 2012.
Una de las empresas españolas era la división internacional de OHL, la compañía del grupo fundado por Juan Miguel Villar Mir, del que el empresario Javier López Madrid sigue siendo a día de hoy consejero delegado. López Madrid dejó el cargo de consejero en OHL en 2017, a raíz de su imputación por la financiación irregular del PP madrileño.
El contrato entre el consorcio Al Shoula, formado por 12 empresas españolas y dos locales, y los saudíes sufrió diversos retrasos y disputas, tanto entre las firmas que integraban el citado consorcio como con el Gobierno saudí. Los encontronazos se prolongaron hasta mayo de 2018 cuando se firmó un acuerdo en el que la parte española arrancó 210 millones de euros adicionales.