Garzón limita al máximo la publicidad de las apuestas que reportan cientos de millones a grupos de comunicación y equipos de fútbol

Lo advirtió en una reunión con los principales implicados el pasado mes de febrero y lo ha hecho antes de que terminara el año. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha sacado adelante esta semana el real decreto que pone coto a la publicidad de las apuestas deportivas y del juego compulsivo. Un lucrativo negocio de miles de millones de euros del que se benefician no solo las empresas operadoras del sector, sino también grandes grupos de comunicación y los equipos deportivos, especialmente los clubes de fútbol. Pero también es una lacra social que amenaza a toda una generación de jóvenes, aunque no solo, especialmente en las clases populares. Pese a las presiones recibidas tanto en el Ministerio como en las filas del PSOE y de Unidas Podemos, la partida se ha decantado esta vez del lado de los consumidores más vulnerables y se da así por cumplida, en parte, una de las promesas electorales de la coalición de IU y Podemos.

La regulación de la publicidad del juego se ha hecho en tres fases, lo que ha provocado no pocos problemas a Garzón entre su propia base social e incluso en el seno de Unidas Podemos, donde conviven diferentes tradiciones políticas y estrategias. Al ministro de Consumo se le exigía dar cumplimiento inmediato a una promesa electoral que debía atajar un problema muy grave, creciente y que ningún otro Ejecutivo había abordado previamente. De hecho, Izquierda Unida, igual que Podemos, han hecho bandera desde hace años de la necesidad de poner coto al juego compulsivo (el de las apuestas, pero no solo) y han denunciado su impacto en los barrios más desfavorecidos. Desde las asociaciones de jugadores rehabilitados también se criticaron los primeros pasos del ministro.

Atajar este problema implica, primero, poner límites a la publicidad. Una reivindicación histórica de las asociaciones que luchan contra la ludopatía. “La publicidad se hace porque funciona. Es así de simple. Si las empresas se gastan esta millonada es para captar nuevos clientes”, aseguraba a este medio el año pasado Bayta Díaz, psicóloga de APAL, una de las asociaciones que lucha contra la ludopatía. El uso de personajes famosos, desde presentadores de televisión como Carlos Sobera o José Coronado a músicos y periodistas deportivos con especial ascendencia sobre los jóvenes, hasta deportistas de talla mundial como Usain Bolt redunda en relacionar las apuestas con el éxito.

Sucedió en el pasado con otros productos, como el tabaco o el alcohol. Hace un par de décadas no eran pocos los espacios deportivos patrocinados por marcas de cigarrillos o bebidas de altísima graduación, que patrocinaban además eventos de todo tipo: desde conciertos para jóvenes a competiciones de distintos niveles, no necesariamente profesionales y también equipos de fútbol o baloncesto. Estas mismas empresas insertaban sus anuncios en programas de radio y televisión, así como en prensa.

Hoy esa publicidad está prohibida. Y los grandes anunciantes de otros sectores han sido sustituidos paulatinamente, durante los años de la crisis, por las casas de apuestas, que han colonizado el mercado, sobre todo en el ámbito deportivo. No hay retransmisión, radiada o televisada, que no dispare decenas de impactos publicitarios alentando el juego, que ofrece descuentos en directo para hacer apuestas o bonos de fidelización, en los que las empresas del sector se gastaron 129 millones en 2019, según datos oficiales del Ministerio de Consumo.

Y en las últimas elecciones generales ese era uno de los compromisos que asumió Unidas Podemos en su programa: prohibir la publicidad de las casas de apuestas. “Estamos muy contentos porque hemos podido cumplir con la propuesta en menos de un año, que era nuestro objetivo”, señala el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en conversación con elDiario.es. Sin llegar a la prohibición total, la nueva ley va a limitar drásticamente los anuncios de los operadores de juego e implica que los operadores que incumplan el veto a los anuncios puedan perder su licencia durante seis meses, además de afrontar multas de hasta un millón de euros.

Primero se puso en marcha un veto limitado. Esa normativa se endureció después para acotarla a las madrugadas y, sin excepciones para el fútbol. Ahora se ha aprobado un decreto mucho más restrictivo. “El proceso ha sido complejo desde el punto de vista técnico”, reconoce Garzón, hasta que han encontrado la que consideran “la vía más corta y efectiva” con el decreto que entró en vigor el pasado jueves y que ya está plenamente vigente. “Creo que damos un paso gigante. Desde 2011 había que elaborar una norma para regular la publicidad. Han tenido que pasar nueve años hasta que lo hemos conseguido nosotros. Eso da muestra de las dificultades y de los poderes que se veían afectados”, zanja el también coordinador general de IU.

Las resistencias de anteriores gobiernos a legislar sobre la materia se explican, quizá, en esta última frase de Garzón. En el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, las competencias sobre el sector recayeron –hasta que acabó dimitiendo por el escándalo de su falso máster– en la ministra de Sanidad y Consumo, Carmen Montón. La dirigente valenciana renunció a meterse en el avispero que supone incomodar a importantes grupos de comunicación cuyos ingresos dependen de la publicidad de las apuestas. Pese a que recibió peticiones de asociaciones contra el juego y algunas sugerencias en ese sentido, evitó regular los anuncios de las casas de apuestas y también de los equipos de fútbol.

Desde el Ministerio prefieren no polemizar sobre los motivos que han demorado uno de sus principales retos al llegar al Gobierno. En una entrevista con este medio publicada esta misma semana, el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, señalaba: “No podemos responder sobre las razones por las que anteriores ejecutivos no adoptaron esta medida, pero tanto en el acuerdo de coalición como en las líneas estratégicas que desgranó el ministro en su primera comparecencia parlamentaria, esto era una prioridad política, dada la situación de alarma social y los datos de salud pública que teníamos”. 

La realidad es que el juego mueve en España miles de millones de euros: hasta 17.000 solo en juego por Internet en 2018. Y los datos van cada año en aumento. En 2019 se invirtieron 183 millones de euros para publicitar en diferentes medios y formatos el juego por Internet, según las cifras de la Dirección General de Ordenación del Juego. 13 millones más que un año antes. Y casi 21 millones en patrocinios, un aumento de seis millones.

Esta inversión tiene sus beneficios. El GGR (Gross Gaming Revenue, en inglés) es el indicador estándar que mide la diferencia entre todos los ingresos que una operadora de juego recibe en forma de apuestas y la cantidad que reparte en premios. De nuevo hablando del mercado digital, en 2019 la cifra alcanzó los 748 millones de euros, por los 699 de 2018.

Los tres actores que fundamentalmente verán lastrados sus ingresos económicos han intentado paralizar la norma. Y para ello no han escatimado en presiones, como reconocen diferentes fuentes consultadas por elDiario.es. Se trata de medios de comunicación, que además cuentan entre sus accionistas con importantes entidades bancarias; o equipos de fútbol cuyos presidentes comparten palco de forma habitual con destacados dirigentes políticos; y las propias empresas del juego, que cuentan en sus consejos de administración con expolíticos que salieron del servicio público a esos despachos a través de puertas giratorias. 

“Ha habido quejas de la patronal del juego, de la Liga de Fútbol y de los operadores de prensa escrita y radios”, asegura una fuente del PSOE a elDiario.es. Uno de los argumentos utilizados, explica la misma fuente, es que es la nueva legislación “iba a provocar el cierre de algunos medios de comunicación y la pérdida de puestos de trabajo”. Pero el día de la aprobación del real decreto, Garzón ya aseguró que el Gobierno se limitaba a acabar con “la ley de la selva” en este campo y defendió que, gracias al periodo transitorio que se da para extinguir los contratos de patrocinio vigentes, a petición del Consejo de Estado, la norma va a impactar solo en “pequeña medida” sobre los medios de comunicación y sobre los clubes de fútbol.

Este no es el primer conflicto que afronta el Ministerio de Garzón, quien se ha topado desde el inicio de la legislatura con las presiones de grandes grupos y de empresas con línea directa con destacados dirigentes tanto de los partidos como de otras carteras ministeriales. En Consumo recuerdan las dificultades para poner en marcha la reciente limitación de las bebidas azucaradas. O algunas de las medidas que afectaban a bancos y empresas de telecomunicaciones durante el primer estado de alarma, la pasada primavera. 

En el lado del Gobierno que controla Unidas Podemos se muestran satisfechos de no haber cedido ante esas presiones. Con todo, en Consumo son conscientes de que el paso dado es solo eso: un paso. “Queda mucho por hacer para atajar este drama social puesto que la publicidad es sólo un aspecto de un problema mucho más complejo”, reconoce el propio Garzón. Un problema que afecta sobre todo a los jóvenes, que no encuentran siempre opciones de ocio asequibles y que pasan muchas horas en las casas de apuestas, donde adquieren actitudes de consumo compulsivo muy peligrosas mientras se les ofrece un desayuno o bebidas gratis.

Tal y como reveló una investigación de El País, uno de cada cuatro centros de educación secundaria en Madrid está a menos de 150 metros de una casa de apuestas. Por ejemplo, el centro de Formación Profesional Teide del barrio de Quintana tiene un salón de juego en uno de los locales comerciales que hay bajo sus aulas. A pocos metros de este instituto se ubica la sede de la APAL. Frente a ella también hay un punto de apuestas deportivas.

“Esta norma es fundamental pero no se agota el programa”, anticipa Garzón. “Queremos promover ahora campañas de sensibilización y prevención, además de trabajar con Comunidades Autónomas para abordar el juego de apuestas presencial”, añade. 

Ese fue uno de los problemas que se encontró Garzón: la división de las competencias. La regulación del juego, como otras materias, está dividida entre el Gobierno central y los autonómicos. Así, la publicidad sí depende del Estado, mientras la normativa referente a las casas de apuestas, por ejemplo, está en manos de las Comunidades Autónomas. Hacia ahí se dirigirán ahora los esfuerzos de Consumo.