El Gobierno asume que la crisis con ERC deja en el aire las leyes de vivienda, memoria y seguridad ciudadana

El Gobierno es consciente de que el espionaje del CNI al mundo independentista, por mucho que fuera en parte autorizado por un juez, lo ha sumido en su mayor crisis política con los socios desde que se inició la legislatura. Aunque en Moncloa dan por hecho que la situación con ERC se reconducirá pronto, a la espera de la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès cuya fecha se desconoce por ahora, asumen que tendrá efectos en su producción normativa o, al menos, en el calendario de aprobación de leyes en el Congreso. 

En el Ejecutivo reconocen que ninguna de las medidas ‘estrella’ que están en el Parlamento saldrá adelante antes del verano, por muy avanzada que esté su negociación. Y atribuyen la dilación a la situación delicada que atraviesan las relaciones con ERC tras el estallido del escándalo por el espionaje. El periodo de sesiones acaba a finales de junio tras una prolija agenda internacional de Pedro Sánchez, que protagonizará al menos dos comparecencias entre mayo y junio: una forzada por la oposición para rendir cuentas por el espionaje y otra para informar sobre el Consejo Europeo y de su viaje a Marruecos. La intención de los socialistas es que se celebre algún pleno en julio –cuando Moncloa prevé convocar el debate sobre el estado de la nación–, pero no las comisiones para activar leyes como la denominada ley mordaza, aprobada por el Gobierno de Rajoy y todavía vigente en algunos de sus aspectos más polémicos, la de vivienda o la de memoria democrática.

La revelación de que unas 65 personas vinculadas al soberanismo catalán y vasco, entre ellas el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (antes de serlo) fueron vigiladas a través del sistema Pegasus ha obligado al PSOE a meter de nuevo en el cajón la reforma de la ley mordaza, según reconocen fuentes del grupo socialista, que señalan que el texto está muy avanzado, a falta de cerrar algunos flecos. No es la primera vez que la tramitación de esa norma se bloquea: la batalla por la reforma laboral -que finalmente salió adelante gracias al error en el voto telemático de un diputado del PP- también supuso que fuese postergada, de acuerdo con las mismas fuentes. 

La reforma de la ley de seguridad ciudadana que aprobó el PP en 2015 con el rodillo de su mayoría absoluta, denominada por sus críticos como 'ley mordaza', fue una de las primeras iniciativas que se registraron esta legislatura (después de haberlo intentado sin éxito en la anterior). El PNV la llevó al Parlamento en diciembre de 2019, pero no fue hasta nueve meses después cuando se admitió a trámite. A pesar de que PSOE y Unidas Podemos, además del resto de aliados, se comprometieron hace ya casi siete años a derogar esa norma, el grueso de sus medidas sigue vigente y algunas de ellas incluso fueron utilizadas para sancionar las vulneraciones del estado de alarma en lo peor de la pandemia. También sigue en vigor los artículos referidos a las devoluciones en caliente, pero la decisión de Moncloa es abordar el asunto dentro de la Ley de Extranjería, dadas las discrepancias que mantiene ahora con el resto de grupos. 

La derogación de la ‘ley mordaza’ está en fase de ponencia y se han ido dando pasos para la aprobación de un nuevo texto, como el acuerdo para que la retención para identificar a sospechosos por parte de las fuerzas de seguridad no supere las dos horas y que la persona tenga que ser devuelta al mismo lugar, pero en el PSOE reconocen que “no va a dar tiempo” en este periodo de sesiones, que se pausará además durante dos semanas por las elecciones andaluzas del 19 de junio. 

Esa es una de las normas más avanzadas de las grandes promesas del Ejecutivo de coalición que se han planteado como proposiciones o proyectos de ley. Fuentes socialistas también apuntan a que la ley estatal de vivienda tendrá que esperar meses para ver la luz, a pesar de haber solicitado su tramitación urgente. Gobierno y ERC ya llegaron a un primer acuerdo que permitió salvar in extremis el inicio de la tramitación al aceptar Moncloa un compromiso explícito sobre la atribución competencial, que era una de las principales discrepancias de los republicanos. 

Otra norma que lleva en el cajón mucho tiempo, sin visos de desempolvarse, es la Ley de Memoria Democrática, que nació bloqueada. El PSOE la llevaba como bandera, pero ha pasado a apenas mencionarla ante el riesgo de que naufrague el texto que contempla la anulación de los juicios políticos del franquismo, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o la eliminación de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura. ERC exigió desde un primer momento que se incorpore una modificación de la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan investigar y juzgar crímenes cometidos durante el franquismo, un extremo que en Moncloa ven imposible. La norma lleva en stand by desde noviembre. 

Fuentes de los republicanos admiten que no pueden votar en contra de leyes sociales como la de vivienda o la del “solo sí es sí”, que está empantanada sin haber llegado aún al Parlamento. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, lo expresó así esta semana en una entrevista en El País: “Nosotros estamos aquí para ayudar al conjunto de la ciudadanía. Coincidiremos con el Gobierno si rema en esta misma dirección”. “Nuestra voluntad es poder votar aquello que estemos convencidos de que es útil para la ciudadanía”, agregó el dirigente catalán, que rebajó la exigencia de cese de Margarita Robles horas antes de que el Consejo de Ministros destituyera a la directora del CNI, Paz Esteban, como gesto a los socios. 

A esa posición de los republicanos se agarran en el PSOE, donde confían en desencallar definitivamente la situación. “Seguimos trabajando con ERC. Nunca se han roto las negociaciones ni nada. Había muchísimo cabreo, pero también mucha escenificación”, señala una dirigente. 

Sin embargo, la situación es complicada. La primera fractura se produjo en la negociación de la reforma laboral y el siguiente aviso de los republicanos –este ya sí que por el espionaje– llegó con el voto contra el plan de choque para paliar los efectos de la guerra, cuya aprobación volvió a mantener en vilo al Gobierno prácticamente hasta el último minuto. Lo que descartan en Moncloa es que la ley de seguridad nacional –a la que ERC presentó una enmienda a la totalidad secundada por el resto de aliados– obedezca a la misma situación. “La ley de seguridad nacional la han pactado siempre PP y PSOE”, señalan fuentes gubernamentales.

Sin embargo, en la última sesión plenaria, ERC tampoco apoyó ninguna de las demás iniciativas del Gobierno: votó en contra de la propuesta del PSOE para endurecer el delito de trata del que son víctimas mujeres ucranianas bajo el argumento de que es “discriminatorio” respecto a otros conflictos, se opuso al proyecto que regula la fabricación de explosivos porque deja fuera a los mossos, y se abstuvo en el decreto que contempla un “sistema excepcional” para perseguir los bienes y cuentas de oligarcas rusos en manos de testaferros. 

Tras las votaciones y en plena polvareda por la debilidad parlamentaria de la coalición, Moncloa emitió una inusual nota de prensa en la que recalcaba que el Gobierno había conseguido “los apoyos necesarios para continuar avanzando en la agenda legislativa” y recopilaba los datos de iniciativas aprobadas en el Congreso esta legislatura: “Se han aprobado 140 iniciativas legislativas (59 leyes, 80 decretos leyes y un decreto legislativo)”. 

En el Gobierno se escudan precisamente en que todas las medidas que lleva al Parlamento salen adelante, aunque sea con distintas aritméticas –solo se ha tumbado el decreto de los remanentes para los ayuntamientos–. “Llevamos cuatro años en los que cada cierto tiempo tenemos turbulencias y ERC se pone como se pone, pero ¿hemos perdido algo en el Congreso?”, se preguntan en la cúpula socialista. “ERC se tienta mucho la ropa de que saquemos las cosas sin ellos”, señala esa misma fuente que asegura que los republicanos “hablaron” con EH Bildu sobre el plan de choque contra la guerra y que votaron en contra como aviso tras cerciorarse de que saldría adelante y no pondrían en riesgo esas medidas imprescindibles para paliar la crisis. 

Sánchez trasladó a los suyos en la última Ejecutiva del PSOE la necesidad de confrontar la idea que está instalando el PP de que la legislatura llega a su fin y tratar así de evitar una campaña permanente durante el más de año y medio que queda hasta las elecciones. Por eso en sus apariciones públicas desde que comenzó la crisis por el espionaje insiste en que el mandato durará hasta diciembre de 2023, después de ocupar la presidencia europea. 

“Ninguna dificultad, ninguna turbulencia y ninguna crisis puntual nos va a desviar al Gobierno de coalición progresista de la tarea de transformación y de modernización que estamos llevando gracias a los fondos europeos”, afirmó el jueves en la inauguración del evento 'Fondos europeos de recuperación: los principales proyectos, al detalle' organizado por elDiario.es. En su discurso, mayoritariamente económico, defendió que PSOE y Unidas Podemos, junto a los aliados parlamentarios, han dado a través de los acuerdos “la estabilidad que necesitaba España”.