El Gobierno colombiano pidió este lunes “sanciones ejemplares” para los responsables de las escuchas ilegales de militares a políticos, magistrados, generales y periodistas, denunciado el sábado pasado por la revista Semana.
“De hallarse que hubo irregularidades, el Gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar”, afirmó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en una rueda de prensa en la que estuvieron también los comandantes de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y del Ejército, general Eduardo Zapateiro.
Según el informe titulado “Chuzadas sin cuartel”, el relevo como comandante del Ejército colombiano del general Nicacio Martínez, cuestionado por su política frente a los derechos humanos, fue precipitado en diciembre pasado por las escuchas ilegales.
Esas interceptaciones, realizadas el año pasado, se hacían desde dos guarniciones del Ejército “como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la Justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”.
Un militar señaló a Semana que le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución pero resultó siendo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que hizo parte del Ejército.
“Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático (partido de Gobierno)”, añadió el uniformado.
Este caso recuerda al de las “chuzadas”, como se conoce en el país al escándalo de interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), hoy senador del Centro Democrático.
INVESTIGACIÓN
En ese sentido, el ministro de Defensa manifestó que el Gobierno solicitó a “los organismos competentes” que investiguen las denuncias.
“Ahora lo que corresponde es avanzar en el esclarecimiento de la verdad (...) y esa verdad -que es de naturaleza administrativa, disciplinaria, penal o fiscal- se conseguirá a través de las investigaciones que deben adelantar las entidades competentes”, aseveró Trujillo.
Añadió que el Gobierno y las Fuerzas Militares solamente tuvieron “conocimiento de esos hechos” cuando leyeron “el artículo que es hoy de conocimiento público”.
“Lo único que se conoce es el escrito de la revista Semana. Las circunstancias, los nombres, los hechos, las condiciones de modo, tiempo y lugar en que presuntamente se produjeron esos hechos ilícitos se esclarecerán a raíz de las investigaciones que se adelanten”, apostilló.
DENUNCIAS DE CONGRESISTAS
En junio pasado, los senadores opositores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras denunciaron que fueron víctimas de escuchas ilegales por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con lo que aseguraron que se buscaba crear un “montaje judicial”.
En ese sentido, otro militar señaló que cuando los congresistas hicieron la denuncia se activó una operación “de contrainteligencia para cubrir su rastro y desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia”, según el artículo de Semana.
Frente a lo dicho por el ministro Trujillo, el senador Barreras acusó al Gobierno y a la Fiscalía de conocer “estos seguimientos ilegales”.
“Personalmente denuncié estos hechos ante el presidente de la república (Iván Duque) en julio 6 de 2019 y ante Fiscalía amplié esa denuncia el 29 de agosto. ¿Como así que 'solo se tuvo conocimiento' cuando leyeron Semana? Si lo niegan, si lo ocultan, ¿qué garantía hay de que desmantelen esos aparatos?”, afirmó este lunes Barreras en Twitter.