El Gobierno estudiará la supresión del ducado de Franco, el título nobiliario que el rey Juan Carlos concedió a la familia del dictador en 1975 y que tras la muerte de Carmen Polo reclamó Carmen Martínez-Bordiú. Rafael Catalá se lo otorgó el mismo día que se debatía la moción de censura con la que Pedro Sánchez desbancó a Mariano Rajoy. El trámite administrativo sigue su curso sin que haya marcha atrás, pero el Ministerio de Justicia analizará las posibilidades de eliminar el ducado a través de la nueva Dirección General de Memoria Histórica.
El departamento de Dolores Delgado explica que el trámite de sucesión del ducado ya está finalizado y que no hay forma de paralizarlo. Aunque no se ha publicado en el BOE, en Justicia aseguran que es normal y que el proceso tarda entre 30 y 45 días. La rúbrica del rey Felipe VI aparecerá en el decreto. Fuentes de la Casa Real aseguran que el jefe del Estado “no toma decisiones” de ese tipo sino que su función es avalar las publicaciones que llegan del Ejecutivo.
Por tanto, Carmen Martínez-Bordiú será duquesa de Franco, aunque el Gobierno estudiará cómo revocar ese título para que desaparezca. No obstante, desde Justicia precisan que “no será inmediato” puesto que no es una de las prioridades en esa materia. Lo primordial es la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos, que Sánchez pretende que se lleve a cabo en el mes de julio.
El PSOE reclamó la anulación del ducado
El Ministerio de Justicia contará con una dirección general de Memoria Histórica que se encargará de todas las materias relacionadas con la ley. Ese órgano se creará este viernes en el Consejo de Ministras y el lunes comenzará a funcionar. Delgado ha barajado tres nombres para poner al frente de ese departamento de nueva creación y el responsable de Memoria Histórica en la Ejecutiva del PSOE, Fernando Martínez, es el que tiene más posibilidades de ocupar el puesto.
Ese departamento analizará cómo se puede revocar un ducado. La Constitución otorga al rey la capacidad de “conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes”. Sin embargo, hay un vacío legal con respecto al proceso para hacer desaparecer esas condecoraciones.
El PSOE pidió que se anulara ese ducado cuando estaba en la oposición a través de un escrito remitido a Justicia. También IU lo ha exigido. En la Casa Real aseguran que el jefe del Estado no tiene atribuida la potestad de retirar esos títulos y que la decisión correspondería al Gobierno. “Será la dirección general la que tenga que estudiar la fórmula”, dicen en el Ministerio. Todavía no está sobre la mesa.
Fórmulas legales para su desaparición
El diputado Odón Elorza planteó a la dirección del grupo socialista en el mes de mayo la necesidad de presentar una proposición de ley para regular la revocación de los títulos nobiliarios. Elorza expuso tres fórmulas: que el Congreso lo aprobara por mayoría absoluta y el rey ejecutara la desaparición; que el Parlamento lo acordara por mayoría absoluta; o que el rey pudiera hacerlo motu proprio o por indicación del Congreso.
En el PSOE están convencidos de que el ducado podría eliminarse en cumplimiento de la ley de memoria histórica, que obliga a las administraciones a la retirada de símbolos que exalten la sublevación militar, la guerra o la dictadura. Su artículo 15 incluye las “menciones conmemorativas”. Los socialistas entienden que el ducado de Franco, en tanto que concesión nobiliaria, debe desaparecer. El Gobierno de Mariano Rajoy, sin embargo, se negó a hacerlo bajo el pretexto de que es un título “simplemente honorífico” que no confiere ningún “privilegio”.
Fuentes de Justicia recalcan que la retirada del ducado de Franco no será “inmediata” puesto que la dirección general de Memoria Histórica a la que pretenden dotar de “capacidad de iniciativa” tiene por ahora otra prioridad: la exhumación de Franco.
¿Sacar los restos vía decreto?
Sánchez quiere que sus restos estén fuera del Valle de los Caídos en el mes de julio. El Gobierno está estudiando la fórmula con la que ejecutar ese mandato. Una de las opciones es que sea a través de un decreto. En el PSOE no lo ven necesario. Otra posibilidad es que sea a través de un acuerdo.
Las gestiones ya han comenzado. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha hablado ya con la Iglesia y con la familia Franco. Sánchez se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal el martes y los obispos no se opondrán a la retirada de los restos.
Más complicada será la posición de la familia del dictador. Francis Franco, uno de sus nietos, escribió una carta al presidente que se publicó en La Razón en la que mostraba la “rotunda oposición a su traslado para el manejo político de sus restos”. Fuentes socialistas aseguran que el acuerdo con la familia no es imprescindible para que se pueda llevar a cabo la exhumación.