Información concreta, muy poca, pero empatía, toda la que quieras. El Gobierno tuvo el lunes la primera oportunidad de responder en el Parlamento a las informaciones que indican que 65 personas, la inmensa mayoría catalanas, fueron espiadas con Pegasus, el software de origen israelí más invasivo que se ha extendido por el mundo y cuyos clientes son servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Óscar López, director del gabinete del presidente del Gobierno, compareció en el Congreso para hablar de la Estrategia de Seguridad Nacional, cuyo diseño y gestión se hacen desde Moncloa. Los partidos cuyos políticos han sido espiados querían hablar del asunto que les interesa. En cierto modo, el ciberespionaje tiene mucho que ver con la seguridad y la defensa, aunque en este caso parece que las amenazas no vienen del exterior.
López podría haberse encerrado en la respuesta que dieron la semana anterior la ministra de Defensa y la ministra portavoz del Gobierno. La que dicta que todo lo que hace el CNI es secreto por ley, con lo que no se puede hablar en público del CNI. El único lugar muy restringido en que se puede hablar no existe en esta legislatura, porque no se ha constituido la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso. Prefirió no aprovecharse de ese escudo legal, aunque tampoco es que resultara muy hablador.
El Gobierno es consciente de que la polémica puede congelar o fulminar la relación con un socio estable como ERC al que necesita para aprobar leyes y decretos esenciales. Por eso, envió al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a Barcelona este fin de semana para reunirse con la consellera de Presidencia del Govern. Óscar López puso cara de compartir la preocupación de sus enfadados aliados, en especial de los que han sufrido un ataque personal, incluidos cinco diputados. Dos de ellos –Míriam Nogueras y Jon Iñarritu– estaban en la sala.
“Empatía, preocupación, faltaría más, como demócrata, suscitadas por la información del New Yorker”, dijo López. Así que Moncloa reconoce de alguna manera que la situación que han sufrido algunas personas no es justa como mínimo. ¿Pero quién es el responsable? Según el jefe de gabinete de Moncloa, eso es un misterio. “Algunos atribuyen responsabilidades que yo no he visto en ninguna de las informaciones”, explicó.
Será que no ha leído el amplio informe publicado por The Citizen Lab, organismo de la Universidad de Toronto que ha investigado este tipo de espionaje. No acusa directamente al Gobierno español o al CNI, pero los señala como la pista más plausible.
“En este momento, The Citizen Lab no llega a la conclusión firme de atribuir estas operaciones de hackeo a un Gobierno en concreto. Sin embargo, pruebas circunstanciales apuntan a una relación clara con una o más entidades del Gobierno español”, dice el informe. Entre esos indicios, señalan que los objetivos del espionaje eran “de interés” para el Gobierno, el momento en que se produjeron los ataques, el uso en la operación de información personal de las víctimas de carácter oficial, y la noticia de que el CNI había comprado el derecho a usar Pegasus.
López recordó que Bolaños hizo una oferta en su visita a Barcelona para que haya una investigación interna en el CNI –lo que supone que el CNI se investigará a sí mismo–, otra del Defensor del Pueblo, y que se hable del tema en la comisión del Congreso que aún no se ha formado, y no por la falta de voluntad de los partidos espiados. El exdiputado socialista destacó que los pasos son “acciones de un demócrata que no tiene nada que ocultar por una información que es preocupante”.
Esquerra ya dijo que la oferta del Gobierno es absolutamente insuficiente. Continúa por tanto la amenaza de que el escándalo pueda influir el sentido del voto de ERC esta semana cuando se vote el jueves la convalidación del decreto sobre medidas para superar la crisis económica causada por la guerra de Ucrania. Para Iñarritu, lo único que ofrece Moncloa son “fuegos artificiales”. Segundo aviso, esta vez de EH Bildu: “Les viene un meteorito y no son conscientes”.
Los partidos de derecha también mencionaron el caso. Sólo para mostrarse muy satisfechos con que se esté espiando a los independentistas desde instituciones del Estado. Ellos dieron por hecho que eso es lo que ha ocurrido y no hay ningún problema con ello. “El PP siempre estará al lado de los servicios de inteligencia contra los que están intentando dar un golpe de Estado, como demuestra la frase 'lo volveremos a hacer'”, concretó Juan Antonio Callejas. Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, opinó igual y dando el mismo ejemplo.
Para Vox, el espionaje casi le parece poca cosa. Aspira a acabar con estos partidos y no necesita pruebas ni procesos judiciales. “Dicen que si les quieren ilegalizar. Pues mire, nosotros sí”, dijo Víctor González.
Pegasus permite convertir el teléfono móvil del espiado en la peor herramienta contra él, y no sólo contra él. Puede hacerse con el control del micrófono y la cámara, con lo que está en condiciones de afectar a la privacidad de las personas que estén en la misma habitación. “Ustedes han vulnerado los derechos fundamentales de mis hijos, de mi pareja, de mi familia”, dijo Míriam Nogueras, de Junts.
La frase dejó claro cuáles son los riesgos que afrontan los países en que se ha empleado Pegasus de forma indiscriminada. Se suponía que las democracias eran los sitios en que los adversarios políticos, incluso los disidentes, no debían resignarse a perder sus derechos básicos de privacidad, los suyos y los de su familia.
La comparecencia fue el primer acto parlamentario de un conflicto que tendrá su continuación este miércoles en la sesión de control. Habrá seis preguntas relacionadas con el escándalo de Pegasus. Una de ellas, de Gabriel Rufián, de ERC, dirigida a Pedro Sánchez. Ya sabemos que no será suficiente con que el presidente utilice la palabra “empatía”.