El Ayuntamiento de Valladolid tiene varios frentes judiciales abiertos por haber recuperado la gestión del agua que, durante 20 años, estuvo en manos de una empresa privada. La gestión municipal del agua será efectiva si los tribunales no lo impiden el próximo 1 de julio.
Antes tendrá que superar los recursos de la concesionaria, Aguas de Valladolid, de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), de la Asociación de Empresas Gestoras del Agua (AGA) y del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, el último en sumarse, a través de la Abogacía del Estado, a la ofensiva judicial que pretende paralizar la iniciativa. Entre las voces en contra, aunque sin sumarse al recurso, está también la de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, que considera que la decisión afecta negativamente a empresas locales y a los ciudadanos.
En realidad, la iniciativa del Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra –IU, Equo y colectivos sociales– y con el apoyo de Sí se Puede –participada por Podemos–, no es nueva en España. Otras 14 localidades han renunciado a la gestión privada desde 2007. Sin embargo, es la primera vez que el Ministerio de Hacienda presenta batalla. La explicación puede estar en que Valladolid, con más de 300.000 habitantes, es la mayor ciudad que ha remunicipalizado su servicio de agua. Por detrás, está La Línea de la Concepción (Cádiz), con poco más de 63.000.
La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, considera que la personación de Hacienda en el caso, que incluso ha pedido como medida cautelar que se suspenda el acuerdo del Pleno del 30 de diciembre, tiene como objetivo amedrentar a otros ayuntamientos que quieren recuperar la gestión pública del agua. “En los últimos tiempos nos hemos reunido con los ayuntamientos de Madrid, Barcelona o A Coruña, para compartir la experiencia. Entendemos que las empresas privadas o las organizaciones empresariales emprendan las acciones legales oportunas, pero no que se persone Hacienda y cuestione la autonomía de los ayuntamientos. Lo que parece es que está a favor de la empresa privada”, declara.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo que lleva el caso se pronunciará sobre esa petición de medidas cautelares en cuestión de semanas. Pero, mientras tanto, el Ayuntamiento de Valladolid continúa trabajando para que el próximo 1 de julio la gestión del agua pase a manos municipales.
No está siendo fácil. Por el momento el Consistorio ha abierto un expediente a la concesionaria, Aguas de Valladolid, porque se les está negando información sobre el número de trabajadores y la masa salarial de la empresa, ya que pretenden subrogarlos cuando asuman la gestión.
La petición de información está respaldada por el artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que establece que el Ayuntamiento tiene la potestad de fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio y la documentación relacionada con el objeto de la concesión.
Hasta el momento, según Sánchez, las relaciones con Aguas de Valladolid habían sido “buenas”, pero también es cierto que en los últimos 20 años ha habido una docena de conflictos en los tribunales, con 10 de esos pleitos resueltos a favor del Ayuntamiento.
Sánchez no tiene ninguna duda de que esta vez el Ayuntamiento también recibirá el respaldo judicial. “Estamos muy tranquilos porque hay mucho trabajo detrás de esta decisión. Para decidir si recuperábamos la gestión del agua convocamos una mesa técnico política que indicó que podría afrontarse. Pero es que además nos apoya tanto la Intervención Municipal como la Asesoría Jurídica, formada por profesionales en los que confiamos plenamente”, comentó.
Con los estudios realizados, el Ayuntamiento comprobó que en los últimos 19 años, el anterior equipo de Gobierno no había invertido lo que estaba previsto para el mantenimiento de las instalaciones y redes, por lo que existe un déficit acumulado de 96 millones de euros. El Ayuntamiento actual prevé una inversión de 178 millones en los próximos 20 años para renovar elementos de la red obsoletos o en estado deficiente.
Según Sánchez, la entidad pública empresarial es la que garantiza la ejecución de todas las inversiones necesarias para el ciclo integral del agua con la menor subida de tarifa y con excedente de tesorería a partir del séptimo año. La subida se quedaría en un 0,97%. Con una empresa mixta o una concesión sería necesario subir las tarifas un 1,83% o un 2,2%, respectivamente. La razón es muy obvia: al existir participación privada tiene que haber un beneficio para la empresa. Pero una empresa pública no busca beneficios y además cuenta con una bonificación de entre el 99% y el 100% en el Impuesto de Sociedades.