El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace casi dos años, ha acordado en un Pleno extraordinario celebrado este miércoles aprobar una declaración institucional en la que, aunque no valora las últimas iniciativas legislativas sobre el sistema de elección de sus vocales, sí expresa su “preocupación” por que éstas se lleven a cabo “conforme con la Constitución y con el Derecho de la Unión Europea”.
El texto, que ha contado con el respaldo de doce vocales —seis conservadores y seis progresistas— más el del presidente del órgano, Carlos Lesmes, pide también que la renovación de la institución se lleve a cabo “a la mayor brevedad posible”. Pese a tener su mandato caducado desde hace dos años, el CGPJ sigue haciendo nombramientos clave en la cúpula judicial. El pasado 30 de septiembre adjudicó seis plazas en el Supremo y este jueves pretende hacer otros nueve nombramientos en tribunales autonómicos.
En el texto aprobado este miércoles, el órgano de gobierno de los jueces avisa de que estará “atento” a las iniciativas parlamentarias que se presenten encaminadas a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y de que “expresará su opinión fundada en caso de que entienda que cualquier iniciativa que se retome o que se plantee (...) pueda ser contraria a la Constitución o a los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión Europea”. Sobre las iniciativas presentadas —la del PSOE y Unidas Podemos, que el Gobierno ha retirado, y la del PP— afirma que “en este momento, no es necesario llevar a cabo una manifestación expresa de su opinión”.
Este texto, propuesto por Lesmes, ha contado con el respaldo de 13 de los 21 vocales, entre los que ha habido seis representantes del sector conservador —José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, José María Macías y Wenceslao Olea— y seis del progresista —Mar Cabrejas, Roser Bach, Victoria Cinto, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Rafael Mozo—.
Han votado en contra los vocales alineados con el sector progresista Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Concepción Sáez, que han anunciado que formularán un voto particular. También ha votado en contra la conservadora Carmen Llombart, que en un voto particular dice que el texto aprobado “contiene elementos insuficientes para poner de relieve la incidencia negativa” que tiene “para la independencia del Poder Judicial” la reforma con la que PSOE y Unidas Podemos pretendían rebajar la mayoría requerida para renovar el órgano de gobierno de los jueces y que el Gobierno congeló la semana pasada para favorecer la conversaciones con el PP para renovar ese órgano.
Por otro lado, los conservadores Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz y Gerardo Martínez Tristán han votado en blanco. Estos cuatro vocales llevaron al Pleno otra declaración centrada en esa reforma, que no ha sido aprobada, y que proponía calificarla de “contraria a la Constitución” y a los “estándares” del Consejo de Europa y de la UE“ y afirmaba que debilita ”el papel constitucional del CGPJ y con ello la defensa institucional de la independencia judicial“.
En un escrito, estos cuatro vocales defienden que esa es la resolución que se debería haber aprobado y dicen no estar de acuerdo con la consideración, incluida en el texto finalmente aprobado, de que en estos momentos es innecesaria una manifestación expresa sobre la propuesta de reforma judicial del PSOE y Unidos Podemos.