El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, ha archivado la causa abierta para averiguar quién es la “magistrada amiga de la casa” que advirtió supuestamente al presidente de la empresa editora de La Razón, Mauricio Casals, de que los teléfonos de los investigados en la 'Operación Lezo' estaban siendo intervenidos.
En un auto con fecha del 30 de enero de 2018, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor explica que tras las actuaciones practicadas no “existen motivos suficientes para atribuir” la comisión de un delito de revelación de secretos a “persona alguna determinada” y que por ello procede a acordar el sobreseimiento provisional de la causa.
“Al momento presente no ha sido posible averiguar la identidad de la 'magistrada amiga de la casa' que reveló que el investigado Ignacio González González (expresidente de la Comunidad de Madrid) estaba siendo objeto de escuchas telefónicas dentro de un proceso penal seguido en la Audiencia Nacional”, precisa el auto.
Asimismo, constata que del careo celebrado el pasado 29 de enero en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid entre González y Casals -ambos testigos- no se ha conseguido conocer el nombre de esa magistrada. Explica que en este 'cara a cara' Casals “no ha querido revelar a la autoridad judicial la identidad” de la juez en cuestión, ya que Ignacio González se ratificó en las declaraciones prestadas en dos ocasiones anteriores en ese mismo juzgado.
González reconoció la conversación con Zaplana
El juez señala que González reconoció el contenido de la grabación telefónica intervenida por la Guardia Civil durante la investigación sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, en la que le cuenta al expresidente valenciano Eduardo Zaplana que el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino le había advertido de los pinchazos telefónicos.
Según informaron fuentes jurídicas presentes en el careo, Casals no le dijo al juez el nombre de la “magistrada amiga” porque, según indicó, él nunca había utilizado esa expresión. Es más, precisó que la conversación con Rodríguez Sobrino fue una “fabulación” para intentar tranquilizarle, ya que se encontraba nervioso por las informaciones que publicaron algunos medios de comunicación sobre las supuestas irregularidades de Inassa.
Con respecto a González, las mismas fuentes apuntaron que aclaró que a él le pareció entender que el aviso venía de una “magistrada amiga de la casa”, pero no pudo confirmar su procedencia.
El pasado mes de mayo, el juez de Plaza Castilla admitió la denuncia presentada por el partido Contrapoder para investigar quién es la jueza que podría haber incurrido en un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se mostró favorable que se inhibiera a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, cuyo principal investigado es Ignacio González.
Conflicto de competencia
El juez García de Dios rechazó abandonar la causa, mientras que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para que decida quién es el competente para investigar este caso.
Según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press, el conflicto de competencia sigue vigente aunque la causa haya sido archivada. Una vez que el Supremo otorgue la competencia a un juzgado, ese podrá decidir si mantiene la causa cerrada o la reabre tras recabar nuevos indicios.