El exministro Ángel Acebes y los empresarios Javier López Madrid y Arturo Fernández se han adherido a la petición formulada por tres exconsejeros de Bankia para que se les aplique la conocida como doctrina 'Botín' y evitar sentarse en el banquillo de los acusados por el falseamiento de las cuentas de la entidad previa salida a Bolsa.
En sus escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso Europa Press, los que fueran miembros del Consejo de Administración de Bankia piden el archivo de sus causas exponiendo que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular que ejerce el FROB formulan acusación contra ellos.
Se acogen así a la doctrina bautizada con el apellido del banquero Emilio Botín que evitó ser juzgado por un caso de cesiones de crédito de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo en 2007 que limitaba la acción de las acusaciones cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitaran el sobreseimiento de la causa.
Todos ellos se adhieren a la petición formulada el pasado 18 de noviembre al juez instructor por los exmiembros del Consejo de Administración de la entidad Jesús Pedroche, Estanislao Rodríguez-Ponga y Mercedes Rojo que solicitaron que se aplicara la doctrina Botín. Los tres fueron condenados en la Audiencia Nacional en febrero de este año por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid.
En el caso del exministro del Interior Ángel Acebes, su letrado alega que no se le acusa por el delito de fraude de inversores sino por estafa en las cuentas de BFA --matriz de Bankia-- y recuerda que de su actuación no se puede derivar ninguna responsabilidad penal ya que su incorporación a la entidad fue posterior al debut bursátil del banco en julio de 2011.
Aunque el juez sentará en el banquillo a 32 personas físicas, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ejerció su acusación contra cinco: el presidente de la entidad Rodrigo Rato, para el que pide cinco años de cárcel, su 'número dos' José Luis Olivas y los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons. A todos ellos se les imputa fraude de inversores.
Oposición de la Confederación Intersindical de Crédito
La acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) se opone a la pretensión de los consejeros procesados al entender que no es cierta la premisa de que solo fue perjudicado por los hechos el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pues el delito de falsedad contable conlleva un ilícito penal de naturaleza “supraindividual, colectivo o difuso”.
Los acusados piden la nulidad del auto con fecha de 17 de noviembre por el cual el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictaba apertura de juicio oral contra 32 personas físicas además del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo que aprobó el Consejo de Administración del banco previo a su debut bursátil.