El empresario de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, ha reunido en cinco horas el millón de euros que le exigía como fianza la Audiencia Provincial y saldrá de la cárcel en los próximos minutos, según adelanta Diario de Mallorca.
La excarcelación se produce después de que la Audiencia Provincial haya estimado parcialmente un recurso presentado por su defensa. Además de la fianza, el tribunal le ha impuesto comparecencias todos los lunes de cada mes y le obliga a que indique su domicilio habitual. También le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España.
La defensa solicitó la excarcelación
La defensa del empresario había solicitado anteriormente la excarcelación y el pasado jueves se celebró una vista en la Audiencia. La representación de Cursach alegó que la medida era innecesaria dado que llevaba más de un año en prisión provisional y que la instrucción está prácticamente concluida.
Respecto al riesgo de destrucción de pruebas, la defensa argumentó que se habían superado los seis meses de plazo para mantener la medida. En cuanto al riesgo de fuga señaló que Cursach, de 72 años de edad, tiene sus cuentas bancarias embargadas y sus propiedades ofrecidas en garantía de responsabilidad civil, y que por la difusión mediática del caso sería imposible que pasara desapercibido.
También alegó un agravio comparativo puesto que otro de los investigados, Bartolomé Sbert, la mano derecha de Cursach en su grupo empresarial, quedó en libertad bajo fianza a pesar de que se les atribuyen las mismas imputaciones. Por otra parte, ya se ha celebrado el juicio que Cursach tenía pendiente por presunta tenencia ilícita de armas.
La Fiscalía, contraria a la libertad del empresario
Por su parte, la Fiscalía se opuso a la petición de libertad señalando que existen indicios de criminalidad y resaltando la gravedad de las penas para los delitos investigados. Subrayó que Cursach viaja con frecuencia a países fuera de la Unión Europea y que tiene una elevada capacidad económica que posibilitaría la fuga.
El Ministerio Público también incidió en que el procedimiento por tenencia ilícita de armas todavía no ha recibido sentencia y que están pendientes de la celebración de otro juicio mayor. En cuanto a la protección de las pruebas, el fiscal recordó el hostigamiento a testigos y que existe un informe policial en el que aparecen los nombres de empleados del grupo.
Menor riesgo de fuga
En su auto, los magistrados consideran que el tiempo transcurrido mitiga los riesgos de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva. Para la Audiencia, los riesgos planteados por la Fiscalía se han visto atenuados “por la propia investigación judicial y presión mediática del caso”. En cuanto al riesgo de fuga, han apreciado los “vínculos familiares y empresariales sólidos” que mantiene Cursach en Mallorca, su edad y el embargo de sus bienes.
Con todo, los magistrados consideran que sigue existiendo “razonable riesgo de que pueda sustraerse a la acción de la justicia”, por lo que no han accedido a acordar la libertad incondicional como pedía la defensa y han impuesto una fianza y medidas cautelares. La Sala ha fijado la fianza en un millón de euros dada la elevada capacidad económica personal teniendo en cuenta las sociedades y fincas de las que es propietario.
Apartó al juez del caso
Recientemente, Cursach consiguió apartar al juez del caso, Manuel Penalva, que llegó a ser amparado por el Consejo General del Poder Judicial por el peligro que corría. Penalva, que llevaba una pistola autorizada por la Guardia Civil, denunció una situación de indefensión por parte del entorno de Cursach, algunos de ellos acusados de agredir a testigos de la causa. “Nunca he vivido tal situación de acoso hacia investigadores y testigos”, dijo Penalva en un escrito al CGPJ.
Sin embargo, la Audiencia Provincial le expulsó del caso falta de “apariencia de imparcialidad” por una conversación privada, en la que tachó de “hijos de puta” a los acusados y supuestamente quería influir en el testimonio de una testigo clave. El entorno del empresario ha sostenido en reiteradas ocasiones que la causa judicial contra el empresario y sus afines se trata de un montaje. De hecho, han organizado manifestaciones contra Penalva y contra el fiscal del caso.
Acusado de hasta 16 delitos
Bartolomé Cursach es un famoso empresario dedicado al ocio, dueño de importantes discotecas de Mallorca, como BCM, así como de hoteles. Los investigadores sospechan que se sirvió de policías locales que tenía a sueldo y cuya complicidad exhibía para amedrentar a la competencia. Desde 1985, habría pagado a agentes para que friesen a multas e inspecciones a cualquiera que quisiera montar un local en su zona de influencia.
El empresario está acusado de hasta 16 delitos: extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de documentos falsos en un proceso, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, blanqueo, delito fiscal, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, asociación ilícita/pertenencia a organización criminal, corrupción de menores y homicidio.
Los agentes que ayudaban al empresario hicieron carrera con él: algunos acabaron como altos directivos de sus empresas, otros simultaneaban ambas tareas, y otros montaron sus propios negocios. Además, los policías, según el testimonio presentado por algunos testigos, habrían disfrutado de fiestas en los locales de Cursach, con prostitutas, alcohol y drogas incluidas.
La trama de corrupción también involucró a la cúpula del PP balear –de hecho, la testigo clave situó a José María Rodríguez y al diputado Álvaro Gijón en las orgías que Cursach organizaba. A raíz de esta causa han caído Rodríguez, Gijón y la responsable de Organización, Sandra Fernández. El empresario nunca disimuló sus contactos con la alta política balear. Hasta el punto de que el entonces president Jaume Matas se entrenaba en uno de sus gimnasios.