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El juez De la Mata abre juicio oral por la caja B del PP y le reclama 1,2 millones

El juez Ruz envía a la sede del PP a la policía para recabar documentación

Pedro Águeda

El juez José de la Mata, sucesor de Pablo Ruz al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; el arquitecto de las obras de Génova, Gonzalo Urquijo, su socia y una empleada. Todos ellos serán juzgados a consecuencia de la investigación de la caja B del PP, con la que la formación se financió irregularmente durante al menos dos décadas.

Los seis acusados responderán por delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. En esta lista aparecen delitos que no figuraban en el auto de procesamiento de Ruz. Se trata del delito electoral, que el anterior instructor consideraba prescrito, y el de organización criminal, que nunca valoró. La inclusión en el auto de apertura de juicio oral se debe a que las acusaciones los han incluido en sus escritos, posteriores al auto de procesamiento de Ruz.

Asimismo, De la Mata respalda el criterio de Ruz de que las donaciones irregulares son objeto del delito fiscal, en contra de la postura de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción.

Además, el juez establece en 1,2 millones de euros la fianza por responsabilidad civil subsidiaria. Esa cifra sale de la suma de 220.000 euros como cantidad que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y algo más de un millón de euros por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.

Para los seis restantes imputados, el juez fija fianzas que oscilan entre los casi 9 millones de euros de Bárcenas y Lapuerta y los 6,1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo y las empleadas Belén García y Laura Montero. Al sexto de los acusados le impone una fianza de 7,4 millones de euros. Estas cantidades incluyen el concepto de multa, la responsabilidad civil y el tercio que establece la ley.

El juez da un plazo de 20 días a las defensas para que presenten sus escritos de defensa. Tanto los acusados como los responsables civiles subsidiarios disponen de 10 días para depositar en el juzgado las fianzas impuestas por el juez, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se procederá al embargo de sus bienes.

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