Acaba de cumplirse la medianoche del 26 de junio cuando Francisco Martínez entra en el despacho de Cristina Cifuentes, en la cuarta planta de la sede del PP en la calle Génova. Entre vítores y aplausos, el secretario de Estado de Seguridad entrelaza sus manos con las de Marimar Blanco para levantarlas y celebrar que son los dos últimos candidatos de la lista del PP por Madrid que entran en el Congreso, a diferencia de lo que había pasado seis meses antes. Para Martínez, aspirante a convertirse en ministro del Gobierno de España, contar con un acta de diputado supone un impulso adicional.
La salida de Fernández Díaz se daba por hecha en Interior desde incluso antes de que estallara el escándalo de las grabaciones. Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad en funciones no ha escondido su objetivo en círculos políticos y del entorno del Ministerio del Interior desde hace tiempo. A su favor tiene que es un hombre muy próximo a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, según ella misma traslada en privado. Además, ¿quién conoce mejor esa maquinaria que el poderoso Secretario de Estado de Seguridad, el jefe de casi 150.000 policías y guardias civiles?, podría decirse en su favor.
Sin embargo, la bajamar de los últimos escándalos que afectan a Interior ha dejado a la vista de todos el perfil más oculto de algunos de sus protagonistas. Entre ellos, Francisco Martínez, cuyo tráfico de llamadas en una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás desvela el trato directo que mantiene con al menos tres de los comisarios implicados en las maniobras del Ministerio del Interior contra los adversarios políticos del Partido Popular. Uno de esos mandos policiales, Marcelino Martín Blas-Aranda, guarda el número de Martínez en su agenda del móvil junto al alias 'Paco Bomba'.
La primera evidencia conocida de esa relación con los comisarios bajo sospecha aparece en una de las cientos de páginas del informe policial que motiva la solicitud de imputación del que fuera número dos del Cuerpo, entre otros. “Se significa que desde la detención de Francisco Nicolás hasta la primera publicación que aparece en los medios de comunicación, el comisario Villarejo Pérez realiza y recibe numerosas llamadas desde su teléfono 619.xxx.xxx a teléfonos oficiales, llamando especial atención dos llamadas el día de la detención de Francisco Nicolás, día 14/10/2014, con el secretario de Estado de Seguridad D. Francisco Martínez Vázquez”, se puede leer.
Los investigadores destacan que el comisario Villarejo -imputado en la citada causa y cuyo nombre aparece en anotaciones en el registro de la casa del joven y en su declaración ante la Policía- habla con Francisco Martínez más de un cuarto de hora mientras se está produciendo el allanamiento del domicilio del presunto estafador.
Antes de publicar esta información, el pasado 18 de junio, eldiario.es se puso en contacto con el Ministerio del Interior, que justificó las llamadas entre las “muchísimas” que Francisco Martínez mantiene con mandos policiales todos los días. Sin embargo, el comisario José Manuel Villarejo -que acaba de pasar a segunda actividad- no mandaba unidad alguna en ese momento y actuaba, supuestamente, a las órdenes directas del que era director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.
La sombra sobre el policía de Martínez
Eugenio Pino, el hombre que ha dirigido la Policía con mano de hierro, se acaba de jubilar. Interior podía haber optado por un relevo temporal hasta la formación del próximo Gobierno. Pero se empeñó en dejar atada la renovación en un puesto tan importante, guardián de los secretos de estos cuatro últimos años. Para ello se fijó en José Luis Olivera, precisamente el policía más próximo al secretario de Estado, Francisco Martínez.
Sin embargo, las evidencias de que este comisario ha participado también en las maniobras en Cataluña detuvieron el anuncio al estallar el escándalo de las conversaciones de Fernández Díaz con el ya exdirector de Antifrau Daniel de Alfonso. Olivera pasó de ser el azote del PP en la oposición, como jefe de la UDEF con el PSOE, a ser una de las principales referencias en el Ministerio de Fernández Díaz.
Junto a otro comisario, Olivera viajó a Barcelona el 29 de octubre de 2012 para convencer a los fiscales Anticorrupción que debían apoyar el registro de la sede de Convergencia a pocos días de las elecciones autonómicas, en pleno auge del proceso soberanista. Los fiscales despreciaron los indicios que les presentaron los policías, ambos ajenos a la investigación, y elevaron una queja que hizo suya el Consejo Fiscal.
El policía que viajó a Barcelona con Olivera es Marcelino Martín Blas-Aranda, por entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos. Eugenio Pino había implicado a esta unidad -en principio dedicada a investigar a policías corruptos- en el rastreo de información comprometedora contra políticos independentistas. Pero un enfrentamiento con el comisario Villarejo provocó la destitución de Marcelino Martín de Asuntos Internos en 2015.
A pesar de ello, y por decisión del juez del caso, Martín Blas-Aranda se hizo cargo de la presunta implicación de policías en una grabación ilegal a él, otros policías y dos agentes del CNI cuando departían sobre la investigación al Pequeño Nicolás. Martín y sus hombres son los autores del informe en el que, entre otras cosas, se pone de manifiesto la relación del secretario de Estado con Villarejo, como adelantó eldiario.es.
Pero ese informe esconde otro vínculo del secretario de Estado, aspirante a ministro del Interior. El exjefe de Asuntos Internos entregó su teléfono para que se determinara si Villarejo o algún otro policía había instalado un programa que convirtiera su teléfono en un micro de ambiente con el que grabar la conversación sobre el Pequeño Nicolás. Un extracto de de la actividad del móvil revela que el comisario Martín tiene en su agenda a un tal “Paco Bomba”. Y que el número que le asigna es el del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Ambos se telefonean a sus respectivos móviles en al menos cuatro ocasiones durante los apenas dos meses de tráfico de llamadas analizado.
Ascenso de “Paco”
Martínez llegó a la sede del Paseo de La Castellana como jefe de gabinete del ministro. En sus años en la Cámara Baja coincide con la actual vicepresidenta en funciones, por aquella época portavoz parlamentaria de la oposición. A su brillante currículum, Martínez unía otras condiciones valoradas en la formación de aquel primer equipo de Interior: católico practicante y afín ideológicamente al Gobierno. Su antecesor en la Secretaría de Estado, Ignacio Ulloa, también las cumplía, pero apenas duró un año en el cargo.
Ulloa sufrió en persona las consecuencias de la utilización política que Fernández Díaz, con la autorización de Mariano Rajoy, ha hecho del Ministerio del Interior. En plena crisis por las primeras noticias de investigaciones irregulares en Cataluña, el número dos de Interior esgrimió un motivo personal para dar un portazo en el Paseo de La Castellana, número 5, y no mirar atrás.
Su sustituto, Francisco Martínez, no ha tenido esos problemas. O al menos ha evitado que supongan el final de su carrera política. Vinculado a Andalucía -ha veraneado en Málaga y Huelva- ha cultivado con profusión, según describen testigos presenciales, la relación con destacados dirigentes del PP local.
De 41 años, casado, con tres hijos, Francisco Martínez Vázquez procede de un hogar humilde. Con esfuerzo, aprovechó al máximo sus oportunidades y logró licenciarse en Derecho, con premio extraordinario, y en Económicas, por la universidad privada y católica de Comillas.
El mismo año que el PSOE volvía a gobernar España, en 2004, Francisco Martínez ingresaba en el Cuerpo de Letrados de las Cortes con el número uno de su promoción. Fue entonces cuando empezó a desarrollar sus facultades para la política. En la Cámara Baja llegó a director general de Relaciones Internacionales, pero ha sido desde enero de 2013, al ser nombrado secretario de Estado de Seguridad, cuando más y mejor ha desplegado sus habilidades. No en vano, ha seguido siendo un hombre de Sáenz de Santamaría y al tiempo el número dos de Fernández Díaz, a pesar de la mala relación entre la vicepresidenta del Gobierno y el ministro del Interior.