Nadie parecía saber nada hasta que Human Rights Watch publicó un informe el 21 de agosto en el que contaba que fuerzas policiales saudíes habían matado a centenares de inmigrantes procedentes de Yemen, la mayoría etíopes, en las zonas desérticas fronterizas de ambos países. No se trató de un incidente violento aislado, sino de la aplicación de una política oficial ejecutada a lo largo de un periodo de quince meses. Algunos de los cadáveres encontrados presentaban signos de tortura, por lo que está claro que habían sido detenidos y luego asesinados a sangre fría.
Después se supo que grupos de derechos humanos habían aportado información sobre estos crímenes al Gobierno de EEUU en verano de 2022. Personal de la ONU confirmó la denuncia en noviembre y un mes después hizo públicas algunas de las alegaciones. Fue el informe de HRW el que eliminó cualquier duda. Según The New York Times, Washington compartió los datos de la ONU con los gobiernos de Francia, Alemania, Holanda y Suecia y con la Unión Europea.
Esta semana, uno de los brazos empresariales del Estado saudí sorprendió con otra noticia menos violenta, pero que también demuestra que Riad toma decisiones sin importarle las consecuencias que tengan fuera de su país. La compañía de telecomunicaciones STC anunció la compra del 9,9% del capital social de Telefónica, de la que el 4,9% ya se ha hecho efectiva. El 5% restante depende de que reciba el visto bueno del Gobierno español a causa del valor estratégico de la compañía por su participación en contratos de defensa.
La adquisición de acciones se había hecho en secreto. Ni el Gobierno ni Telefónica estaban enterados de la ofensiva saudí, un paso que por sí solo levanta sospechas. No se sabe aún cuál será la respuesta gubernamental. Los ministros socialistas se han limitado a decir que se estudiará la operación. “Aplicaremos los mecanismos necesarios para garantizar la defensa de nuestros intereses estratégicos”, dijo Nadia Calviño al conocer la noticia. No precisó cómo lo harán.
Yolanda Díaz lo tiene claro. La líder de Sumar se está dando prisa en destacar que sus posiciones son diferentes a las del PSOE y que no tiene inconveniente en hablar de ello en público. Lo hizo con la respuesta del Ministerio de Cultura a la hora de conseguir que Luis Rubiales deje de ser presidente de la Federación de Fútbol, lenta y poco efectiva en su opinión. Ahora, exige que el Gobierno utilice el recurso legal existente para vetar la ampliación al 9,9% de la compra de acciones por los saudíes.
“Telefónica es estratégica para nuestro país. Y como tal empresa estratégica, maneja lo más importante de nuestras vidas, que son los datos. Es el petróleo del siglo XXI”, dijo Díaz.
Saudi Telecom Company (STC) no es una simple empresa extranjera que busque rentabilizar sus inversiones en telecomunicaciones. Su creación procede de una decisión del Gobierno saudí, que conserva el 64% de sus acciones a través del principal fondo soberano del país. Si el porcentaje fuera menor, no tendría importancia. En su campo de actuación, es una extensión de la política del Gobierno saudí y de los planes de modernización y diversificación económica dirigidos personalmente por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán.
Todas las empresas públicas o privadas responden ante el Gobierno y las prioridades que este marca. Bin Salmán lo impuso desde el primer momento en que llegó al poder. En 2018, doscientos miembros de la élite económica del país fueron internados en el hotel Ritz de Riad para ser interrogados con dureza por sus negocios. Sin que hubiera una investigación judicial por corrupción, los detenidos fueron exprimidos para que entregaran al Estado dinero en efectivo, acciones o propiedades por valor de decenas de miles de millones de dólares.
El gran proyecto de Bin Salmán es la construcción de una nueva ciudad llamada Neom de aspecto futurista en la costa norte del Mar Rojo. Con una extensión de 26.000 kilómetros cuadrados, será el gran símbolo de una nueva Arabia Saudí que ya no dependerá exclusivamente de la exportación de petróleo.
Por tanto, no se permite ningún tipo de protesta contra el gasto de gigantescas cantidades de dinero. Fatima al-Shawarbi, una joven de menos de 30 años vio hace unos meses confirmada su condena a 30 años de prisión por criticar en redes sociales el desalojo forzado de miles de personas de la tribu Howeitat de los terrenos que ocupará la futura ciudad. También había defendido una monarquía constitucional y los derechos de las mujeres.
Decenas de personas de esa tribu han sido detenidas desde 2020 por resistirse a las expulsiones de las tierras. Quince de ellos han sido condenados a penas de prisión de entre quince y cincuenta años. Según un grupo de derechos humanos, una mujer fue juzgada por tuitear en 2021 para expresar su dolor por la muerte a manos de la policía de uno de los manifestantes y criticar el aumento del coste de la vida. Fue condenada a un año de prisión, pero un nuevo juicio en agosto de 2022 elevó la pena a 23 años.
Arabia Saudí continúa siendo uno de los países del mundo con mayor uso de la pena de muerte. Amnistía Internacional afirma que este año ya se han producido cien ejecuciones. En 2022, fueron 196, la mayor cifra conocida en los últimos treinta años. Según la organización, “en numerosos casos, las autoridades han condenado a muerte a personas por publicar unos pocos tuits o por delitos relacionados con el tráfico de drogas después de juicios claramente injustos que se quedan muy lejos de los estándares internacionales sobre derechos humanos”.
Arabia Saudí nunca ha sido un país democrático, pero la represión contra los disidentes se endureció con la llegada de Bin Salmán al poder después de que su padre, el rey Salmán de 87 años, llegara al trono. En el caso más notorio de su crueldad, el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado y descuartizado en el consulado saudí de Estambul.
Un año antes, Bin Salmán había comunicado a un asesor que quería que Khashoggi volviera al país y pusiera fin a sus críticas al Gobierno. Si no se le podía obligar a hacerlo, iría a por él “con una bala”, según aparece en una conversación grabada por los servicios de inteligencia de EEUU.
Nadia Calviño respondió el sábado a la exigencia de Yolanda Díaz reiterando que todo dependerá del estudio que se haga de la inversión en Telefónica: “España es un país serio, haremos un análisis riguroso y aplicaremos todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección del interés estratégico”. Por análisis se refiere a evaluar las consecuencias de frenar a la empresa saudí. No tanto por lo que pueda hacer ella, sino su Gobierno.
Una posible salida para el Gobierno español sería comunicar de forma discreta a los saudíes que acepta esta compra de acciones, pero que no dejará que STC pase del 10% del capital de Telefónica para lo que se necesitaría otro visto bueno de España al aplicarse la normativa del escudo antiopas.
Todavía no está firmado el contrato con la empresa pública Navantia para la venta de cinco buques de guerra a Arabia Saudí, al que hay que sumar las relaciones con ese país de otras empresas españolas, como Adif. El Gobierno tuvo que ceder en su momento y enviar un cargamento de bombas de racimo. Arabia Saudí no necesitaba un material bélico que ya le facilitaban otros países, pero quería atar en corto a España con ese suministro de armas con la intención de impedir las críticas por la destrucción de Yemen causada por la aviación saudí.
En cualquier caso, por muchos miles de puestos de trabajo que generen los contratos con la monarquía saudí, las relaciones comerciales tienen un precio político que no se puede ignorar. Es un socio del que nadie se siente orgulloso.