El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras más de cinco años de bloqueo por parte de los de Alberto Núñez Feijóo incluye una lista de 20 nombres, algunos de los cuales ya figuraban en la primera nómina de candidatos de la primera renovación fallida de 2018. Magistrados del Tribunal Supremo, de tribunales superiores, fiscales y el juez que llevó los desahucios a Europa forman parte del futuro órgano de gobierno de los jueces. Estos son sus nombres.
Los vocales progresistas
Ángel Arozamena. Es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2015. Considerado progresista, se presentó sin el respaldo de ninguna asociación. Entre 2007 y 2009 fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia con el socialista Mariano Fernández Bermejo. De ahí pasó a Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional hasta que fue nombrado magistrado del Alto Tribunal. Previamente había pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1990-1996) y había sido magistrado del Gabinete Técnico del Supremo (1996-2007).
Esther Erice. Magistrada del Tribunal Superior de Navarra que recientemente votó en contra de que se rebajara la condena a uno de los miembros de la Manada por la ley del solo sí es sí. Está asociada a Juezas y Jueces para la Democracia.
José María Fernández Seijo. Juez de lo Mercantil de Barcelona. Fue pionero en llevar los desahucios y las cláusulas hipotecarias abusivas a los tribunales europeos. Está asociado a Juezas y Jueces para la Democracia.
Carlos Preciado. Ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora es letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Está asociado a Juezas y Jueces para la Democracia y en su día fue propuesto por Unidas Podemos, actualmente propuesto por Sumar.
Lucía Avilés. Jueza de lo penal de Mataró. De perfil feminista, es una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE). En varias de sus resoluciones ha solicitado la inclusión de la violencia económica como maltrato machista o ha sido pionera en el dictado de resoluciones que protegen a los menores de la violencia vicaria. Está afiliada a Juezas y Jueces para la Democracia.
Inés Herreros. Ex presidenta de la Unión Progresista de Fiscales y ex vocal del Consejo Fiscal. Ha sido fiscal en Las Palmas y actualmente es Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Su nombre ha sido consensuado con Sumar.
Bernardo Fernández. Expresidente del Consejo Consultivo de Asturias. Fernández fue diputado por el PSOE en el Principado de Asturias desde 1982 hasta 1995, llegando a ostentar la vicepresidencia del gobierno asturiano y varias de sus consejerías. Profesor de derecho internacional, presidió el Consejo Consultivo del Principado desde 2006 hasta 2018.
Argelia Queralt. Actualmente es letrada del Tribunal Constitucional. Es doctora en Derecho y ha sido profesora titular de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona. Especializada en derechos y libertades en Europa y América Latina.
Ricardo Bodas. Magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo. Juez desde 1990, Bodas fue presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional antes de llegar al Tribunal Supremo en 2019 hasta su jubilación a mediados de 2022. El año pasado publicó un artículo en el diario El País en el que criticaba con dureza que CGPJ, Supremo y asociaciones profesionales pusieron “en juego la credibilidad” de la Justicia al cargar contra la ley de amnistía antes de que fuera aprobada. Estuvo afiliado a Juezas y Jueces para la Democracia.
Luis Martín Contreras. Es letrado de la Administración de Justicia en el Supremo. Antes de llegar a la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal, Martín Contreras fue secretario de gobierno de la Audiencia Nacional y es letrado judicial desde la primera mitad de la década de los ochenta además de profesor universitario. Es uno de los promotores de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales.
Los vocales conservadores
José María Páez. Juez decano de Málaga. Páez encadenó cuatro mandatos al frente del decanato de los jueces de Málaga, lo que le convierte en el decano más veterano en el cargo. En 2017 fue la cara visible de las protestas de los jueces y funcionarios que se opusieron al plan del CGPJ para especializar juzgados ante el aluvión de pleitos por cláusulas hipotecarias abusivas. Fue avalado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
José Carlos Orga. Magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño. Conservador y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, Orga fue juez decano de Logroño antes de acceder a la presidencia de la Audiencia Provincial.
José Antonio Montero. Es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2009. Su nombre ha sido propuesto para el PP tras ser avalado por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Ingresó en la Carrera Judicial en 1984 y pasó por juzgados y tribunales de Andalucía hasta llegar al Supremo.
José Eduardo Martínez Mediavilla. Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca. Magistrado de lo social en juzgados de todo el país hasta su nombramiento al frente del organismo en 2012 y reelegido por unanimidad del CGPJ saliente cinco años después. Se presentó a vocal con el aval de 74 jueces en activo, el octavo con más avales entre los candidatos. APM.
Esther Rojo. Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia. Portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura en la Comunidad Valenciana en 2019. Fue nombrada presidenta del organismo valenciano por el CGPJ saliente con 11 de los 21 votos del pleno, un solo apoyo de diferencia.
Alejandro Abascal. Actualmente estaba destinado en comisión de servicios en la Audiencia Nacional. Su nombre ha sido propuesto para el PP tras ser avalado por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que está afiliado. Ha ejercido como juez de apoyo en el juzgado de Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional.
Gema Espinosa. Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y exdirectora de la Escuela Judicial. Con 309 avales fue la magistrada que más apoyos consiguió en 2018 entre los miembros en activo de la carrera judicial para presentarse sin el aval de una asociación. Está afiliada a la APM.
José Luis Costa Pillado. Presidente del Consello Consultivo de Galicia. Ejerció como magistrado en el Tribunal Superior de Galicia hasta 2008, cuando fue nombrado primero consejero y después presidente del Consello Consultivo gallego. El Parlamento de Galicia, durante la segunda legislatura de Alberto Núñez Feijóo, le propuso sin éxito como magistrado del Tribunal Constitucional con los votos del PP.
Pilar Jiménez. Fiscal superior de Cantabria. Pasó por las fiscalías de Sevilla, Bilbao y Santander, donde ostentó responsabilidades en violencia de género, menores y finalmente como teniente fiscal hasta ser nombrada fiscal superior de Cantabria con el apoyo de los vocales de la conservadora Asociación de Fiscales. Uno de sus últimos cargos fue el de fiscal especialista en delitos de odio, al que renunció por “la elevada carga de trabajo”.
Isabel Revuelta. Letrada de Cortes. Revuelta se incorporó hace apenas cuatro meses a la asesoría jurídica de la Secretaría General del Senado. Antes había formado parte de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que firmó uno de los informes que cuestionaba parte de la ley de amnistía en su primera y fallida tramitación.