El relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, ha insistido una vez más en la necesidad de que el Gobierno español atienda “de forma urgente” las exigencias de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.
De Greiff, que ya hizo una petición similar en 2014, ha subrayado la importancia de dar prioridad a las exhumaciones, a la reconsideración del Valle de los Caídos y a la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante el período.
En un comunicado, el relator ha recordado que el Estado tiene la obligación de atender estas reclamaciones y poner fin al sufrimiento de las víctimas quienes, a pesar del tiempo que ha pasado, siguen sin saber dónde están los restos de sus familiares.
“Es necesaria una política de Estado decidida que no quede presa de las tensiones y divisiones políticas, pero que garantice medidas integradas, coherentes, prontas e imparciales, en favor de la verdad, la memoria y la reparación”, ha señalado Greiff.
Ha indicado que se trata de Derechos Humanos y “no de política partidista”. Así, ha asegurado que la fortaleza de una democracia se mide, entre otros aspectos, por su capacidad de gestionar las reclamaciones válidas de las víctimas, “independientemente de consideraciones políticas o de afiliación” y su capacidad para garantizar el derecho a la verdad sobre los acontecimientos, “por más dolorosos que sean”.
Las declaraciones de De Greiff llegan días después de que el Congreso aprobara una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La semana pasada el Gobierno se negó a la instancia del Congreso de los Diputados.
La iniciativa salió adelante con la única abstención del PP y ERC, que han cambiado su voto de hace dos meses cuando el mismo asunto se votó en la Comisión Constitucional con el voto en contra de ambos.
El relator ha señalado que si bien esta proposición no es “de obligado cumplimiento”, sus recomendaciones se fundamentan en normas internacionales de Derechos Humanos que sí son vinculantes.
Visita en 2014
Tras su visita oficial a España en 2014, De Greiff defendió que las peticiones de las víctimas no pueden tacharse de “desmedidas”, y abogó por establecer una “política de Estado” para que las iniciativas tengan una estabilidad sin depender del “vaivén de los resultados electorales”.
“Es especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de las víctimas”, expuso entonces De Greiff, que instó a poner el centro de este debate “por encima de consideraciones políticas”. “No son asuntos de política partidista, de redimir programas políticos particulares, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos”, destacó el relator de Naciones Unidas.
De Greiff mostró su “preocupación” por la ausencia de investigación judicial de las desapariciones de la dictadura, pero también por la proposición de ley presentada por el PP en el Congreso para recortar la Justicia Universal y que fue aprobada en solitario por el partido gobernante ese mismo año.
De salir adelante, advirtió entonces, sería contraria a las recomendaciones del Comité contra la Tortura y al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU.