La actividad de la brigada política que actuó en la Policía entre 2012 y 2016 contó con la colaboración de otros mandos, ajenos a esa estructura ya disuelta, que simpatizaban con las maniobras contra Podemos e independentistas y que prestaron su colaboración. El principal foco de ese auxilio estuvo en la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), clave para blanquear ante los jueces el trabajo parapolicial previo de la brigada política. Para conseguir la colaboración de la UDEF, el Gobierno de Rajoy se había encargado de poner al frente de la unidad a mandos afines. Sindicatos del Cuerpo y otros policías cuyas carreras despuntaban con el Partido Popular se prestaron a pervertir las funciones que tenían atribuidas para actuar con un afán puramente ideológico o en busca de recompensa.
La utilización de la UDEF queda en evidencia en la grabación de la reunión entre el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el exministro chavista Rafael Isea en Nueva York, celebrada en abril de 2016. “Si estas personas (los líderes de Podemos), usted tiene conocimiento de que cobraban por informes huecos y que cobraban unas cantidades que son elevadas, el comisario que dirige la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción -perteneciente a la UDEF- ya buscará la forma hablando con quien tenga que hablar”. Y añade más adelante que los policías de la UDEF están allí porque necesita “base jurídica para hacer esto”.
Ese comisario es José Manuel García Catalán. Su papel en Nueva York consistía en revestir de legalidad la maniobra en Estados Unidos, según se desprende del audio publicado por moncloa.com. Los inspectores jefe tenían menos graduación que él pero lucían brazalete de la policía política. La representación legal de Podemos acaba de pedir que García Catalán sea llamado a declarar como testigo en la pieza del caso Villarejo que investiga el hallazgo de una copia del móvil robado a una colaboradora de Pablo Iglesias. García Catalán es en la actualidad número dos de la Policía en la provincia de Lleida.
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se convirtió en una joya de la Policía desde su creación en 2005. Su impronta se disparó con la Operación Malaya y pronto se convirtió en un aliado indispensable para la Fiscalía Anticorrupción. Aquel “qué coño es la UDEF” de Jordi Pujol terminó por popularizar uno de los proyectos estrella para el Cuerpo Nacional de Policía del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero los tiempos de la policía política han arrasado su prestigio.
En la oposición, el Partido Popular había puesto a la unidad en la picota acusándola de connivencia con el PSOE en el caso Gürtel. Ya en el Gobierno, Asuntos Internos acosó a los investigadores de la UDEF en el caso Gürtel e Interior cesó en año y medio a tres comisarios generales de Policía Judicial, la estructura de la que depende la unidad anticorrupción. Al frente de su principal Brigada se ubicó a José Manuel García Catalán, ascendido a comisario poco antes y sin experiencia en tareas de investigación. García Catalán tomó posesión, eldiario.es desveló el nombramiento y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, retrasó su incorporación siete meses.
La culminación de las noticias sobre los responsables de la UDEF llegó cuando El Español publicó que su máximo responsable entonces, Manuel Vázquez, había contactado con magistrados del Tribunal Supremo para ofrecerse a explicarles el contenido del informe PISA sobre la supuesta financiación irregular del Podemos, que Manos Limpias había incorporado a su querella contra Iglesias y Errejón. La llamada se produjo días antes de que Manuel Vázquez fuera nombrado jefe superior de Galicia, el destino al que aspiraba. A día de hoy sigue en el puesto. Podemos también ha pedido que declare como testigo.
En los últimos años, la UDEF ha quedado desplazada de los grandes casos de corrupción por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Su última gran operación fue la Nelson, que acabó con la organización criminal dedicada al chantaje compuesta por Manos Limpias y Ausbanc. Aquella investigación arrancó, según el sumario, de un anónimo recibido en la propia unidad. Sobre el auténtico origen del caso planea la sombra del comisario Villarejo, contratado por el BBVA en esa época para desactivar el chantaje de Luis Pineda.
La Vanguardia ha publicado unas notas informativas, desconocidas hasta ahora, que la UDEF redactó desde dos meses después del nacimiento de Podemos y durante los dos años siguientes. En las mismas se vincula a la formación con Hizbulá, las FARC, el narcotráfico y Hugo Chávez. La Fiscalía se negó a abrir diligencias a partir de esas notas por lo endeble de su contenido, casi rocambolesco. La representación de Pablo Iglesias ha solicitado al juez García Castellón que reclame al periódico barcelonés las notas informativas para incorporarlas a la pieza 10 del caso Villarejo, la que investiga el robo del teléfono a la colaboradora de Iglesias.
Comisarios en puestos clave
Las grabaciones a Fuentes Gago en Nueva York han dejado algunas pistas sobre la relevancia de los apoyos que tuvo la brigada política. Fuentes Gago afirma en un punto del audio: “Se lo digo a usted que la Policía española es muy buena. Nosotros tenemos en Venezuela a gente buena. Tenemos un comisario ahora allí que ha estado muchos años en la lucha contra el terrorismo de ETA y se las sabe todas, y pueden salir con él, pueden ir a Argentina, donde sea, y desde allí les hacemos volar a España”.
El comisario al que se refiere es Santos Bernal, entonces consejero de Interior en la Embajada en Venezuela, un destino estratégico para Interior. Bernal es un comisario bregado en Navarra, antiguo jefe de la unidad contra el terrorismo internacional y primer jefe de la Unidad Adscrita a la Comunidad de Madrid, encargada de las escoltas a los consejeros de Esperanza Aguirre, entre otros cometidos. En la actualidad, Santos Bernal es jefe de una relevante unidad central, la que combate el tráfico de drogas y el crimen organizado, la UDYCO.
También en la operación para recabar el testimonio de Isea participó un alto cargo del Ministerio del Interior. Después de la visita en Nueva York de los policías, el exministro venezolano fue contactado por “una persona que se apellidaba Rueda”, según ha relatado el propio Isea. El comisario Juan Rueda era entonces el subdirector de Relaciones Internacionales del Ministerio. “Me pidió los nombres de mi familia. Nunca recibí respuesta”, ha asegurado Isea a La Sexta. Hoy Rueda trabaja en la empresa privada.
Los sindicatos policiales, contra el proceso soberanista
Los representantes sindicales también se vieron envueltos en las maniobras contra la oposición. El primer gran documento adulterado de la Operación Catalunya fue publicado por el diario El Mundo a nueve días de las autonómicas de 2012 bajo el titular “La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU”. Sin sello ni firma de funcionario, motivó una investigación judicial que llevó al comisario Vázquez a declarar ante un juzgado de Barcelona para desvincular a la UDEF de su redacción. El secretario general del SUP entonces, José Manuel Sánchez Fornet, convocó a los medios y les entregó una copia del pseudoinforme.
Todavía no había emergido la figura del comisario Villarejo, condecorado poco después con una medalla pensionada. Cuando José Manuel Villarejo comenzó a ocupar los titulares, Sánchez Fornet se reveló públicamente como un firme defensor de la trayectoria del comisario, hoy en prisión por liderar presuntamente una organización criminal. José Manuel Sánchez Fornet acabó expulsado del SUP por su conducta “antisindical y antiestatutaria”.
Otras dos centrales, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Federal de Policía (UFP), presentaron una querella contra Artur Mas por la celebración del 9 de la consulta del 9-N. El SPP defiende a la escala de mandos y tuvo como secretario general al enviado especial a Nueva York Fuentes Gago; la Unión Federal de la Policía (UFP) es el sindicato que ha acogido en los últimos años al comisario Eugenio Pino, artífice de la brigada política.
La querella fue impulsada desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía de Eugenio Pino, que intentó involucrar a otras centrales, aseguran a eldiario.es fuentes sindicales. Los sindicatos policiales integraron la acusación popular junto a la organización delictiva Manos Limpias. Ambos pidieron 6 años de cárcel para Artur Mas, que finalmente fue condenado a una pena de inhabilitación de 13 meses. La letrada personada en nombre de los sindicatos, María Ponte, resultó condecorada con una medalla no pensionada en septiembre de 2016.