La Policía requisa los móviles a dos periodistas de Baleares para investigar la publicación de una noticia del caso Cursach
La Policía Nacional ha entrado este martes en la sede de Europa Press Baleares y de Diario de Mallorca para requisar material en el marco de una investigación por las informaciones periodísticas del caso Cursach. En esa causa se investiga a Bartolomé Cursach, magnate de la noche mallorquina acusado de más de 16 delitos, dentro de un sumario refleja que tenía en nómina a policías para que hiciesen la vida imposible a la competencia y que manejaba a políticos y cargos públicos para mantener sus negocios e influencia en la isla.
Además, según han informado fuentes de Diario de Mallorca a eldiario.es, los agentes también han requisado un teléfono a un periodista de ese periódico esta mañana, por orden judicial. Los agentes han entrado en la redacción de este periódico, quien ha informado, en su cuenta de Twitter, que la Policía se ha marchado tras comunicarle que voluntariamente no se entregaría ningún material.
En el caso de Europa Press, la agencia de noticias ha aclarado que los agentes han “requisado documentación y equipos corporativos y personales con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares”.
Europa Press asegura que tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción con la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre la información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa.
La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes, según la agencia, le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los policías se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.
Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert -mano derecha del empresario y exdirector general del grupo Cursach- y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada.
Desde la Fiscalía aseguran que apoyan “la resolución judicial que acuerda la intervención del teléfono de periodistas”. Desde las asociaciones de periodistas (como la FAPE, el SPIB o la APIB) han mostrado su rechazo a la intervención policial.
Por su parte, la FAPE ha lanzado un comunicado en el que “rechazan tajantemente” esta incautación, subrayando que “vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero”. Por tanto, esta federación ha exigido “la devolución del material incautado y la aclaración de los hechos, sobre todo cuando Europa Press no está sometida a investigación alguna en este caso”.
Origen de la operación
La información que ha motivado esta investigación la publicó Europa Press el pasado 5 de julio. En ella se afirma que en un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional se acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016.
Según ese informe, las empresas de Cursach cometieron ese fraude no declarando los beneficios reales de sus empresas y mediante la contratación irregular de parte de sus trabajadores -con lo que se evitaba el pago de impuestos y cargas sociales que corresponderían-.
El caso Cursach
El sumario del caso Cursach relata la caída de un famoso empresario de la noche mallorquina, dueño de importantes discotecas –Pachá, Tito's y BCM–, hoteles y gimnasios –como Megasport. Los investigadores sospechan que, desde 1985, habría pagado a agentes para que friesen a multas e inspecciones a cualquiera que quisiera montar un local en su zona de influencia.
Los agentes que ayudaban al empresario hicieron carrera con él: algunos acabaron como altos directivos de sus empresas, otros simultaneaban ambas tareas, y otros montaron sus propios negocios. Además, los policías, según el testimonio presentado por algunos testigos, habrían disfrutado de fiestas en los locales de Cursach,con prostitutas, alcohol y drogas incluidas.
La trama de corrupción también involucró a la cúpula del PP balear –de hecho, la testigo clave situó a José María Rodríguez y al diputado Álvaro Gijón en las orgías que Cursach organizaba. A raíz de esta causa han caído Rodríguez, Gijón y la responsable de Organización, Sandra Fernández. El empresario nunca disimuló sus contactos con la alta política balear. Hasta el punto de que el entonces president Jaume Matas se entrenaba en uno de sus gimnasios.
Cursach estuvo encarcelado desde marzo de 2017 hasta abril de 2018. Consiguió salir después de reunir en cinco horas el millón de euros que le exigía como fianza la Audiencia Provincial. La lista de delitos que se le atribuyen es interminable: extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de documentos falsos en un proceso, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, blanqueo, delito fiscal, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, asociación ilícita/pertenencia a organización criminal, corrupción de menores y homicidio.
La relación de Cursach con Diario de Mallorca, uno de los medios de comunicación intervenidos, ha sido tortuosa: un abogado del empresario –que además de ser letrado, es boxeador– amenazó a un periodista del periódico por estar disconforme con las noticias que publicaba. Tras pedirle una rectificación y advertirle sobre futuras querellas, el abogado le avisó a través de las redes sociales de que existe una supuesta grabación en la que una testigo alude al redactor: “Ah, y la madame también habla de ti en la grabación” (en referencia a una testigo clave del caso).
