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OPINIÓN | Atentado contra la división de poderes, por Javier Pérez Royo
A dos días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas el Partido Popular y Ciudadanos consideran a la recién nombrada presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, como el gran objetivo a batir en la recta final de la campaña. Han emprendido una ofensiva dentro de su plan para desacreditar cualquier institución en manos de la izquierda, que ganó las generales del 28A, y poner freno a la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
Las formaciones de Pablo Casado y Albert Rivera cargaron este jueves contra la presidenta de la Cámara Baja, nombrada el martes, porque la Mesa del Parlamento –en la que tienen mayoría el PSOE y Unidas Podemos no suspendió en su primera reunión de la legislatura a los cuatro diputados independentistas en prisión preventiva, al solicitar antes un informe a los servicios jurídicos del Congreso.
PP y Ciudadanos, que durante el encuentro exigieron la suspensión inmediata, amenazan con promover la reprobación de Batet o exigir su dimisión si finalmente los parlamentarios presos no son inhabilitados este viernes, en una nueva reunión de la Mesa. Incluso se plantean llevar a la presidenta del Congreso a los tribunales.
La Cámara Baja había recibido el escrito en el que el Tribunal Supremo rechazaba ejecutar la suspensión de los representantes en virtud del artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal e insistía en que era el propio Congreso el que debía tomar la decisión siguiendo el artículo 21 del Reglamento de la Cámara. En la reunión de la Mesa, sin embargo, los propios letrados de la Cámara manifestaron sus dudas jurídicas sobre la suspensión inmediata, porque el propio reglamento del Congreso exige que el Supremo debe pedir el suplicatorio para poder juzgar a un diputado.
“Amarrar un puñado de escaños”
Ante esas dudas, la mayoría de PSOE y Unidas Podemos en la Mesa logró aprobar la petición de un informe a los servicios jurídicos de la Cámara que permita aclarar la situación, pero que retrasa la decisión sobre los diputados presos a este viernes, cuando el máximo órgano de gobierno del Congreso tiene previsto volver a reunirse para adoptar una resolución definitiva en base al análisis realizado por los letrados del Parlamento.
PP y Ciudadanos, que tienen dos representantes cada uno de ellos en la Mesa, consideraron durante la reunión de este jueves que se debía proceder a la suspensión de los parlamentarios encarcelados de forma inmediata, sin necesidad de contar con un informe de los letrados y sin que el Tribunal Supremo se haya pronunciado expresamente.
Para Casado, que la Mesa del Congreso haya aplazado la decisión sobre los diputados presos es una actuación que busca “ganar tiempo” con el objetivo de “amarrar un puñado de escaños” en las elecciones del domingo. El líder del PP advertía así de que si no se produce la suspensión de los parlamentarios encarcelados “el PP ejercerá las acciones legales oportunas para que quede muy claro que la señora Batet está cometiendo un delito de prevaricación, porque está haciendo un acto que no tiene como base el derecho a sabiendas. Está yendo contra la ley en vigor a sabiendas”.
Su número dos, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, sostenía por su parte que “la ley hay que cumplirla y no admite chantajes, connivencias ni intercambios”. En este sentido sostenía que Batet ha recibido instrucciones precisas del Supremo de lo que tiene que hacer respecto los políticos presos, por lo que a su juicio tiene que ejecutar y cumplir la ley. “Al igual que Sánchez, que debería cumplir la ley y no dejarse llevar por sus ansias para repetir como presidente”, aseveraba.
“La ley es inequívoca”
Ana Pastor, hasta el martes presidenta del Congreso, y que ese mismo día consideró en una entrevista en Antena 3 que lo correcto era que la Mesa de la Cámara solicitara en su primera reunión un informe sobre los diputados presos, es ahora la vicepresidenta tercera y este jueves, en cambio, defendió en la reunión del máximo órgano del Parlamento las mismas tesis que los líderes de su partido: suspensión inmediata de los diputados presos sin necesidad de ningún informe.
“Los diputados están suspendidos por ley y se debe hacer efectiva esa suspensión”, apuntaba Pastor en rueda de prensa. “La ley es inequívoca, es clara y de obligado cumplimiento. Hemos pedido a la mesa que se aplique ya la ley y se adopten las medidas, que se haga efectiva la suspensión que ya exige la ley. Lo demás sería incumplir la ley”, zanjaba.
En términos similares se expresaba el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, que amenazaba con pedir la dimisión de Batet si este viernes no se produce la inhabilitación como diputados de los presos independentistas. En su opinión, pedir un informe como hizo la Mesa “es inadecuado e interfiere en un proceso judicial”. “El Tribunal Supremo ha sido lo bastante claro. La señora Batet no puede arrodillar a la democracia española ante los golpistas por tener un pacto entre sus líderes. ¿Pretende convocar un conflicto internacional? ¿Echarle un pulso al Supremo?”, se preguntaba.
“Cada minuto que están cobrando y ocupando un escaño es un minuto de humillación para los españoles”, añadía Girauta, quien calificaba a Pedro Sánchez y Meritxell Batet de “cómplices de los golpistas”. “Si mañana [por el viernes] no se suspende [a los diputados], pediremos la dimisión de Batet”, concluía, tras asegurar que “el interés de Batet, del PSC, está en no perjudicar sus intereses electorales”.