El PP pide ahora suspender la votación en el Senado para dar tiempo a que el Constitucional paralice el desbloqueo del tribunal

En un nuevo intento por mantener el bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, el Partido Popular ha solicitado este viernes que se suspenda la votación en el Senado de la reforma para desbloquear el órgano judicial prevista para el jueves de la semana que viene. La modificación legal ya ha pasado el filtro del Congreso de los Diputados, pero le falta su paso por la Cámara Alta para quedar finalmente aprobada. Y eso es lo que quieren evitar los conservadores. 

En su escrito, el PP considera que la tramitación por la vía de urgencia de esta reforma supone un “fraude” y asegura que “no recaba los informes pertinentes” del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. El partido de Alberto Núñez Feijóo exige un debate y un “estudio profundo por respeto a todos los grupos parlamentarios y a los sectores implicados”.

“Es incomprensible que una reforma tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento Constitucional, sea considerada de tal urgencia que impide su tramitación de conformidad con los plazos ordinarios. Toda decisión que afecte a elementos sustanciales del sistema de protección criminal de nuestro Estado de Derecho y ordenamiento constitucional, exige un debate”, aseguran los conservadores.

Este movimiento supone un nuevo intento del PP por paralizar la reforma legal con la que el Gobierno busca reducir las mayorías para elegir a parte de los miembros del Constitucional y suprimir el requisito de verificación de los nuevos magistrados. Y, de esa forma, acabar con el bloqueo de la derecha judicial, que está propiciando que el tribunal de garantías tenga una mayoría conservadora que no se corresponde con la que salió de las urnas. El Constitucional es el órgano que, próximamente, tendrá que decidir sobre asuntos tan sensibles como el aborto, la eutanasia o la reforma educativa. 

La petición del partido de Núñez Feijóo llega cuando todavía está pendiente de resolverse la otra vía que ha utilizado la formación para detener la tramitación de esta reforma: un recurso de amparo ante el propio Constitucional. Está previsto que el tribunal de garantías se reúna este lunes para abordar ese recurso, después de que este jueves aplazara su decisión y dejara vía libre a la votación del Congreso. En relación a ese recurso, el grupo popular ha presentado a última hora de la tarde de hoy una ampliación en la que aportan las consideraciones de los letrados de la Comisión de Justicia, que aseguraron, según fuentes del PP, que había enmiendas que podrían “no tener una conexión material” además de no guardar “relación de homogeneidad mínima” con la proposición de ley

Lo que todavía se tiene que dirimir es una medida cautelarísima en la que no se examina con detalle el fondo del asunto, sino las consecuencias inmediatas de no hacer nada: si la situación puede ser irreversible en caso de que se paralice o no la tramitación, como piden los recursos de PP y Vox. Y todo ello, además, sin dar audiencia a las partes implicadas.

El sector progresista, actualmente en minoría de cinco contra seis, está convencido de poder defender el lunes que no se debe aplicar la paralización urgente que pide la derecha y permitir, por tanto, la votación del Senado que el PP también intenta paralizar con este escrito. Y al menos una parte del sector conservador, y mayoritario, defiende anular el procedimiento. Pero solo hay un voto de diferencia entre ambos bloques del tribunal para decidir el futuro de una reforma que afecta directamente al propio Constitucional, cuyo mandato lleva meses caducado. 

El resultado de este pleno condicionará la convocatoria del pleno del Senado. Si el Constitucional suspende la tramitación de la norma de forma cautelarísima, las enmiendas analizadas tendrían que desaparecer del orden del día. A no ser que el presidente y la Mesa decidan desatender la resolución del Constitucional. Si el tribunal finalmente rechaza las medidas que proponen PP y Vox, la reforma pondrá rumbo al Boletín Oficial del Estado y los vocales del Poder Judicial tendrán en sus manos la capacidad de romper el bloqueo en la renovación del tribunal de garantías.

Unidas Podemos pide al Constitucional que suspenda el pleno del lunes

Esta tarde, Unidas Podemos ha presentado ante el Constitucional un escrito en el que pide que se suspenda el pleno que los jueces tienen previsto celebrar el lunes para analizar el recurso del PP. El grupo confederal apoya su decisión en que las medidas cautelarísimas solicitadas por los populares que los jueces tienen previsto analizar el lunes hacen referencia al pleno del Congreso que ya se celebró el jueves.

La redacción del recurso del PP para pedir esas medidas urgentes decía así: “Habida cuenta de que, el día 15 de diciembre se producirá la votación en el Pleno de los Diputados, de modo que, en caso de no acordarse la suspensión solicitada antes de dicha votación, el perjuicio será irreparable y el objeto de este procedimiento perderá virtualidad. Es por ello, por lo que se solicita, se adopte esta medida extraordinaria como único medio para restablecer el derecho fundamental de mis mandantes”.

Dado que el texto hace referencia expresa en ese punto al Pleno del Congreso ya celebrado y a ningún otro trámite de ley, como el Pleno del Senado que deberá aprobar definitivamente el jueves la reforma, Unidas Podemos considera que las cautelares no tienen objeto y tampoco así el Pleno del Constitucional que el lunes debe decidir sobre ellas.

Fuentes del Partido Popular han respondido sobre ese punto que “aunque el dictamen de la proposición de ley fue votado en el Pleno del Congreso”, su petición de amparo era referente “al trámite parlamentario”. Por ello, entienden que el tribunal de garantías puede seguir actuando aunque la reforma legal esté ya en su camino al Senado.

El PSOE solicita la recusación de los magistrados con el mandato caducado

El Partido Socialista mientras tanto ha presentado también un recurso de amparo para pedir la abstención o la recusación de los jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado y van a tomar partido en el debate del lunes sobre la paralización del trámite de la reforma del Código Penal. Los socialistas, igual que hizo Unidas Podemos en un recurso el miércoles por la noche, entienden que los magistrados Pedro José González Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez no pueden decidir sobre una reforma que afecta a su propio futuro en el cargo.

“La presente recusación no se basa en ningún caso en circunstancias subjetivas, sino de carácter objetivo, la concurrencia de una evidente afectación a los Magistrados objeto de recusación por el objeto del procedimiento que les compele directamente, lo que da lugar, a las serias dudas que se plantean sobre la necesaria apariencia de imparcialidad que resulta cuestionada por los hechos objetivos, constatables, públicos y notorios, descritos más arriba en este escrito, que les afectan”, expone el recurso que los letrados del grupo socialista han presentado ante el Constitucional.