El presidente de la gestora, Javier Fernández, no tiene en la cabeza la fecha para que se renueve el liderazgo del PSOE tras la salida de Pedro Sánchez. Así lo ha reconocido el presidente asturiano, que admitió tras ser nombrado líder provisional del partido que el mandato de la dirección interina era precisamente pilotar al PSOE hasta la celebración de un congreso.
Los dirigentes cercanos a la gestora admiten que el cónclave tendrá que esperar y confían en que el exsecretario general pase al olvido de la militancia. Es precisamente lo que temen Sánchez y sus afines, que redoblarán la presión para exigir que se convoque inmediatamente.
Fernández ha reconocido que necesita tiempo para convocar el congreso. No quiere que sea exclusivamente la elección de un nuevo secretario general sino que se aborde el proyecto ideológico. En el Congreso, el presidente de la gestora habló de una “reformulación del proyecto y los discursos”. “Una vez que eso esté listo, la gestora no tendrá ningún interés en seguir más tiempo”, concluyó Fernández.
Los partidarios de la gestora comienzan a defender la necesidad de organizar una especie de conferencia política que ponga en marcha la “reconstrucción” del partido desde el punto de vista ideológico. Varios de ellos apuntan a la celebración de una gran cumbre en la que durante meses se debería trabajar con expertos en la reformulación de las políticas por sectores, como hicieron con el Plan 2000 antes de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero.
La idea es el rearme político e ideológico del partido como base previa a la elección de un nuevo líder. “Necesitamos un gran documento para iniciar la reconstrucción del partido socialista”, defendió el diputado Ignacio Urquizu, que sostiene que es el paso anterior a “poner rostro, cara y ojos a esas ideas”. Para ello calcula que son necesarios entre cinco y siete meses. Con ese calendario, el congreso se demoraría hasta la primavera.
“Desdibujar el aura de un agigantado Pedro Sánchez”
Dirigentes enfrentados con Sánchez reconocen en privado que la dilación del congreso les ayudará a calmar las aguas entre la militancia, a la que reconocen identificada mayoritariamente con el 'no es no' a Mariano Rajoy que ha representado el exsecretario general. “No se puede tener el arco permanentemente tenso”, expresa un veterano diputado. Consideran que el tiempo acabará con la movilización que ahora puede ayudar a Sánchez.
Por eso el exsecretario general y sus colaboradores han iniciado una campaña de presión sobre la gestora. “Su mandato expira hoy”, dijo Sánchez tras presentar su renuncia al acta el mismo día de la investidura de Rajoy. “No nos engañemos, detrás de la pretensión de retrasar el congreso del PSOE hay un ánimo indisimulado de que se desdibuje el aura de un agigantado Pedro Sánchez”, expresa en un artículo en eldiario.es Ibán García del Blanco, que formó parte de su dirección.
Además de las apariciones mediáticas, los miembros de la gestora de La Rioja y Baleares defenderán la convocatoria de un congreso. Es lo que marcan los estatutos que debe hacerse tras la baja del secretario general.
No obstante, la mayoría de los miembros de la dirección interina, incluido el cántabro Ricardo Cortés, que ha defendido la tesis de los afines a Sánchez durante este tiempo, son partidarios de dar un tiempo para que el proceso aborde los “contenidos” y se haga con “garantías”. “No se puede hacer deprisa y corriendo porque alguien quiera”, admitía este sábado un miembro de la gestora.
Uno de los temores que tiene el sector de Sánchez es que se supriman las primarias para elegir al próximo secretario general. Sin embargo, el presidente de la gestora y dirigentes ahora oficialistas subrayan que la elección a través de “un militante, un voto” es un “triunfo” que no se eliminará. “Lo harán todos los militantes. Espero que de eso nadie tenga ninguna duda”, zanjó el presidente de la gestora.
El PSC en vilo
Otra de las preocupaciones en el sector de Sánchez es que la ruptura de la disciplina de voto por parte del PSC acabe con la relación entre ambas formaciones antes del próximo congreso. Eso supondría que los 18.000 militantes catalanes no podrían participar en las primarias en las que el exsecretario general tiene posibilidades de hacerse fuerte frente a Susana Díaz por su defensa del 'no es no' frente a la abstención.
Algunos de los dirigentes partidarios de “revisar la relación asimétrica” entre ambas formaciones –el PSC tiene representantes en los órganos de dirección del PSOE, pero no al revés– consideran que puede hacerse en el Comité Federal. La conclusión a la que apuntan es a la salida del PSC de los órganos federales.
Miquel Iceta ha insistido en la voluntad de los socialistas catalanes de permanecer juntos. Además, fuentes del PSC consideran que la ruptura debería llevarse a cabo en un congreso y no en el Comité Federal ya que el “protocolo de unidad” está reflejado de forma genérica en los estatutos del partido.
El otro frente abierto de la gestora antes de abordar el congreso es el de la actuación contra los diputados que mantuvieron el 'no' a Mariano Rajoy. El grupo parlamentario ya ha iniciado el proceso para sancionarles económicamente, que es la única potestad que le otorga el reglamento ante la ruptura de la disciplina de voto. Algunos diputados son partidarios, además, de revocarles de sus funciones en el caso de que ocupen cargos en la dirección, portavocías o puestos en las mesas de las comisiones.
El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, admitió que la gestora tomará “decisiones” sobre los seis militantes que se saltaron la decisión del Comité Federal de abstenerse. Margarita Robles y Zaida Cantera son independientes sobre “los que el partido evidentemente no tiene ninguna capacidad”, en palabras de Jiménez, y hay otros siete miembros del PSC, “sobre los que el PSOE no tiene –digamos- jurisdicción”, dijo el portavoz interino del partido.
Los estatutos del partido prevén la expulsión para los casos “graves” de ruptura de la disciplina de voto. La gestora tendría que denunciar la conducta en el Comité Federal y este órgano, si lo considera “grave”, proceder a la expulsión de grupo y a dar traslado a la Comisión Federal de Ética y Garantías para que dicte las resoluciones pertinentes.