El PSOE ha llegado a un acuerdo con Junts y el PNV para hacer permanente el impuesto especial a la banca pero tumbar al mismo tiempo el que gravaba a las eléctricas. Un pacto que no cuenta con el apoyo de Sumar, que ha registrado sus propias enmiendas en el Congreso para tratar de llegar a un acuerdo en el trámite parlamentario e incluir también a las energéticas, que los nacionalistas quieren dejar fuera. Sin los votos de su socio en el Gobierno los socialistas tendrían que recurrir al PP para sacar adelante ese pacto.
Este miércoles terminaba el plazo de enmiendas para la transposición de una directiva europea sobre el impuesto de sociedades. Un texto sobre el que hay un acuerdo general entre los socios del Gobierno porque plantea elevar el tipo mínimo al 15%, en línea de la media de la Unión Europea. Pero el Ejecutivo buscaba incluir también en esta proposición de ley el debate sobre la fiscalidad especial para las energéticas y la banca, y para ello quería presentar una serie de enmiendas negociadas en el seno de la coalición.
El PSOE ha cerrado finalmente un acuerdo inicial con el PNV y Junts que deja fuera a las energéticas del que Sumar se ha desmarcado. El grupo plurinacional ha registrado una batería de enmiendas para tratar de mantener las conversaciones durante el trámite parlamentario. Fuentes de la coalición recuerdan que el PSOE no tiene mayoría para sacar ese acuerdo si no incluyen a las energéticas.
De hecho, EH Bildu y ERC han registrado también sus propias enmiendas para que ambos impuestos sean permanentes. Podemos ha anunciado este jueves que tampoco apoyará esa ley si no incluye el impuesto a las eléctricas. “Los cuatro diputados de Podemos no apoyarán la PL de reforma del impuesto de sociedades impulsada por el PSOE si se elimina la tasa a las energéticas, tal y como los socialistas han pactado con otros grupos parlamentarios. El gravamen a las energéticas, a juicio de los morados, debe convertirse en permanente y su retirada supondría una reforma fiscal encubierta y regresiva para nuestro país”, sostienen fuentes de el partido.
El Gobierno impulsó en 2022 un gravamen especial, de forma temporal, como respuesta a los beneficios extraordinarios por la crisis de inflación y las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Esa medida está en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Sumar negoció para el acuerdo de investidura que esta herramienta fiscal se convirtiese en permanente y ha querido aprovechar las conversaciones ya en marcha por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para forzar al PSOE a que cumpla ese compromiso.
Pero en las últimas semanas, desde la parte socialista del Gobierno han empezado a distanciarse de la idea de hacer permanente este gravamen. Si el Ejecutivo “no cuenta con la mayoría suficiente no podrá cumplir con la vocación de que los impuestos a las energéticas y a la banca permanezcan a lo largo del tiempo”, dijo hace pocos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
“La vocación que tiene el Gobierno es darle continuidad, pero también el Gobierno es muy consciente de que tiene que acordarlo con el conjunto de grupos políticos, que los tienen que aprobar”, dijo el pasado jueves en declaraciones a un grupo de periodistas. Hay en concreto dos grupos que están poniendo pegas en este sentido: Junts y PNV. Y en Sumar entienden que parte de las reticencias de los socialistas están relacionadas con la necesidad de buscar el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes para los PGE.
Hace poco, en un artículo en La Vanguardia con el título Industria o populismo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguraba que los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas eran “medidas populistas” dentro una estrategia de “falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo” que, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”.
Este miércoles, tras registrar las enmiendas, el PNV ha anunciado en una nota de prensa haber logrado “que se dé cumplimiento al acuerdo con el Gobierno español para la concertación con capacidad normativa de los impuestos a grupos multinacionales y a la banca a las instituciones forales”. “El gravamen a energéticas decaerá por factores externos a la formación jeltzale, que ha mostrado su voluntad de convertir en impuesto y concertar dicho tributo”, han añadido, en una referencia velada a Junts. No obstante, el acuerdo no se hará efectivo si el PSOE no consigue los apoyos para el conjunto del texto y sin los votos de Sumar es poco probable que vea la luz, salvo que un improbable acuerdo con el PP.
En Sumar recuerdan el impacto en la recaudación que han tenido estos dos gravámenes. Los gravámenes especiales a la banca y las energéticas recaudaron 2.859 millones en 2024 (correspondiente al ejercicio 2023). Un impuesto que no ha afectado a la marcha de Repsol: en 2022, la petrolera obtuvo el beneficio mayor de su historia, 4.251 millones, mientras que en 2023, las ganancias fueron las terceras mejores, 3.168 millones de euros. En cambio, dentro su estrategia de presión, la empresa ha amenazado también con llevarse inversiones fuera de España.
Las cinco eléctricas más grandes han ganado 7.700 millones en el primer semestre de 2024, con el impuesto ya funcionando, un 12% más que en 2022 cuando a raíz de la crisis de Ucrania se dispararon los precios. También recuerda Sumar que la presión fiscal sigue en España entre cuatro y cinco puntos por debajo de la media de la eurozona. “Hay margen para subir impuestos a las grandes empresas. Hace días que salió otro estudio donde apuntaba que la mayor parte de la inflación es causa de los beneficios fiscales”, sostienen fuentes de la coalición, que creen que el Gobierno debe mandar un mensaje de justicia fiscal con esta negociación.
Un acuerdo “avanzado” sobre fiscalidad entre PSOE y Sumar
Pese a no haber alcanzado todavía un acuerdo en estas cuestiones, en la coalición han registrado una serie de enmiendas a la ley con cuestiones que están en negociación con su socio, en algunos casos con acuerdos “avanzados”. En esas enmiendas han incluido por ejemplo la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes herencias “para evitar la competencia fiscal a la baja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”. “El Impuesto Estatal a las herencias se establecería para las mayores de 1 millón de euros y sería la diferencia entre el gravamen estatal y el establecido por las comunidades autónomas, incentivando a estas últimas a no reducir el impuesto por debajo del mínimo establecido, sostienen fuentes de la coalición.
También buscan mejorar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que consideran que ha sido efectivo para “frenar la competencia fiscal entre comunidades autónomas en el Impuesto sobre el Patrimonio, mejorando así la progresividad del sistema fiscal y asegurando que las grandes fortunas contribuyan a financiar servicios públicos”. Y aumentar la tributación de las rentas del capital y progresividad en IRPF. “Tras el avance en la tributación de los rendimientos de capital llevado a cabo en los presupuestos de 2023 proponemos continuar en la senda de acercamiento de los mismos a los del trabajo. Actualmente los tramos se encuentran entre el 19% para rendimientos por debajo de 6.000 euros y el 26% para las superiores a 200.000, unos tramos muy inferiores a las rentas del trabajo, que tributan entre el 19% y el 47%”, sostienen esa fuentes.
El PSOE también ha registrado enmiendas sobre este punto concreto, aunque con algunas diferencias. Sobre las rentas de capital, los socialista quieren incrementar un punto la tributación de las rentas superiores a 300.000 euros, para que pase del 28% al 29%.
Proponen también un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras que “grava el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en España”, según fuentes de Hacienda. Será un impuesto de carácter progresivo, del 1% al 6% en función de la base liquidable que por otro lado “permite la deducción del 25% de la cuota de Sociedades” y una deducción extraordinaria “en el caso de que sufran un descenso sostenido de su rentabilidad”.
También buscan implementar más cambios en el impuesto de Sociedades “para adecuarse a sentencias de los tribunales”. “Se establece de nuevo un límite a las grandes empresas o grupos empresariales para aplicar deducciones para compensar las bases imponibles negativas. El límite es del 50% por ejercicio para las empresas con una cifra de negocio entre los 20 millones y los 60 millones de euros y del 25% para aquellas que superaran los 60 millones de euros”, sostienen esas fuentes.