Rodrigo Rato y Figaredo, el símbolo del “milagro económico español” que blandió el PP para arañar votos y poder, el destacado portavoz parlamentario y todopoderoso vicepresidente, el único español nombrado director del FMI… ha pasado el último lustro entre los juzgados y la cárcel. Disfruta desde mediados de febrero de la libertad condicional tras haber pasado en prisión algo más de dos años cumpliendo condena por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Y en septiembre de 2020 quedó absuelto del fiasco de la la salida a Bolsa de Bankia.
Su presente parece ahora menos oscuro que hace medio año, cuando esperaba esa sentencia en una celda en Soto del Real. Pero su horizonte judicial no está ni mucho menos despejado. Otro juez le ha enseñado el camino del banquillo por la macrocausa abierta en 2015 sobre el origen de su fortuna. Casi seis años después de aquella fotografía siendo introducido en un coche de los agentes de Aduanas que fue portada en toda la prensa, la Fiscalía pide para él más de 80 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones de euros. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental.
Esta causa ha indagado en su entramado societario radicado en parte en paraísos fiscales como como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y oculto a Hacienda. Según el juez Serrano Arnal, Rato tendría montado desde 2006 un entramado de empresas en el extranjero con el objetivo de “alejar” de su “origen” fondos que ingresaba en España. Con ese “canal”, que operó hasta 2014, habría introducido en España más de 7,8 millones de euros, según acreditó un informe de la UCO que consta en el sumario.
La segunda pata de la investigación es la relativa al fraude fiscal, que Rato habría efectuado en una doble vía. Por un lado, a través de “maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras societarias entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio de manera oculta para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades meramente instrumentales” servicios profesionales que prestaba de manera personal, como conferencias.
La investigación que le tiene de nuevo al borde del banquillo se inició precisamente después de conocerse que se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. La Fiscalía recuerda que entonces omitió “cualquier referencia” a una serie de sociedades y declaró un patrimonio en el exterior de 115.333 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.
Este caso también ha hecho aflorar supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. El magistrado también propone juzgarle por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de campañas de publicidad de la entidad que, según la Fiscalía, se derivaron a diversas sociedades logrando “difuminar el origen del dinero”.
El juez considera que Rato y otras 14 personas —entre ellas, el exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella— deberían ir a juicio por la presunta trama para repartirse dos millones de euros en comisiones por los contratos firmados entre Bankia y las sociedades Publicis Comunicación y Zenith Media en los ejercicios de 2011 y 2012, cuando Rato era presidente. El magistrado considera indiciariamente acreditado que Rato se embolsó una comisión de 835.025 euros por mediar para que las citadas empresas se hicieran con contratos publicitarios.
En total, la Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, así como 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. A esta última cifra, señala Anticorrupción, habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.
99.054 gastados con la tarjeta black
A la espera de un posible nuevo juicio, Rato acumula ya una condena por llevarse dinero público. En su caso, 99.054 euros de Caja Madrid pasando la tarjeta con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo, entre otras menudencias. La sentencia, confirmada por el Supremo en octubre de 2018, atribuye a Rato y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran. La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013.
En libertad condicional desde hace apenas unas semanas, Rato ha cumplido poco más de dos años de los cuatro y medio que le impuso la Audiencia Nacional y que después confirmó el Supremo. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, acordó su salida de prisión tras proponerlo Instituciones Penitenciarias, que alegó que es mayor de 70 años —cumplirá 72 en poco más de una semana— y muestra un “pronóstico favorable” de reinserción tras participar en un programa de rehabilitación.
El político y banquero también respiró el pasado septiembre, cuando la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a Bolsa de Bankia. El mayor agujero en los fondos públicos de todos los bancos rescatados se queda, por el momento, sin reproche penal. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le puede atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron en la dirección estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.
Esa fue la línea de defensa que siguió durante el juicio Rato, que nunca se ha considerado responsable de las actuaciones que llevaron a la ruina a accionistas y preferentistas. En 2012, la quiebra de la entidad necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público y Rato acabó saliendo por la puerta de atrás de la mano de su amigo Mariano Rajoy, que llevaba solo unos meses en la Moncloa y tuvo que hacerse cargo del desmoronamiento de una entidad sistémica en cuyos nombramientos había tenido mucho que ver.
El país se asomaba entonces al abismo, pero aún no había saltado el escándalo de las tarjetas black y Rato todavía mantenía abierto ese “canal” con el que supuestamente introducía en España millones de euros de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales y sustentadas por testaferros. El hombre que lo había sido todo en la política y los negocios durante varias décadas parecía intocable. Pero esos tiempos pasaron. Desde entonces se ha enfrentando a dos juicios —al del caso Bankia tuvo que acudir en furgón desde la cárcel— y es posible que el camino del banquillo se abra de nuevo para él.