Los socios parlamentarios del Gobierno empiezan a presionar para que Pedro Sánchez cristalice los compromisos que asumió tras volver de su pausa de cinco días el mes pasado. En aquel momento, el líder socialista denunció una persecución y habló de un punto de inflexión en la legislatura que tanto Sumar como ERC, Junts y EH Bildu quieren que empiece a tomar forma con el despliegue de medidas de regeneración democrática. Y este miércoles se lo han trasladado directamente en su comparecencia en el Congreso.
El presidente del Gobierno intervenía ante el Pleno de la Cámara Baja para hablar, como suele hacer habitualmente, de los últimos acuerdos del Consejo Europeo y también para atender a las peticiones registradas por el PP para que diera cuenta de las informaciones que afectan a su pareja, Begoña Gómez. Sánchez, sin embargo, cambiaba el eje de esa comparecencia con el anuncio de que el Consejo de Ministros reconocerá el Estado de Palestina el próximo martes.
Tanto Sumar como el resto de socios parlamentarios han aprovechado la comparecencia para pedir cuentas a Sánchez sobre compromisos concretos para avanzar en lo que denominan la “democratización” del Estado. En el grupo que encabeza Íñigo Errejón reflexionan desde hace tiempo que en una legislatura como la actual, con una mayoría parlamentaria más plurinacional que progresista, ese tipo de medidas pueden tener mayor salida que las iniciativas centradas en avances sociales.
En la reunión de seguimiento de la coalición que PSOE y Sumar celebraron la semana pasada ambas fuerzas ya se comprometieron a activar una agenda de “regeneración democrática. La coalición de Yolanda Díaz, de hecho, registró hace apenas unas semanas una reforma de la ley mordaza y ha apostado por una reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permita sortear el bloqueo que el PP ejerce sobre ese órgano desde hace más de cinco años.
“Usted, señor Sánchez, anunció tras su regreso un 'punto y a parte'. Pero no anunció ninguna medida. Ninguna. Y eso nosotros creemos que es un error, que envalentona a los reaccionarios y desmoraliza a los demócratas”, le reprochaba este miércoles el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, desde la tribuna del Congreso.
El diputado le ha pedido que atienda las propuestas que su grupo parlamentario ha propuesto desde entonces: derogar la ley mordaza, “cambiar las condiciones de acceso a las altas magistraturas del estado diversificando así la procedencia territorial y de clase” y “herramientas” para renovar el Poder Judicial. “Honestamente no me creo que a usted le parezca que se puede confiar de nuevo en el Partido Popular que lleva secuestrándolo cinco años”, le ha dicho.
En su réplica, Sánchez ha tomado el guante de las palabras de Errejón y se ha comprometido a abordar esas políticas una vez que pasen las elecciones europeas. “No es un debate que de una manera seria podamos abordar ahora. En la reunión que mantuvimos los partidos, una de las cuestiones que nos hemos mandatado es poner una agenda de regeneración democrática de las elecciones europeas”, le ha respondido el líder socialista.
Las reclamaciones de EH Bildu, ERC y Junts
Esta cuestión sobrevoló también la sesión de control que se celebró justo después de la comparecencia de Sánchez. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua le planteaba directamente en su pregunta parlamentaria la necesidad de abordar este tipo de reformas. “El Estado español tiene una regeneración democrática pendiente. Esa regeneración debe pasar por tomar todas las medidas necesarias para abrir una nueva fase histórica en este Estado”, le cuestionaba.
“Debe abordarse la regeneración del Poder Judicial, la recuperación de las libertades usurpadas por la derecha, ampliando derechos sociales, laborales y económicos, depurando las fuerzas de seguridad, enfrentando la manipulación mediática y también también con el reconocimiento nacional de Euskal Herria, Catalunya y Galicia”, proseguía la portavoz de los independentistas vascos.
Sánchez se comprometió después públicamente ha abordar esta agenda. “Lo que sí que puedo manifestarles es mi compromiso”, señaló el jefe del Ejecutivo.
También los independentistas catalanes reprochaban al presidente la falta de diligencia a la hora de tomar medidas después de su compromiso de regeneración. “La pregunta es: ¿y ahora, qué? La respuesta es que sigue habiendo jueces al servicio del PP y de Vox. Y sigue y sigue habiendo mentiras. Sigue habiendo medios de comunicación al servicio de PP y de Vox. En España hoy en día se puede saltar de medio de comunicación fake en medio de comunicación fake sin pisar una sola noticia verdadera”, le dijo en su turno de palabra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
Rufián pidió al Gobierno que llevase al Congreso de los Diputados la votación para desbloquear el nombramiento de vocales en el CGPJ y más sanciones contra los bulos. “Rompamos el veto del Partido Popular, subamos las multas por difamación a 150.000 ó 200.000 euros. No todos los medios de comunicación se puede permitir 200.000 euros por mentir”.
“Usted ha comprado las tesis de Junts per Catalunya sobre la existencia de la 'lawfare'”, le dijo a continuación la diputada Miriam Nogueras, que atacó al presidente como cómplice de esas maniobras. “Usted ha participado y ha abusado de este lawfare y de lo que usted mismo ha denominado máquina del fango y ha participado en contra de el movimiento independentista y también en particular contra sus líderes”, le acusó la parlamentaria de Junts.
Tal y como adelantó elDiario.es, la primera iniciativa que está ya sobre la mesa del Gobierno es una reforma integral de la ley orgánica del Poder Judicial para acabar con el bloqueo del CGPJ que el PP mantiene desde hace cinco años y medio. Lo previsto es que no sea ahora ni en este trimestre, pero el ministro de Justicia trabaja en un plan B a poner en marcha si los de Feijóo persisten en el bloqueo.