El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa penal contra Alberto Casero, el diputado del Partido Popular que se equivocó en la votación de la reforma laboral, por irregularidades en varios contratos que adjudicó cuando fue alcalde de la localidad extremeña de Trujillo. Los jueces investigarán cinco contratos adjudicados entre 2017 y 2018 por más de 70.000 euros, tal y como denuncia la Fiscalía, sin los informes necesarios y sin informar al propio consistorio.
Los investigadores señalan que Casero fue alcalde de Trujillo entre 2017 y 2018, época en la que puso en marcha varios contratos públicos de manera supuestamente ilegal. Según la exposición razonada del juzgado extremeño que empezó la investigación, lo hizo “sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello”. Por ejemplo, según esta acusación, comprometió diversos pagos de dinero público sin comunicarlo al ayuntamiento y sin los informes necesarios.
Por ejemplo, contrató a un psicólogo ocultando el proceso al consistorio que dirigía, sin aportar el contrato, sin un expediente de contratación, sin un informe que justificara la necesidad de contratar un psicólogo y, finalmente, sin una aprobación del gasto. La lupa de los jueces también está puesta sobre un pago de 25.000 euros a la Cámara de Comercio de Perú, un contrato de patrocinio de 18.000 euros con la Asociación Cultural Bon Vivant, un contrato de 14.000 euros con una consultora y otro de 15.000 euros con una emisora de radio para promocionar la Feria del Queso de Trujillo.
El juez encargado de investigar el caso será Andrés Palomo, que una vez abierta la causa tendrá que decidir qué diligencias pondrá en marcha. La primera decisión será si imputa y llama a declarar al propio Casero. En este auto, el Tribunal Supremo ya adelanta que en un primer vistazo a la causa los hechos “podrían ser constitutivos de delito” y la Fiscalía apunta a una posible malversación de fondos públicos.
El número 3 del PP
El nombre de Alberto Casero había pasado desapercibido para el gran público hasta el pasado mes de febrero, cuando su error en la votación telemática consiguió marcar la diferencia y sacar adelante la reforma laboral del Gobierno. Casero, que en ese momento votaba desde su casa al estar enfermo, alegó que el sistema había computado erróneamente su voto como favorable a la reforma y, tras el cambio de última hora de los diputados de Unión del Pueblo Navarro, su voto fue determinante para sacar la norma.
Casero era entonces, y es todavía hasta este fin de semana, número 3 en el Partido Popular que dirigía Pablo Casado. Es miembro del Comité Ejecutivo de la formación conservadora desde 2017 y en la última década ha ocupado diversos cargos públicos con el PP: ha sido senador, alcalde de Trujillo y ahora también diputado en el Congreso.
En el seno del Partido Popular, Casero ha ocupado posiciones muy cercanas a la figura de Pablo Casado, como la secretaría de organización del PP. Unas posiciones que previsiblemente perderá este fin de semana en el congreso extraordinario que el partido celebra este fin de semana en Sevilla para encumbrar a Alberto Núñez Feijóo.
Imputación y aforamiento
El caso ya está en manos del juez Palomo, que tendrá que decidir si imputa a Casero, algo que habitualmente suele constituir la primera diligencia una vez abierta la causa. El político del PP es diputado en el Congreso y por tanto está aforado ante la sala segunda del alto tribunal, aunque una hipotética dimisión devolvería el caso a la Justicia ordinaria y al juzgado de Extremadura que empezó la investigación de los contratos sospechosos.
Los jueces tienen, por ahora, dos posibles delitos encima de la mesa: uno de prevaricación al que apunta desde el principio el juzgado de Extremadura y ahora también uno de malversación planteado por la Fiscalía.
La Fiscalía entiende, de hecho, que podría haber incurrido en ambos delitos y además de forma continuada. Unas acusaciones que, según el Ministerio Público, “se concretan en la celebración de determinados acuerdos y contratos de servicios con diversas personas y entidades comprometiéndose al pago de las correspondientes prestaciones dinerarias pero sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos para ello”.