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El Supremo recibe una denuncia contra Yolanda Díaz por reunirse con Puigdemont pero aún no ha decidido si la admitirá

Yolanda Díaz y Carles Puigdemont antes de su reunión en Bruselas.

Alberto Pozas

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El pasado cuatro de septiembre la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, se trasladaba a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont, líder de Junts, en el marco de las negociaciones para una hipotética investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Menos de dos semanas después el Tribunal Supremo ya ha recibido varias demandas o querellas contra la líder de Sumar poniendo varios delitos encima de la mesa por su encuentro con el imputado por el procés de 2017.

Querellas y demandas que no han supuesto la apertura de ninguna causa y que siguen el trámite habitual: pasar por registro, preguntar a Fiscalía y tomar una decisión, como muy pronto, en unas semanas.

Ha sido Societat Civil Catalana, organización que en los últimos años ha puesto en marcha diversas iniciativas judiciales y sociales contra el independentismo, la que ha interpuesto una de estas querellas, de un ilícito de omisión del deber de perseguir delitos. En un comunicado la asociación critica que Díaz acudiera a encontrarse con el procesado pero no explica si debería, a su juicio, haberle arrestado para llevarle a España y ponerle a disposición del juez Llarena, que intenta desde hace años que sea extraditado.

Ha sido esta asociación la que ha emitido un comunicado afirmando que el Tribunal Supremo ha “admitido a trámite” su denuncia. Lo cierto es que los magistrados de la sala de lo penal del Supremo ni siquiera tienen este asunto encima de la mesa en la sección de admisiones.

El caso, explican desde al alto tribunal a elDiario.es, seguirá su trámite habitual: el Supremo pondrá la denuncia en manos de la Fiscalía para que informe sobre si procede o no abrir una investigación y después tomará una decisión que llegará, a tenor de sus tiempos habituales, no antes de mediados de octubre. Fuentes jurídicas no ven clara la aplicación de este delito a nada que hiciera la vicepresidenta en funciones.

La de Societat Civil Catalana no es la única acción penal presentada contra Díaz por su reunión con Puigdemont. Un juzgado de A Coruña ha recibido una denuncia acusando a la vicepresidenta en funciones de malversación por, supuestamente, gastar dinero público en visitar al expresident, aunque ella está aforada ante el Supremo.

Vox también anunció que había solicitado que tanto Díaz como Jaume Asens prestaran declaración en el Supremo como testigos para saber si habían averiguado algo de la estrategia procesal de Puigdemont. Por último, un abogado y youtuber llamado Rubén Gisbert ha presentado una querella por el mismo motivo.

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