El talento de Víctor Valladares: de llevar al Gobierno al banquillo por el 8M a terminar preso en Soto del Real

El pasado jueves un hombre llegaba esposado y escoltado por dos agentes de la Guardia Civil a los juzgados de lo penal de la calle Julián Camarillo de Madrid. Allí esperaban varios abogados que tienen pleitos pendientes con él y que, hasta hoy, no habían sido capaces de localizarle. Un juicio más por estafa en el largo historial delictivo del ourensano Víctor Valladares, que en menos de dos años ha pasado de ser el aspirante a azote del Gobierno a terminar en la cárcel cumpliendo condena por engañar sistemáticamente a las personas que le confiaban sus problemas judiciales. Mientras intentaba convencer a miles de personas para sumarse a su causa judicial contra el 8M de 2020, los tribunales y colegios de abogados le condenaban y sancionaban por timar a su suegra, engañar a afectados por cláusulas suelo o perjudicar a una mujer que intentaba recuperar a su hija desaparecida.

En este último proceso por engañar a clientes, Valladares ha aceptado su condena y el juicio ni siquiera se ha celebrado. El dueño de una gestoría de Madrid le llevó a los tribunales porque le encargó un proceso judicial que nunca puso en marcha, y cuando fue a pedir explicaciones los funcionarios le informaron de que el procedimiento no existía. Un engaño que ocurrió hace ocho años y que, desde entonces, se ha repetido en multitud de ocasiones dando lugar a media docena de condenas para Valladares. Pero el entonces letrado se las ingenió para mantener impoluta su imagen pública: abogado joven, dinámico, mediático y comprometido con la causa animalista.

En 2014, Víctor Valladares ya se había ubicado en los medios de comunicación como una de las referencias de la defensa de los derechos de los animales: demandó a la Comunidad de Madrid por el sacrificio de Excálibur, el perro de la sanitaria contagiada de ébola Teresa Romero. Dos años después era también la cara visible de la pelea legal para terminar con festividades como el Toro de la Peña de Tordesillas o el Toro de la Vega. En 2017, representaba a una asociación animalista balear para impulsar el rescate de las cabras del islote de Es Vedrà. También tenía en sus manos casos de recorrido mediático como el atropello de la joven Vanesa Patricio en Sant Josep de sa Talaia o la compraventa del Racing de Santander.

El propio Consejo General de la Abogacía Española recogía sus declaraciones en un artículo sobre los derechos de los animales: “A nivel profesional o económico, para un despacho de abogados tradicional es muy poco atractivo por los inocuos beneficios económicos que aporta, consume mucho tiempo de tu trabajo, si bien, a nivel personal es una satisfacción cuando consigues un pequeño logro por un animal”, lamentaba Valladares. Denunció, incluso, a José Luis Moreno por el estado de sus perros.

Su fama como abogado animalista no se correspondía con el historial delictivo que empezaba a inaugurar esos años. En los años siguientes, diversas asociaciones del ámbito de la protección de los animales habían denunciado haber sido engañados por Valladares. Muy pocos, eso sí, lo hacían en el juzgado, al entender que iban a invertir demasiado tiempo y recursos en un pleito por una cantidad muy pequeña de dinero supuestamente estafado. Su modus operandi: quedarse con pequeñas cantidades de dinero que sus clientes le daban para pagar a un procurador o unas supuestas tasas que, en realidad, no llegaban a su destino.

Entre 2014 y 2020, el abogado Víctor Valladares fue imputado por distintos juzgados de Madrid en media docena de causas relacionadas con estas supuestas estafas y engaños a clientes que le pagaban por servicios que nunca prestaba. Así lo revelan las sentencias condenatorias que, poco a poco, va declarando firmes el Tribunal Supremo. Y para cuando llegó el año 2018, Víctor Valladares se lanzó a la televisión pero ya entonces sin su carnet del Colegio de Abogados de Madrid. Participó en el 'reality' de Cuatro titulado 'Ven a cenar conmigo', aunque sus intervenciones en el programa han desaparecido de la página web de la cadena. En esa época, según diversos testimonios, la Policía acudía al piso donde Valladares había vivido un tiempo para preguntar por él, incapaces de localizarle, mientras debía además varios meses de alquiler.

La denuncia contra el Gobierno

Su siguiente aparición pública llegó en marzo de 2020. Dos semanas después de la declaración del estado de alarma, diversos medios de comunicación se hacían eco de la acción penal iniciada por Víctor Valladares: “El abogado que ha denunciado al Gobierno”, decían los titulares sobre las denuncias presentadas por él tanto en la Plaza de Castilla de Madrid como en el Tribunal Supremo, pidiendo imputar a Pedro Sánchez y a todo aquel que hubiera tenido algo que ver en la decisión de permitir la manifestación del 8 de marzo, acusando a todos de promover el contagio del virus en el nombre de la causa feminista. Anunció entonces la creación de una asociación de afectados.

Ya entonces, él mismo especificaba que no era abogado, sino que lo había sido. Cualquier consulta realizada a sus antiguos puestos en despachos de abogados terminaba en vagas explicaciones de sus antiguos compañeros de trabajo dando a entender que no tenían buen recuerdo de él. Y él especificaba, preguntado por las acusaciones de estafa, que había ganado todos los juicios que había tenido. “El Presidente del Gobierno cometió delito de prevaricación por no impedir las manifestaciones del 8M para evitar la propagación del coronavirus”, dijo por ejemplo a la Cadena COPE.

La realidad era distinta en torno al hombre que presumía de aglutinar a miles de personas en su ofensiva penal contra el Gobierno y el 8M. Valladares causó baja definitiva del Colegio de Abogados de Madrid en noviembre de 2018 y para entonces ya se había quedado sin carnet en varias ocasiones por varias sanciones. Una de ellas, por ejemplo, por engañar a una mujer que le encomendó la tarea de recuperar a su hija pequeña, supuestamente sustraída por el padre y llevada fuera de España, a Argelia. “Por ahora estamos encontrando colaboración con el consulado español y la embajada argelina en España y puede que consigamos algo más allá de la vía judicial”, celebraba en directo en la televisión pública vasca.

La mujer empezó a sospechar que la falta de avances en la búsqueda de su hija tenían origen en la inactividad del abogado, que llegó a bloquear a la mujer en el teléfono y las redes sociales. Contactó con el ICAM y descubrió que no había hecho “nada de nada”, relató entonces. Fue suspendido durante 15 días por parte de la Junta de Gobierno de los abogados madrileños por una falta grave de “reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas colegiales”. Ese mismo año, un juzgado le había condenado a devolver 1.300 euros a otra clienta engañada. Ni siquiera se presentó al juicio.

“Este Gobierno merece una condena penal”

Todas estas estafas se iban traduciendo en sanciones, juicios y condenas pero la imagen pública de Valladares era otra. El diario El Mundo, por ejemplo, le entrevistaba en junio de 2020 sujetando la imagen de los féretros del Palacio de Hielo mientras justificaba “por qué este Gobierno merece una condena penal ante tanto muerto”. Para entonces, su denuncia en los tribunales de Madrid contra el Gobierno había levantado el vuelo y la jueza había imputado a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, para responder en el banquillo por los contagios y las muertes cercanas al 8M.

Para entonces sus antecedentes penales ya eran conocidos y habían sido publicados, pero eso no impidió que el carismático Valladares siguiera, entrevista tras entrevista, presumiendo de haber iniciado una causa en la que ni siquiera llegó a personarse. Entrevistado por el locutor Federico Jiménez Losantos en esRadio, por ejemplo, rechazó contestar a una pregunta sobre la “campaña de desprestigio” a la que estaba siendo sometido y se limitó a decir que no haría comentarios por consejo de “las personas que me asesoran”.

La causa iniciada por Valladares no tuvo ningún recorrido penal y fue archivada, pero dejó episodios relevantes por el camino: la imputación de José Manuel Franco y la emisión y filtración de informes por parte de la Guardia Civil que, al final, desembocaron en la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. También fue utilizada como arma arrojadiza por la oposición en los ataques al ejecutivo central por la gestión de la pandemia y en la estrategia de relacionar el 8M con las muertes. Fue hace apenas unos meses cuando Vox intentó, sin éxito, reabrir esta causa en el Tribunal Supremo.

Esta causa sobre la manifestación feminista fue abrazada por las derechas y el Partido Popular. Su entonces portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, anunció que acataban la decisión pero que seguirían tratando el asunto “a fondo en el plano político”. Previamente, Pablo Casado no había dudado en hacerse eco del polémico informe forense del caso, asegurando en su cuenta de Twitter que “la hecatombe se veía venir, lo sabían”. Los informes del caso apuntaban al Gobierno y las autoridades sanitarias basándose en errores, bulos y mentiras, tal y como reveló elDiario.es.

Condenado e imputado mientras denunciaba al Gobierno

Víctor Valladares nunca llegó a personarse en la causa con la que buscaba la condena de las autoridades y en la que, supuestamente, actuaba en nombre de las miles de personas que le habían mostrado su apoyo para adherirse a su asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus. Lo intentó, incluso, con un abogado vinculado al Partido Popular de Cantabria. Y esquivaba a duras penas las publicaciones sobre su historial de estafas y engaños, también ante los ciudadanos que le mostraban su apoyo. Todo mientras los tribunales seguían emitiendo sentencias condenatorias en su contra y que él no hacía públicas.

El 31 de marzo de 2020, por ejemplo, envió un correo a las personas que se habían inscrito en el embrión de esa supuesta plataforma de afectados. Un correo en el que, por ejemplo, se refería a sus causas por estafa y lo relacionaba todo con un intento del Gobierno y los medios de comunicación de torpedear su denuncia: “No entiendo esa información qué tiene que ver con el contenido de las denuncias, su tramitación procesal y sus consecuencias”, lamentaba, mientras decía que, si había llegado a “las portadas de medios serviles” es porque “estamos haciendo las cosas bien”.

Ese correo electrónico remitía copias de las denuncias que había presentado, documentos del registro de las mismas y los estatutos de la supuesta asociación. Un total de 11 folios que, entre otras cosas, instaban de forma voluntaria a los socios a poner dinero para fianzas, depósitos, cauciones o cualquier trámite dinerario de los procedimientos judiciales iniciados. No consta que nadie le diera dinero ni que lo pidiera de forma explícita.

Dentro de los juzgados su carisma desaparecía y la situación era distinta. El 11 de marzo de 2020, poco antes de denunciar al Gobierno y reclamar el apoyo de miles de personas, Valladares había sido condenado a dos años de prisión por engañar a un empresario, condena confirmada recientemente por el Tribunal Supremo. Por entonces también estaba imputado por estafar a su suegra, caso que también ha terminado en condena. Poco después, en mayo de 2020, también fue multado por engañar a un hombre que le encargó un pleito contra una tienda de animales de Madrid. En uno de estos procesos intentó alegar, sin éxito, que padecía un trastorno bipolar.

Los casos por los que ha sido condenado –y por los que está pendiente de juicio y sentencia– siguen un mismo patrón: alguien recomienda sus servicios para un pleito y él pide cantidades relativamente bajas de dinero para atender gastos como el procurador o el pago de tasas. Con el tiempo, sus clientes ven que deja de contestar a los mensajes y acuden al juzgado, donde les informan de que su caso no va tan bien como creían o que, directamente, las diligencias no se han llegado a abrir y que por allí nunca ha pasado un tal Víctor Valladares.

Todo esto sucedía mientras Valladares –bautizado como 'Huracán Valladares' por una de sus víctimas– se alzaba como el gran azote judicial que llevaría al banquillo al ejecutivo de Pedro Sánchez por la gestión supuestamente criminal de la pandemia, algo rechazado no sólo por los juzgados de Madrid sino también por el propio Tribunal Supremo en decenas de ocasiones. Su último juicio, celebrado a finales de esta semana, ha terminado con Valladares aceptando una condena por estafar a una gestoría, de la que salieron muchos de sus clientes hace casi una década. En la puerta del juzgado de lo penal esperaban varios abogados intrigados por ver y escuchar, por fin, a un Víctor Valladares llevado hasta allí engrilletado y escoltado por dos agentes de la Guardia Civil desde la cárcel de Soto del Real.