La tercera jueza que investiga el origen de la exclusiva del caso Máster se inhibe por “amistad” con Cifuentes
La vía judicial que emprendió Cristina Cifuentes contra la exclusiva sobre su falso Máster continúa atascada en los juzgados 16 meses después. La querella que interpuso en abril de 2018 contra los periodistas de eldiario.es Ignacio Escolar y Raquel Ejerique ha pasado por las manos de tres jueces instructores. La última tampoco avanzará nada: se ha abstenido por la “amistad y el cariño” que la unen a la expresidenta madrileña.
La causa se inició con la querella que Cifuentes anunció a finales del mes de marzo de 2018 contra eldiario.es y que materializó semanas más tarde, solo unos pocos días antes de dimitir. En ella acusa a ambos periodistas de un delito agravado de revelación de secretos penado con hasta cinco años de cárcel. La Fiscalía se mostró favorable a investigar el origen de las informaciones que demostraron que la expresidenta no había cursado el Máster de Derecho Público del Estado Autonómico en la universidad pública Rey Juan Carlos.
La investigación, cuyos únicos avances han sido la declaración de algunos implicados y un informe policial que recoge los pantallazos publicados por eldiario.es, cayó hace unas semanas en manos de una tercera jueza de instrucción. Tampoco ella dará pasos nuevos. María Cristina Díaz Márquez emitió el pasado 4 de julio un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que se abstiene de continuar al frente de la causa por la estrecha relación que le une a la querellante.
“Concurre en el Juez que suscribe la circunstancia de tener con la querellante relación de amistad y cariño mutuo desde hace muchos años”, escribe Díaz Márquez, que detalla a continuación los cargos de libre designación, esos cuyos titulares se escogen “a dedo”, que ha desempeñado por orden de Cifuentes.
La jueza, ahora titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid, fue nombrada en febrero de 2012 directora General de Política Interior en el Ministerio del Interior, poco después de que el PP accediese al Gobierno tras las elecciones de noviembre de 2011. Permaneció en ese cargo hasta que Cifuentes ganó las elecciones a la Comunidad de Madrid en 2015.
En julio de ese año pasó al Gobierno regional: “La querellante me ofreció personalmente un cargo discrecional dado el grado de confianza hacia mi persona y por la relación que teníamos”, admite la jueza. Ese cargo fue el de directora general de Seguridad de la Comunidad de Madrid.
Solo unos meses después, Cifuentes le pidió que asumiera, además de la de Seguridad, la Dirección General de Justicia de Madrid. Lo hizo, sostiene la magistrada, “por la relación de amistad, respeto y confianza mutua” que ambas tenían. En febrero de 2017, añade la jueza, volvió a su cargo en el Gobierno de España “por motivos estrictamente personales”, y permaneció en ese puesto “hasta el cambio de Gobierno con la moción de censura”.
Díaz Márquez cita a continuación la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto el apartado en el que se considera como causa de abstención de un juez la “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”, para concluir que debe apartarse de la investigación. Ahora la causa caerá en manos de otro juez, el cuarto.
La investigación continuará a pesar de que se han superado los plazos máximos dictados por la ley. La reforma del PP estableció un límite de seis meses para las investigaciones penales que en esta causa se han rebasado ampliamente, porque la Fiscalía no solicitó que ese plazo se ampliase. La exgerente de la URJC, imputada en el caso, se lo hizo saber al anterior juez. María Teresa Sánchez Magdaleno argumentó que debían anularse todas las diligencias ordenadas después de octubre de 2018, cuando caducó la investigación.
Sin embargo, el anterior juez, Jesús de Jesús Sánchez, rechazó cerrar el caso. Dijo que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no obligaba al archivo de la causa cuando se superaban los plazos porque “propiciaría la impunidad de hechos presuntamente constitutivos de delito, y lesionaría sin duda el derecho a la tutela judicial efectiva de los que afirman ser perjudicados por un presunto delito y reclaman la acción de la Justicia”.
La petición de la exgerente no reclamaba el cierre del caso, sino simplemente que se anulase lo actuado fuera de plazo. Pero el juez no accedió al considerar que no se ha producido ningún menoscabo a los derechos de los imputados: “Ninguna infracción procesal se ha cometido y ninguna indefensión se ha causado”.
Ahora será un cuarto juez el que tendrá que decidir sobre la causa que abrió Cifuentes para tratar de demostrar que su versión sobre el caso Máster era correcta –esa que se ha ido desmontando con cada paso de la investigación principal– y para cargar contra los dos periodistas que publicaron las informaciones, que siguen imputados. Por su parte, la expresidenta está a la espera de que se ponga fecha al juicio en el que se enfrenta a tres años y tres meses de cárcel, dos menos que los que ella reclama para Ignacio Escolar y Raquel Ejerique.
