En diciembre de 2005, un concejal del PP de un pueblo madrileño decidió llevar una grabadora a los encuentros que mantenía con Francisco Correa. El líder de la trama Gürtel, que de puertas hacia afuera no pasaba de ser el dueño de un conglomerado de empresas de eventos y viajes, le trataba como a uno más de su familia. Esa cercanía permitió al concejal acumular horas y horas de grabaciones sobres los verdaderos negocios de Correa, que luego entregó a la Fiscalía y que son el germen del mayor caso de corrupción de la historia del PP.
El Tribunal Supremo va a examinar por primera vez la validez de esas grabaciones, la prueba clave del caso que han intentado tumbar los principales implicados. Correa ha presentado ante ese tribunal un recurso contra su primera condena. El pasado mes de febrero fue sentenciado a cumplir la pena de 13 años de cárcel por sus delitos en la trama valenciana de la Gürtel y desde entonces está ingresado en prisión.
En ese escrito de 261 páginas el cabecilla de la trama expone una serie de motivos para anular su condena. Entre ellos, las grabaciones que le hizo José Luis Peñas, ex concejal del PP de Majadahonda, que ocupan casi un tercio del recurso. Peñas se sienta ahora en el banquillo de los acusados junto a Correa después de haber sido uno de los denunciantes del caso Gürtel y se enfrenta a una petición de seis años y cinco meses de cárcel.
Este exconcejal del PP acudió a la Fiscalía en 2006 con sus grabaciones. Durante el juicio explicó cómo empezó todo: “Me encontré por casa una memoria USB que tenía posibilidades de grabar, más adelante compré un pequeña grabadora, y cuando tuve las dos llevaba las dos, en la americana, el bolsillo del pantalón, grababa mi vida, lo que yo decía y lo que la gente quería decirme a mí”.
“Yo a Bárcenas le he llevado mil millones de pesetas”
Entre esa gente estaba Francisco Correa y lo que le contaba eran los detalles de la red corrupta. En las horas y horas de grabación hay una que destaca entre el resto, y que se ha escuchado hasta la saciedad durante los últimos años. “Yo a Bárcenas le he llevado mil millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa”, comentó cuando se tomaba unas copas con unos amigos entre los que estaba este concejal.
A Correa le ha perseguido esa grabación desde entonces. Ahora quiere tumbarla y con ello pedir su absolución, en un intento de acabar también con las otras causas que tiene abiertas, todas desprendidas del caso Gürtel, y que amenazan con mantenerle entre rejas durante, al menos, una década.
Según su escrito de defensa, las grabaciones de Peñas vulneraron el derecho a la intimidad de Correa. Sus abogados alegan también que fueron manipuladas, algo que admite el propio concejal. Peñas entregó un total de 18 horas a la Policía y a la Fiscalía, pero ahí no estaba todo lo que registró durante dos años. Reconoció ante el tribunal que destruyó parte de las grabaciones porque tenían “un carácter íntimo” y en las que se hablaba, por ejemplo, “de fútbol, de si uno era del Atleti, o del Madrid”. “El tema político y el tema empresarial no aparecían”, añadió.
El resto de acusados no se creen esa versión y aseguran que Peñas destruyó aquellos pasajes en los que no salía bien parado. Pero no le dio tiempo a borrar todo y por eso se sienta hoy en el banquillo de los acusados, sostienen.
Las grabaciones son para la defensa de Correa una baza para anular su condena, pero para él son algo personal. Cuando habló de ellas durante su declaración en el juicio de Gürtel cambió el tono a uno más pausado y grave. “No encuentro las palabras”, dijo antes de relatar lo que consideraba una traición. “Hay que tener muchísima maldad para que alguien que está viviendo en tu casa, mi hija paseando con él y llamándole ‘tío Pepe’, estar grabándome para luego denunciarme”, dijo.
Anular las grabaciones para tumbar el caso
El recurso dedica decenas de páginas a recoger jurisprudencia, en ocasiones internacional, sobre las grabaciones ocultas. La consecuencia para la defensa de Correa es que se produjo una lesión de derechos fundamentales con unas grabaciones que tenían, desliza el escrito, “una intencionalidad próxima a la extorsión”. Es otro de los reproches contra Peñas, que cobraba, según Correa, 3.500 euros mensuales de la trama y buscaba chantajearle con las grabaciones para conseguir más dinero. Él lo niega.
El objetivo de la defensa de Correa es tumbar las grabaciones para anular el caso Gürtel en su totalidad. Tras analizar y concluir que son ilegales, proponen que se anule “el resto de pruebas nacidas como consecuencia de la inicial declarada ilícita”. Es decir, que la investigación que se desarrolló a partir de las revelaciones de Peñas sea considerada nula. Su estrategia tiene un nombre en el mundo jurídico: doctrina del fruto de árbol envenenado.
“No existe duda alguna y así se encuentra absolutamente demostrado, que las investigaciones policiales, las diligencias de la Fiscalía y la posterior instrucción judicial nacieron como consecuencia de la presentación del Sr. Peñas de las grabaciones subrepticias a varios ciudadanos. En rigor ha de subrayarse que las mismas constituyeron el inicio, único y exclusivo, de todo este vasto expediente”, recoge el recurso.
Dos intentos previos
El primer día del juicio de Gürtel, los principales acusados intentaron anular el proceso tumbando las grabaciones. Los abogados se pusieron de acuerdo y cada uno expuso una causa de nulidad distinta.A Miguel Duran, letrado de Pablo Crespo, le correspondió cargar contra las grabaciones de Peñas alegando que eran “absolutamente ilegítimas” y que el primer juez instructor, Baltasar Garzón, no había garantizado la cadena de custodia.
El propio Correa ya había abierto la vía de desacreditar las grabaciones unos años antes. En 2013, junto a Luis Bárcenas y Gerardo Galeote, exeurodiputado del PP, pretendieron invalidar toda la causa agarrándose a la supuesta ilegalidad de las grabaciones porque se obtuvieron “lesionando su derecho a la intimidad”. El juez Pablo Ruz no lo vio así y en un auto desestimó esa maniobra argumentando que la ley no prohíbe grabar conversaciones entre particulares. Peñas las entregó “en cumplimiento de la obligación de denunciar delitos”, dijo el juez.
Este punto también lo cuestiona el recurso de los abogados de Correa. Aseguran que en al menos una de las grabaciones, Peñas no estuvo presente, lo que invalidaría esas grabaciones como prueba.
Durante aquella ofensiva contra esta prueba, el juez Ruz recordó a los acusados que las grabaciones no son el origen de la investigación, sino que lo fueron las propias manifestaciones de Peñas ante la justicia, por lo que no se podía pretender anular la causa completa. Ahora es el turno de que el Supremo decida si se suma a esa tesis o tumba la prueba que originó el caso Gürtel porque una de sus pruebas está “envenenada”.