El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido que sigan en prisión de forma preventiva el exvicepresident del Govern Oriol Junqueras; el que fuera conseller de Interior Joaquim Forn; y los exlíderes de ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Llarena considera que no hay riesgo de fuga, pero sí de reiteración delictiva.
Llarena ha dictado la puesta en libertad, previo pago de una fianza de 100.000 euros, para los exconsellers Raúl Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Josep Rull, Jordi Turull y Meritxell Borràs. Unos y otros siguen investigados en la causa por rebelión, sedición y malversación que instruye el Tribunal Supremo.
Una vez que los seis exconsellers depositen la fianza, el magistrado les impone comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, con la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato reingreso en prisión.
Del auto dictado este lunes por el magistrado se desprende que ha pesado en la distinción que hace entre unos y otros el papel desempeñado por cada uno de ellos en el proceso independentista que derivó en la jornada del 1 de octubre y que el juez considera plasmado en el documento incautado 'Enfocats'.
Más allá del acatamiento de la Constitución que formularon ante él el pasado viernes, el juez Llarena destaca la intervención y el “dominio” de Junqueras, Forn y los 'Jordis' sobre una estrategia que derivó en una “explosión violenta” y que concreta en hechos como la protesta frente a la conselleria de Economia con motivo del registro del 29 de septiembre.
Por ejemplo, frente al argumento de Sánchez y Cuixart de que abanderaron una protesta pacífica, el magistrado afirma que “modularon los actos de violencia que se desplegaron, facilitando finalmente la salida de la comisión judicial gracias al pleno dominio de lo acontenido”. “Unos hechos violentos -escribe el magistrado- a los que acudió el propio Oriol Junqueras i Vies y que se vieron propiciados porque las fuerzas encargadas del orden público -que estaban bajo responsabilidad de D. Joaquim Forn i Chiariello- favorecieran o no desplegaran ninguna actuación que pudiera ponérles término”.
“Forzaron a los agentes a emplear la fuerza”
Otros hechos abundan, según Llarena, en su tesis. Se trata de la movilización que impidió el registro de Unipost, el corte de carreteras o las “murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, apedreando sus vehículos o forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesario de otro modo”. En esta lista incluye el juez los cortes de vías y los “asedios” a los hoteles donde se alojaban los policías y las “amenazas” a sus dueños.
A continuación, el magistrado explica por qué no le basta con un acatamiento de la Constitución por parte de estos cuatro investigados. En primer lugar afirma que de reproducirse hechos como los descritos, éstos tendrían “graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad”.
Y concluye: “El peligro no desparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”.
En relación con el riesgo de fuga, Llarena lo descarta y considera que la situación de los exconsellers y de los lideres de ANC y Omnium es similar a la que apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, en cuanto que su aportación al delito se situaría en principio “en un plano de principalidad equivalente” al que ofrecía el comportamiento de Carme Forcadell. El magistrado también ha valorado su profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales que se les han cursado hasta ahora.
El magistrado no ha apreciado riesgo de fuga en ninguno de los diez que declararon el viernes. Contra el auto de Llarena se puede interponer recurso de reforma y/o apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Los diez investigados habían declarado a petición propia el pasado viernes, una vez que el Tribunal Supremo había asumido la investigación por rebelión abierta por la Audiencia Nacional y en el marco de la cual la jueza Carmen Lamela había dictado su prisión provisional.
Una vez escuchada su declaración en el Tribunal Supremo, la Fiscalía solicitó al juez que no acordara la libertad provisional para ninguno de ellos. Alegaba que su supuesto acatamiento de la Cosntitución no era sincero. “En las expresiones referidas a la Constitución, como amplia y flexible no se ha podido inferir un atisbo de sometimiento a la legalidad vigente”, afirmó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.