El TSJCyL decidirá si investiga el viaje a Japón que presuntamente pagó una constructora a un procurador del PP
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León deberá decidir si investiga el presunto delito de cohecho observado por dos juzgados distintos y la Fiscalía de Valladolid, imputable al que fuera vicepresidente de la Diputación y actual procurador del PP, Alfonso Centeno Trigos, al que la Guardia Civil atribuye un viaje a Japón con los directivos de la constructora Isolux Corsán-Corvian y de la empresa de jardinería Hidrosyplant y las respectivas esposas de los tres.
Fuentes del TSJCyL confirmaron que han recibido las diligencias previas realizadas por el juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que se inhibió en favor de un juzgado de Valladolid y que ahora remite al TSJ por la condición de aforado de Centeno, con la advertencia de que los presuntos delitos de cohecho y prevaricación están a punto de prescribir.
Aunque los hechos se remontan al año 2007, cuando Centeno realizó el viaje, el caso salió a la luz durante la investigación del juzgado catalán sobre las adjudicaciones de las obras del AVE y las presuntas mordidas que se pagaban. En un informe de 19 de octubre de 2016, el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la VII Zona de la Guardia Civil refleja las pruebas de un presunto cohecho que no estaría vinculado a las obras de Adif en Cataluña, que investigaban en ese momento. En el servidor de correo de Isolux, en la carpeta de 'correos enviados', aparecieron emails enviados entre junio y agosto de 2007, en los que el responsable de la dirección general de infraestructuras de la empresa en Valladolid comunica a otro directivo de Corsán Corviam las gestiones que está haciendo para reservar un viaje a Japón al que asistiría este último, un directivo de Hidrosyplant y Centeno, los tres acompañados de sus mujeres. Isolux contrató un viaje de 7 días, del 3 al 10 de agosto, mediante la agencia de viajes Marsans y envío el localizador a la agencia de viajes El Corte Inglés en Valladolid. En otro de los correos, el directivo de Isolux comunicaba al de Corsán que el viaje costaba 5.752 euros por persona y que del total faltaban por pagar 9.208 euros que haría efectivos a través de un cheque de Corsán Corviam y otros 11.504 euros que abonaría en metálico.
Para la Fiscalía de Valladolid de los correos se infiere que el viaje a Japón “asunto Centeno Trigos/Alfonso” según consta en algunos de esos emails, fue gestionado y pagado por la empresa Isolux Corsán puesto que a la misma se le comunicaba el importe del precio del viaje y la cantidad que se adeudaba y como se realizaría el pago. “Sólo la gestión y el pago por parte de la empresa Isolux Corsán del viaje referido justifica que tales correos electrónicos se encuentren alojados en el servidor de la mercantil que, no le consta al Ministerio Fiscal, forme parte de su objeto social organizar o mediar en viajes de terceros, privados y pagados por ellos mismos”, dice el escrito.
El Ministerio Público considera que está “indiciariamente acreditado” el viaje a Japón (Centeno envió a los medios un comunicado en el que lo reconocía pero aportó las reservas de la agencia de viajes de El Corte Inglés para demostrar que lo pagó) y que fue gestionado y abonado por Isolux Corsán a Alfonso Centeno y a su mujer. “Enmarcado en el contexto en que se produce, puede suponer otorgar una ventaja económica a un funcionario público, vicepresidente de la Diputación en el momento del viaje”.
Señala además que por el momento se desconoce “si tal ventaja económica en forma de viaje de placer” lo es “en consideración a su cargo o a cambio o retribución, como indica el fiscal Anticorrupción, de algún tipo de actuación pública concreta en expedientes donde tiene intervención y donde Isolux Corsán es adjudicataria de la obra”.
De momento, no puede especificarse qué tipo de cohecho se habría producido, pero no descata que también exista un delito de prevaricación. En este sentido, la Fiscalía considera que no se puede apreciar la prescripción a limine, puesto que de estar relacionado el beneficio económico con una actuación irregular del funcionario, la prescripción se produciría transcurridos los 10 años. Cita además un acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo que establece que en los delitos conexos o en el delito de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave que declare el tribunal para fijar el plazo de prescripción, por lo que en este caso las fechas límites estarían entre junio y agosto de 2007.
Para aclarar los hechos habrá que solicitar a la Diputación de Valladolid las adjudicaciones realizadas, bien por la propia Administración provincial o por sociedades de capital público adscritas a la misma.
El pasado mes de marzo, un Pleno Extraordinario de la Diputación acordó investigar los contratos con Corsán y expedientes de Meseta-Ski entre los años 2003 y 2016. La construcción de esta pista de esquí seco en Villavieja del Cerro (Valladolid), tumbada por los tribunales por incumplir la Ley de Montes, se adjudicó a Isolux Corsán en 2006 por más de 4 millones de euros, si bien finalmente los costes se elevaron hasta los 12. En el montante no se incluye lo que costó parte del desmontaje y la posterior adaptación del proyecto fallido como 'Meseta Sport'.
