Cinco vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones han trasladado a la Comisión Europea su ofensiva contra el Gobierno por “modular” a su “conveniencia” las competencias del órgano de gobierno de los jueces. Así consta en las “respuestas complementarias” que estos consejeros elegidos a propuesta del Partido Popular han enviado a la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourovà y al comisario de Justicia, Didier Reynders, al margen del formulario que la Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— ha remitido a instancias de la Comisión Europea para la elaboración de su informe anual sobre el Estado de derecho.
En su carta, los vocales afirman que esta “inusual” forma de comunicación se debe a que la Permanente envió sus respuestas al formulario de la Comisión Europea sin que hubiera un “debate previo” en el pleno de la institución. En su documento, los vocales son muy críticos con algunas decisiones del Gobierno relacionadas con el CGPJ, pero también con otras que trascienden a esta institución como la última reforma del Código Penal sobre los delitos de sedición y malversación.
Así, los consejeros censuran la ley que desde marzo de 2021 impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula de los principales tribunales cuando, como ahora, tiene su mandato caducado. Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria, había hecho 74 nombramientos en puestos clave.
Los cinco vocales afirman que esa reforma “no guarda relación con la situación de prórroga del mandato del CGPJ” y la consideran una “fórmula de presión” en el debate entre partidos políticos “aunque sea a costa de las exigencias del Estado de derecho”. Afirman, en este sentido, que esa ha generado una situación “crítica” en algunos tribunales. Especialmente en el Supremo, cuyos efectivos no se pueden reponer. Las vacantes ascienden a 19 sobre una planta de 79 magistrados. Principalmente, por jubilaciones, fallecimientos o nombramientos en otros destinos. Además, durante 2023 está prevista la jubilación de otros cinco magistrados más, lo que elevaría al 30% los puestos vacantes en el principal tribunal del país.
Por otro lado, los vocales califican de “incomprensible” que se cambiara la ley para permitir al órgano designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y que se considere “irrenunciable” hacer lo propio con otros nombramientos. “Con ello se ha evidenciado una modulación de las competencias del CGPJ a la conveniencia del gobierno”, afirman. Los consejeros que firman este documento son José María Macías, María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart.
En sus respuestas, los vocales también se refieren al último intento de renovación que el Partido Popular dinamitó en el último momento. Según su documento, estas negociaciones concluyeron de “manera infructuosa” por la “crisis” provocada por una modificación del Código Penal que “ha degrado el castigo de delitos relacionados con la corrupción” y que “debilita el efectivo control de los fondos públicos”. Sin embargo, el partido de Alberto Núñez Feijóo rompió las conversaciones a finales de octubre y puso como excusa la reforma del delito de sedición. El Gobierno no se abrió a negociar cambios en la regulación de la malversación hasta dos semanas después.