El Partido Popular vuelve a verse condicionado por la presión de Vox, esta vez en su estrategia contra el Gobierno tras la concesión de los indultos a los dirigentes independentistas. El líder del PP, Pablo Casado, estuvo meses tratando de diferenciarse de la extrema derecha y escenificó el pasado octubre una teórica ruptura con Santiago Abascal durante la fallida moción de censura registrada por Vox contra Pedro Sánchez. Pero la dependencia del partido ultra para mantener gobiernos autonómicos y municipales –como Andalucía o Madrid– y la batalla por la hegemonía de la derecha –y por el mismo electorado– que mantienen ambas formaciones desde hace tres años han forzado al jefe de la oposición a adaptar de nuevo su agenda al paso que le marca Abascal.
El yugo de Vox se evidenció en las decisiones adoptadas por la dirección del PP en la última semana a raíz de los perdones a los presos del procés contra los que Casado lanzó hace ya un mes una dura ofensiva que no le dio los resultados esperados y que también le ha enfrentado a los empresarios por el beneplácito de varios de ellos a esos perdones.
La recogida de firmas pinchó ya en la primera semana –los populares han recogido cerca de 500.000 en un mes, muy lejos de las 800.000 recopiladas en solo una semana en 2006 por el propio PP contra el Estatut–, la única movilización callejera, la de la plaza de Colón del 13 de junio, estuvo monopolizada por la extrema derecha y tuvo una asistencia menor que la de otras protestas. Y los dos intentos de Génova 13 de evidenciar en el Congreso una supuesta mayoría social contra los indultos fracasaron con una abrumadora mayoría de la Cámara Baja –representante del pueblo español– a favor de los mismos.
En este escenario, Génova 13 ha decidido radicalizarse para intentar parecerse más a Vox, siguiendo así la línea de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que con un discurso similar al de la extrema derecha arrasó en las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo. Casado y su equipo creen ahora posible lograr superar a la izquierda en las urnas cuando haya elecciones, tal y como han empezado a reflejar algunas encuestas. Para ello han adoptado esa nueva estrategia que les ha llevado a sumarse al revisionismo histórico de la extrema derecha sobre la Guerra Civil, a romper por primera vez el consenso institucional sobre las víctimas del terrorismo o a pedir la dimisión de Sánchez por los indultos ante la presión de Abascal, que les exige una moción de censura.
“Dimita, disuelva el Parlamento y convoque elecciones, solo así podrá, quizás, indultarle la historia”, le espetó Casado a Sánchez el pasado miércoles durante el Pleno del Congreso en el que el presidente del Gobierno explicó las razones para conceder los indultos. En el hemiciclo se pudo ver a un líder del PP bronco y enfadado, que tras confirmar la presentación de sus recursos ante el Supremo contra los indultos acusó a Sánchez de buscar la “disolución de España”, le llamó “mentiroso” o “rey Midas averiado que degenera todo lo que toca”, además de reprocharle que “ha desertado” de cumplir la Constitución y de vincular al Ejecutivo progresista, por enésima vez, con ETA y Venezuela.
Una moción “abocada al fracaso”
La dirección del PP es plenamente consciente de que Sánchez no tiene ninguna intención de adelantar los comicios –el propio presidente recalcó el jueves que tiene previsto agotar la legislatura hasta 2023–, pero la petición de dimisión es la fórmula que ha ideado Génova 13 para evitar presentar una moción de censura como la que le volvieron a exigir durante el Pleno del miércoles tanto Vox como Ciudadanos. Como reconocen fuentes de la dirección nacional de los populares, esa opción estaría “abocada al fracaso” porque “los números no dan”. En caso de presentarla, Casado solo contaría en principio con los votos a favor de los partidos de Santiago Abascal e Inés Arrimadas, insuficientes frente a la mayoría parlamentaria que representan las fuerzas del Gobierno y sus habituales socios parlamentarios.
En ese Pleno del miércoles el líder del PP realizó otro guiño a Vox al hablar de la Guerra Civil con una reflexión inédita en la que equiparó el régimen democrático de la II República con el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista. El conflicto fue, a su juicio, “un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”, una afirmación duramente criticada en el propio hemiciclo por PSOE o Más País –el propio Sánchez le pidió que se retractara– y refutada por completo por distintos historiadores que reprochan a Casado su falta de rigor, además de acusarle de justificar el golpe de Estado con el que dio comienzo la contienda.
No es la primera vez que Casado trata de deslegitimar la democracia de la II República. En 2009, el ahora líder del PP utilizó la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, reírse de la izquierda y llamarle “carca” porque “está todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién”. Pero desde que fue elegido presidente de los populares Casado hasta ahora siempre se había reivindicado como antifranquista, recordando incluso que su abuelo participó en la guerra en el bando democrático.
Otro hito que se dio el pasado domingo fue que Casado decidió romper vez la unidad institucional frente al terrorismo con el único objetivo de desgastar al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Los populares se ausentaron el domingo del tradicional acto oficial en homenaje a las víctimas que organizó el Congreso de los Diputados. Fue la primera vez en la que el PP no estuvo en ese evento, instaurado en 2010 por todos los grupos de la Cámara Baja por unanimidad. El argumento de Casado para justificar esa ausencia –miembros de su partido prefirieron participar en una concentración alternativa fuera del hemiciclo, junto a algunas de las asociaciones de víctimas críticas con el Gobierno– fue que al acto del domingo acudió EH Bildu, aunque en 2019 y 2020 también asistió la formación independentista y el PP –incluido su líder– no tuvo entonces ningún problema en asistir a esos actos.
La ruptura de los consensos institucionales
Esa unidad de acción frente al terrorismo y en favor de las víctimas, que hasta ahora se había escenificado cada 27 de junio en el Congreso, constituyó el último consenso institucional que rompía la formación conservadora tras tratar de hacer política partidista con varios asuntos en los que históricamente han remado juntos los principales partidos españoles, como la política en la Unión Europea, la relación con Marruecos o la renovación de los órganos constitucionales. La única razón para esa ruptura es la de hacer seguidismo a Vox, según han reconocido esta semana en privado distintos dirigentes populares.
El mismo líder del PP que acusa al Gobierno de “vaciar” al Parlamento trató el lunes de justificar esa ausencia del acto por las víctimas del domingo haciendo desaparecer el papel institucional del Congreso. A pesar de ser un evento organizado por la Cámara Baja –y, por tanto, también por el PP, segunda fuerza del Congreso–, Casado asegura que el acto fue un “homenaje que el Gobierno quiso celebrar con Bildu”, una fuerza política a la que los populares no reconocen la legitimidad de las urnas y a la que tratan de vincular con ETA a pesar de que la banda terrorista se disolvió en 2018.
“Yo presido un partido que tiene 24 compañeros que han sido asesinados por ser del PP, no por otra cosa. Y, por tanto, yo necesito mantener su legado y llevar su voz y garantizar su dignidad, su memoria y su justicia”, aseguró este lunes el máximo jefe de los populares que participó en ese mismo acto institucional en 2019 y 2020 con todos los partidos, también con EH Bildu. Ahora Casado argumenta que la formación independentista “no solo no ha condenado 850 asesinatos sino que además sigue recibiendo como héroes a los asesinos que van siendo excarcelados o acercados al País Vasco a petición de los socios de Pedro Sánchez”.
“Con esta gente [en alusión a EH Bildu] no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina y Sánchez debería hacer lo mismo porque en sus filas también por desgracia asesinaron a 14 militantes socialistas por ser del Partido Socialista”, añadió Casado este lunes. Precisamente familiares de socialistas asesinados por ETA como María Jauregi, o víctimas directas de la banda como el periodista y militante del PSE Gorka Landaburu, han afeado al PP y a su líder su “instrumentalización” de las víctimas del terrorismo y su actitud ante el acto del domingo en el Congreso diciéndole expresamente que “no todo vale” para llegar al poder, como su incipiente contemporización con las tesis de Vox.