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El cambio de nombre de la Calle Letrados de Sevilla lleva bastante tiempo sobre la mesa pero no mucho en el ámbito de quien tiene potestad para cambiarlo, esto es, el Ayuntamiento. El Colegio de Abogados de Sevilla, codemandado en un proceso judicial precisamente por la votación que mantuvo su denominación frente a la de 'Colegio de la Abogacía', tiene solicitado formalmente que dicha vía pase a llamarse Plaza de la Abogacía. El asunto “está avanzado” pues “solo queda ser aprobada por la Junta de Distrito y su posterior refrendo definitivo en el Pleno”, apuntan fuentes de la propia organización colegiada.
“No depende de nosotros pero confiamos en que el procedimiento sea rápido. Hay buena voluntad por parte del equipo de gobierno”, detallan las fuentes. Un extremo acerca del cual no pueden profundizar fuentes municipales, que no han querido pronunciarse a este respecto. La actual denominación Calle Letrados de Sevilla se adoptó por una unanimidad por el Pleno del 15 de febrero de 2007 para reconocer la función de los profesionales de la abogacía, recuerdan desde el Colegio.
El emplazamiento, situado en la fachada del Palacio de Justicia y el edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián, viene siendo objeto de algunas miradas que apuestan por un lenguaje inclusivo. En concreto, más de 200 firmas pidieron el cambio de denominación a finales de 2022 pero la propuesta fue víctima del silencio administrativo. La petición de cambio de nombre venía motivado “por ser su denominación discriminatoria contra las mujeres letradas y vulnerar toda normativa en materia de igualdad de género”.
“Mayor precisión” para el colectivo
Llama la atención los argumentos que traslada el Colegio de Abogados de Sevilla a este periódico, que pide el cambio “por la evolución tanto del término 'letrado' como 'abogacía', optando por desarrollar el segundo concepto”. “Consideramos que el termino 'abogacía' engloba con mayor precisión a todo el colectivo de abogados y abogadas. En cambio, el termino 'letrados' se ha singularizado en aquellos funcionarios de la Administración de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia. Hecho que hace que la denominación de la 'Plaza de los Letrados' haya perdido en parte relación directa con los profesionales de la Abogacía, origen y propósito de significar a la profesión en el callejero de Sevilla”, comentan fuentes del Colegio a SevillaelDiario.es.
Las mismas fuentes añaden a ese respecto que el cambio de denominación “tiene un carácter simbólico, de reconocimiento a la profesión”, a lo cual “suma el empleo de una terminología por supuesto más inclusiva, una llamada a una denominación común que recoja a todo el colectivo de abogados y abogadas”. Por su parte, fuentes oficiales del Ayuntamiento hispalense no han querido pronunciarse al respecto pese a la insistencia de este periódico.
Lo cierto es que la solicitud particular que había sido desestimada el año pasado se amparaba en la normativa que ya en 2007 existía en materia de no discriminación por razón de sexo, y en la pluralidad de leyes y normativas en materia de igualdad que se han venido aprobando en los últimos quince años en Andalucía, España y Europa. Según aquella reclamación, “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en el aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino”.
Esa regla “es un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, y otorga carta de naturaleza a uno de los ejes más claros del androcentrismo cual es el reforzamiento de la presencia del género masculino y causa la desaparición del género femenino”, señalaba aquel escrito, donde se explicaba que existe “una íntima conexión entre la lengua utilizada en el mundo público laboral y la posición de la mujer en la sociedad”, razón por la que “hay que potenciar el cambio de una realidad donde mujeres y hombres no gozan de iguales oportunidades”. “Por ello es necesario modificar el lenguaje que se usa en las administraciones públicas y, en el caso concreto que nos ocupa, en una corporación pública que ha de cumplir la legislación vigente”.